"Medina Mora, del Cisen a la Corte"

Eduardo Medina Mora Icaza se desempeñaba desde marzo del 2015 como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo al que renunció.

Antes fue embajador de México ante los Estados Unidos (del 2013 al 2015), por designación de Enrique Peña Nieto.

Pero su carrera en la administración pública la inició en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando fue parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de 1991 a 1993.

En 2005, al ocurrir el accidente donde perdió la vida el Secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, el Presidente Vicente Fox Quesada lo designó para sustituirlo.

Ya en el cargo, realizó un operativo policiaco en San Salvador Atenco, Estado de México, contra pobladores que se oponían al Aeropuerto de Texcoco. El saldo: dos personas fallecidas y al menos 26 mujeres que sufrieron abusos sexuales de parte de policías.

También fungió como titular de la Procuraduría General de la República (PGR, de diciembre de 2006 a septiembre del 2009), propuesto por Felipe Calderón Hinojosa. Con Medina Mora en el cargo, Jacinta, Teresa y Alberta, tres mujeres indígenas, fueron detenidas y encarceladas por supuestamente secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación.

Luego que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos acreditaron falta de pruebas y violación de derechos, Jacinta, Teresa y Alberta salieron libres tras tres años presas.

En 2017, el entonces el Procurador Raúl Cervantes Andrade reconoció la inocencia de las indígenas y admitió no sólo que fueron encarceladas de forma injusta, sino que la PGR incurrió en actos indebidos.

Medina Mora renunció a la PGR y el 12 de noviembre de 2009 el Senado de la República lo ratificó como embajador de México ante el Reino Unido,​ cargo que desempeñó hasta enero de 2013.

Antes, del 1 de diciembre de 2000 al 20 de septiembre de 2005, fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Según la periodista Linaloe Flores, del diario digital SinEmbargo, en 2008 el Gobierno de Calderón Hinojosa consiguió que el Congreso de la Unión reformara el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, para que se concediera a las averiguaciones previas un carácter de estricta privacidad, lo cual ayudó a Medina Mora a clasificar como "estrictamente reservada" todas las investigaciones -incluso las concluidas- que estaban relacionadas con funcionarios públicos y la guerra contra el narcotráfico.

"Esta modificación a la ley también ha ayudado a que se mantenga en reserva el nombre de la empresa que en 2008 vendió a la PGR una flota de helicópteros Blackhawk y Little Birds, con un costo de 200 millones de dólares, cuya compra fue autorizada por el mismo Medina Mora", abundó la periodista de investigación, al citar un ejemplo de todos los nombres y casos que el ahora ministro ayudó a proteger.

"Entre los nombres protegidos por la reserva, se encuentra Genaro García Luna, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública de 2006 a 2012, y que estuvo a cargo de la estrategia más beligerante contra el crimen y que una vez concluido el sexenio desapareció de México, más tarde reapareció, en 2018, para presentar su libro Seguridad y bienestar".

A pesar de su larga trayectoria de 18 años en la administración pública, Medina Mora sólo presentó 19 declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública Federal, en el periodo de 2000 a 2015.

Pero en ninguna hizo público su patrimonio ni sus conflictos de interés, indicó la periodista, en una investigación titulada: 'Medina Mora: cancerbero de los secretos del Estado mexicano', publicada el 7 de noviembre de 2018.

Días antes, el periodista Raymundo Riva Palacio publicó una columna en la que asegura que una investigación del reportero Francisco Gómez revelaba que Miguel Colorado González y Fernando Rivera Hernández, coordinador general técnico y director general adjunto de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, la entonces SIEDO en el sexenio de Calderón Hinojosa, estaban en la nómina del Cártel del Sinaloa.

Riva Palacio aseguró que El Universal publicaría dicho reportaje, pero al pedir reacciones a la PGR, que en ese entonces estaba bajo el cargo de Medina Mora, este pidió a Juan Francisco Ealy Ortiz, detener la publicación para poder tener acceso al expediente.

El presidente ejecutivo y del consejo de administración del rotativo accedió y le concedió un mes de prórroga.

Sin servicio de carrera, ni experiencia o trayectoria en el Poder Judicial, el 10 de marzo de 2015 el Senado de la República votó para que Medina Mora cubriera la vacante del fallecido ministro Sergio Valls Hernández, por un periodo de 15 años, hasta el 2030.

Con 83 votos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), una parte de Acción Nacional (PAN) –el entonces Senador Javier Corral Jurado votó en contra–, así como los otros partidos satélites del Gobierno federal, el Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), Medina Mora fue electo ministro de la SCJN.

Medina Mora obtuvo el cargo de ministro de la SCJN por votación del Senado, a pesar de que más de 54 mil ciudadanos se manifestaron en contra, mediante la plataforma Change.org, para denunciar la crisis de derechos humanos durante su gestión al frente de la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

El 29 de octubre de 2018, Medina Mora admitió la impugnación presentada por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo federal para suspender "toda investigación e imputación penal" en contra del ahora ex Presidente Peña Nieto, por el presunto desvío de 270 millones de pesos del PRI durante el gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua, durante la llamada "Operación Zafiro".

