Los 11 consejeros del INE advierten peligro en operación de elecciones con reforma

Los 11 integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitieron un pronunciamiento en el que expresaron su preocupación por la posible aprobación de la Reforma Electoral a través de leyes secundarias, impulsada por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que advirtieron que en su contenido había “deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales”.

Durante una conferencia de prensa en la sede del INE, acompañado de los otros 10 consejeros, el presidente Lorenzo Córdova Vianello leyó el pronunciamiento, en el cual se subrayó que los cambios a la ley electoral podían trastocar profundamente el sistema electoral que se había construido en México.

Además de Córdova Vianello, estuvieron presentes los consejeros Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña, Ciro Murayama Rendón, Beatriz Claudia Zavala Pérez, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, Carla Astrid Humphrey Jordan, Norma Irene de la Cruz Magaña, Uuc-Kib Espadas Ancona y Martín Faz Mora,

“El artículo 41 constitucional establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas [...] Esto ha sido posible gracias a la autonomía constitucional del INE y a su estructura orgánica: un Servicio Profesional Electoral Nacional de excelencia; una estructura desconcentrada permanente en las 32 entidades y los 300 distritos y una Junta General Ejecutiva con direcciones especializadas en sus respectivas atribuciones”, indicó el documento leído por Córdova Vianello.

Asimismo, los 11 consejeros alertaron que se eliminaría un 84.6 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral y la estructura subdelegacional del INE, lo que, además de implicar dejar sin empleo a cerca de 13 mil personas, pondría en riesgo la eficacia y eficiencia con que se habían desarrollado los procesos electorales hasta ese momento y la atención en los módulos donde se tramitaba la credencial para votar con fotografía.

Por ello, los 11 integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral adelantaron que, de ser el caso, el INE acudiría a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para garantizar su autonomía y profesionalismo, a fin de defender la realización de elecciones libres y auténticas.

“Hacemos un llamado a las legisladoras y legisladores a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos y a establecer los mecanismos que consideren pertinentes para hacerles llegar toda la información técnica que requieran para tomar las mejores decisiones. En el INE reiteramos nuestra disposición a sostener las reuniones de trabajo que se consideren adecuadas y a colaborar para que una eventual reforma sirva para mejorar el sistema que hoy tenemos”, solicitaron los 11 consejeros.

“La cuestión no sólo es cuantitativa, sino cualitativa”, comentó, en lo individual, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pensar que, “de un día para otro”, les dijeran que un 84 por ciento de jueces de Distrito se van o, que “les desaparezcan” el Consejo de la Judicatura Federal.

El consejero Ciro Murayama Rendrón destacó que la actualización del padrón electoral se realizaba de manera constante en todo el País, a través de 900 módulos, donde diariamente acudían 125 mil personas, lo que suponía el trabajo de gente profesional.

“No vayamos a volver a la época en donde los operadores políticos del Gobierno, acaban instalando las casillas”, expresó Murayama Rendón, quien, por otra parte, al hablar del cese de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, contemplado en la reforma electoral a través de leyes secundarias, mencionó que la Constitución establecía su designación, además de que la SCJN ya se había pronunciado al respecto.

“Ahora llega un transitorio y los legisladores se dan la potestad de remover un cargo que no les corresponde. Yo confío en la Corte y también en el Tribunal Electoral [del Poder Judicial de la Federación]”, planteó el consejero.

Asimismo, Murayama Rendón comentó respecto a que la Reforma Electoral, vía leyes secundarias, también incluía la compactación de calendarios y la alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas “altamente sensibles”, como era la selección de los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, quienes reciben y cuentan los votos.

“Esa alteración conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que, hasta ahora, han permitido elecciones libres y auténticas”, planteó el consejero, citando el pronunciamiento que firmó junto a sus homólogos.


PRONUNCIAMIENTO ÍNTEGRO DE LOS CONSEJEROS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO A LA REFORMA ELECTORAL

“La democracia vive momentos cruciales: la aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas, y que hoy garantiza a las mexicanas y los mexicanos elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática.

Como consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, manifestamos nuestra preocupación, tanto por el contenido de las reformas que están discutiéndose en las Cámaras del Congreso de la Unión, como por el desarrollo del proceso legislativo.

A pesar de que lo ofrecimos en reiteradas ocasiones, el INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma. Al INE no se le pidió información diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos.

El artículo 41 constitucional establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y que la función electoral, depositada en el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales, se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; condiciones que se han garantizado, sin excepción, en 330 procesos electorales federales y locales organizados de 2014 a la fecha.

Esto ha sido posible gracias a la autonomía constitucional del INE y a su estructura orgánica: un Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) de excelencia; una estructura desconcentrada permanente en las 32 entidades y los 300 distritos y una Junta General Ejecutiva con direcciones especializadas en sus respectivas atribuciones.

En ese sentido, del análisis de la reforma se advierten deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales.

Toda reforma electoral debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y a las leyes que rigen los procedimientos legislativos.

El INE despliega su trabajo en el territorio en 300 Juntas Ejecutivas Distritales, una por distrito. Esas Juntas desaparecerían con la reforma, lo que pondría en riesgo no sólo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, entre otras actividades que el INE despliega en el ámbito distrital.

Eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la credencial para votar con fotografía.

La Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General y, por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeras y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección. Además, incorpora a esa Comisión al Órgano Interno de Control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica, que supone sólo una función fiscalizadora y no sustantiva.

Las y los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, como los concursos públicos abiertos; se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente.

Despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales. Por mandato constitucional, tanto el personal del SPEN como los de la Rama Administrativa, ven regidas sus condiciones de trabajo mediante el Estatuto respectivo. La reforma contempla que los trabajadores adscritos a la Rama Administrativa dejen de estar regulados por dicho Estatuto, afectando así sus condiciones generales de trabajo y garantías laborales, lo que viola sus derechos establecidos de forma expresa en la Carta Magna.

La reforma plantea la compactación de calendarios y alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas altamente sensibles, como es la selección de las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla que reciben y cuentan los votos de sus vecinos y vecinas. Esa alteración conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que, hasta ahora, han permitido elecciones libres y auténticas.

Por todas estas razones, consideramos que la reforma produciría un efecto regresivo, contrario al principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente, y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral.

Hacemos un llamado a las legisladoras y legisladores a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos y a establecer los mecanismos que consideren pertinentes para hacerles llegar toda la información técnica que requieran para tomar las mejores decisiones. En el INE reiteramos nuestra disposición a sostener las reuniones de trabajo que se consideren adecuadas y a colaborar para que una eventual reforma sirva para mejorar el sistema que hoy tenemos.

De ser el caso, el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del INE y para seguir garantizando elecciones libres y auténticas, como lo mandata la Constitución.

Finalmente, las consejeras y consejeros electorales seremos empáticos con las acciones que las trabajadoras y los trabajadores del INE decidan emprender por su cuenta en defensa de sus derechos laborales”.