Leyes antiinmigrantes en Florida y Kansas pueden provocar actos de discriminación racial: SRE
El Gobierno de México rechazó las leyes antiinmigrantes SB1718 en Florida y la HB2350 en Kansas que entraron en vigor este 1 de julio, al considerar que pueden llevar a actos de discriminación y perfilamiento racial.
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mencionó que pueden dar lugar a actos discriminatorios y abusos contra la comunidad hispana, latina y mexicana.
“Si bien el Gobierno de México respeta los procesos y medidas legislativas estatales en los Estados Unidos de América, se considera que la SB1718 afectará los derechos humanos de miles de personas, niñas y niños mexicanas exacerbando ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de la comunidad migrante. Esta medida no refleja su valiosa aportación a la economía, sociedad y cultura de Florida, y del país”, informaron.
La SB1718 fue firmada el 10 de mayo de 2023 por el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
La SRE manifestó que dichas políticas tienen un fuerte impacto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos “pues evidencian la renuencia de ciertos actores para identificar soluciones conjuntas que inviten a la colaboración. Ambos países se han esforzado por construir conjuntamente caminos de tolerancia, seguridad y respeto, de los cuales la SB1718 los aleja, provocando sentimientos de intimidación y temor en la comunidad migrante”.
En su comunicado, la dependencia informó que reforzará acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica para defender los derechos de las personas mexicanas en Florida. Asimismo, con apoyo de organizaciones de la sociedad civil activas en la defensa de los derechos humanos, México identificará y registrará posibles casos de violaciones de los derechos de connacionales mexicanos.
Ley antiinmigrante en Kansas
Sobre la Ley HB2350, del estado de Kansas que también entró en vigor este 1 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su rechazo por considerar que podría dar lugar a actos discriminatorios.
En un comunicado, la dependencia se comprometió a “ proporcionar información veraz y oportuna a la comunidad mexicana y velar por el respeto de sus derechos, así como por el reconocimiento de todas las aportaciones que realizan de manera cotidiana tanto en el estado como en toda la Unión Americana”.
La cancillería también reconoció el veto a la ley que dio la gobernadora Laura Kelly.
Tras la entrada en vigor de las legislaciones, organizaciones en defensa de los inmigrantes convocaron en Miami a la Convención de Migración México, Centro y Sudamérica, cuyo objetivo es definir un plan de acción contra las leyes antiinmigrantes.
Entre las implicaciones está que las empresas deberán verificar el estatus migratorio de los trabajadores o podrían ser multados o perder su licencia, además de que en los hospitales se deberá registrar si los pacientes son residentes legales o no.