La suspensión tuvo efecto luego de una controversia constitucional presentada el 11 de octubre de 2018 por el ahora ex consejero jurídico de la Presidencia, Misha Leonel Granados Fernández, en contra de órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación de la Fiscalía de dicha entidad gobernada por Javier Corral Jurado, en contra de funcionarios federales, que fue ampliada el 16 de octubre para incluir a Peña Nieto.

La controversia se presentó bajo el argumento de que el artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo 7 del Código Penal estatal son inconstitucionales.

Con dicha determinación, los gobiernos de los estados sólo están facultados para denunciar delitos del fuero común y no del federal.

Fue entonces que el Gobierno de Chihuahua pidió que Medina Mora abandonara el caso, ya que alegaba existe una íntima amistad entre él y Peña Nieto, lo cual la SCJN determinó como improcedente, al establecer que en controversias constitucionales, "no se debe ventilar intereses personales sino problemas competenciales".

"Esto por la relación intima de amistad que tienen Medina Mora y Peña Nieto, ademas que el Ministro Eduardo Medina Mora fue subordinado de Peña, razón por la cual tiene impedimento legal para conocer de la controversia", afirmó la consejería jurídica chihuahuense.

"Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la figura del impedimento es improcedente tratándose de una controversia constitucional, ya que a quien en realidad se está demandando es propiamente al Estado y no a la persona en quien recae esa representación, pues no estamos en presencia de una acción o de un interés de carácter personal", detalló la SCJN en un comunicado de respuesta al Gobierno de Chihuahua.

Según el diario Reforma, basado en fuentes del Gobierno Federal, la carpeta de investigación contra Medina Mora, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero, fue iniciada con motivo de una denuncia ante el Ministerio Público de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y cuyo titular es Santiago Nieto Castillo.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la FGR, a cargo de Juan Ramos López, ya ha llevado a cabo diversas diligencias para corroborar los hechos denunciados contra el también ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), abundó el rotativo.

La indagatoria comprende los movimientos bancarios personales, de varios familiares y de razones sociales en las que Medina Mora tendría algún tipo de relación, interés o beneficio, indicaron las fuentes conocedoras del caso, quienes pidieron al Reforma no ser citadas.

Ayer 3 de octubre, el columnista Salvador García Soto publicó en el diario El Universal, que Medina Mora no se vio favorecido por apoyar a Alejandro Jesús Quintero Iñiguez, ex vicepresidente de Televisa señalado por operar desde 2006 y hasta 2018 la red de empresas que llevaron a cabo las "campañas negras" contra Andrés Manuel López Obrador.

El periodista aseguró que Medina Mora habría trabajado con jueces federales para que ordenaran el desbloqueo de las cuantas de su amigo Quintero Iñiguez, como pidió la UIF.

Para ello, el equipo del ahora ex ministro exhibió los nombres de agentes encubierto de Estados Unidos que participaron en la investigación.

"Una vez que la UIF congeló las cuentas de Alejandro Quintero, el aún ministro operó ante jueces federales para que ordenaran el desbloqueo de algunas de las cuentas de su amigo.

También ayudan con ese tema a Quintero el ex director del CISEN en el pasado, Alberto Bazbaz [Sacal], y el ex consejero electoral del IFE, Arturo Sánchez Gutiérrez", aseguró García Soto.

Para desbloquear sus cuentas, de las que había incluso pedimentos del Buró Federal de Investigaciones y la ​Administración para el Control de Drogas (FBI y DEA, por sus siglas en inglés), el equipo de Quintero Medina exhibieron en el juzgado los nombres de los agentes encubiertos estadounidenses involucrados en la investigación.

"Algo que nunca les perdonaron en las respectivas agencias de los Estados Unidos", abundó el periodista, quien señaló, además, que este hecho habría causado que al Gobierno federal encabezado por López Obrador comenzara a llegar información sobre las cuentas bancarias en el extranjero de Medina Mora, mismas que el ahora ex ministro no pudo explicar de manera convincente.

"El problema es que a las autoridades financieras también les llegó información de las empresas que le transferían recursos a sus cuentas, ubicadas en paraísos fiscales de Centroamérica. Y la suma de los montos de esas transferencias de esas empresas, nunca cuadraron con los recursos reportados en sus declaraciones patrimoniales", aseguró García Soto.

En mayo, Medina Mora fue autor de una tesis de jurisprudencia que permitiría a los jueces suspender los bloqueos de cuentas que dicta la Unidad de Inteligencia Financiera, misma que fue aprobada por los cinco ministros de la Segunda Sala, y no fue sorpresiva, porque antes ya se había declarado inconstitucional la facultad de bloqueo de la UIF.

Pero la rápida publicación de la jurisprudencia en el Semanario Judicial molesto al actual Gobierno encabezado por López Obrador, ya que pareció encaminada a favorecer a personas bajo investigación, entre ellas el abogado Juan Ramón Collado Mocelo, actualmente preso por lavado de dinero, y a quien Medina Mora había acompañado en la boda de su hija, celebrada ese mismo mes.

- Con información de Reforma, SinEmbargo, Proceso, El Universal y La Jornada