Las luchas de los pescadores por el territorio en la bahía de La Paz, Baja California Sur
Daniela Reyes
La fundación y el desarrollo urbano de la ciudad de La Paz se dió por el comercio y la pesca. Debido a la importancia de la pesca, actividad que alimentaba a la población, desde principios del siglo XX, toda la ensenada que rodeaba la ciudad de La Paz era un gran embarcadero donde los pescadores con sus tradicionales lanchas de madera ocupaban la playa desde la calle 5 de febrero hasta la colonia El Esterito, de acuerdo con Gilberto Piñeda, profesor universitario y parte de la Brigada Ricardo Flores Magón.
Sin embargo, explicó que a través de un proceso de reconversión económica del estado hacia el turismo empezaron una serie de políticas públicas como las concesiones y el establecimiento de embarcaderos turísticos que ha desplazado a los pescadores de su territorio, reduciendo su espacio de trabajo y posibilidad de acceso al mar a tres rampas.
Esto pone en riesgo la sobrevivencia de la pesca ribereña en la Bahía de La Paz y con ellos la identidad histórica y cultural de varias generaciones.
“El propio desarrollo urbano orientado hacia la formación de un comercio capitalista empezó a estratificar la ciudad. Entonces en la parte central se desarrollaba el comercio y también vivienda donde nace la ciudad. Pero a los lados, hacia el noreste y al suroeste, se empiezan a crear dos barrios importantes de pescadores, que es El Manglito y El Esterito. Desde finales del siglo XIX, era muy común observar la playa saturada de embarcaciones de pesca ribereña. El caso de la ciudad de La Paz es muy especial, porque toda la playa a lo largo del Malecón era un embarcadero. Pero, ¿qué está pasando ahora? Pues los embarcaderos se han convertido en una restricción, en una benevolencia del poder, de la administración pública para decirle a los pescadores, ‘ustedes van a seguir saliendo a pescar de aquí’ y desaparecer el macro embarcadero”, explicó Piñeda.
Además, con la pérdida de la playa, como territorio, los pescadores pierden también el acceso al mar y con ello se pone en riesgo la soberanía alimentaria y la sostenibilidad del modo de vida de alrededor de mil 47 pescadores y acuacultores en La Paz, que representan el 16% de todo el estado (seis mil 631), de acuerdo al padrón del Bienpesca, un apoyo anual de siete mil 500 que otorga la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
A continuación las luchas de los pescadores por el territorio en las tres rampas públicas que quedan en la bahía de La Paz.
La pesca: parte de la identidad cultural sudcaliforniana
La rampa ubicada en la calle Abasolo y Vicente Guerrero, la única que queda ubicada en el Malecón de La Paz, considerada la zona dorada de la ciudad, es utilizada por al menos 80 pescadores libres y asociados a cooperativas, y prestadores de servicios turísticos.
El 27 de agosto de 2024, los pescadores usuarios de esta rampa fueron notificados de que la Administración Portuaria Integral (API) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) de Baja California Sur, retirarían las embarcaciones que tradicionalmente permanecen en la orilla de la playa.
Andrea Marcela Geiger Villalpando, encargada de la oficina de representación de PROFEPA en Baja California Sur, señaló que se trataba de un operativo preventivo ante el inicio de la temporada de huracanes que consistía en el retiro de embarcaciones en mal estado.
“Es parte del comité de vigilancia de administración y vigilancia y ordenamiento de la Bahía de La Paz conformada por Profepa, API, la Dirección de Turismo Municipal y Capitanía de Puerto, que estamos actuando derivado de la contingencia por el huracán del año pasado y estamos protegiéndonos para la próxima temporada de huracanes En el caso de API, le interesa el ordenamiento, a la Dirección de Turismo, conservar lo más atractivo posible la vista a la playa. Aquí lo que se pretende es que todas las embarcaciones que están en uso estén fondeadas y que dejen la playa libre. Oficialmente es una costumbre que tienen ya desde hace muchísimos años pero pretendemos que ellos puedan realizar mejor su trabajo, se cuide al medio ambiente y también la imagen de la ciudad”, señaló Geiger.
Durante esta jornada retiraron dos toneladas de basura, entendidos como trozos de embarcaciones, según Geiger.
José María Calderón, pescador socio de la cooperativa Bahía de la Paz y usuario de esta rampa, señaló que la rampa no se encuentra en mal estado y no funciona como debería, pero aún así la usan porque es gratuita a diferencia de las marinas donde les cobran por botar sus embarcaciones.
Desde 2018, el Gobierno del Estado de Baja California Sur obtuvo a través de un acuerdo de destino 62 mil metros cuadrados de Zofemat y terrenos ganados al mar, así como obras existentes, incluida la rampa, para uso de Malecón turístico.
Debido a que la mayoría de los pescadores que usan esta rampa no son socios de una cooperativa, ha sido difícil organizarse para mantener ordenada y limpia la zona, y para exigir que rehabiliten la rampa, señaló Calderón.
A raíz de esta amenaza a ser retirados de la playa, José Flores, presidente del Consejo de Administración de la Fedecoop Zona centro, que agrupa a 23 cooperativas pesqueras, señaló que se está haciendo un censo de pescadores y un comité de pescadores usuarios de la rampa para definir cuál es el uso y el futuro de la misma.
“El tener una lancha en la playa posiblemente no sea un derecho legal, pero sí es un derecho histórico, es un uso de costumbre. Pero también ese derecho nos da la obligación de mantener limpio. Es responsabilidad del que la usa mantenerlo limpio. Eso creo que es lo que tenemos que promover siempre y las autoridades también, no dejarle la chamba únicamente al gobierno”, señaló Flores.
Para Piñeda es importante que se mantengan las playas donde los pescadores varan y desvaran sus embarcaciones y que se conserven aquellas que son tradicionales, ya que son parte del patrimonio e identidad cultural sudcaliforniana.
“De estas embarcaciones, la mayoría están destruidas o ya desaparecieron. Pero las que existen, tengo la visión de que si es la historia de vida de una actividad económica en una ciudad durante decenas de años, contar con una embarcación de ese tipo, lo convierte automáticamente en patrimonio cultural, porque es parte de la identidad cultural. Pero eso no les importa a quienes gestionan la cultura. Estos espacios tienen un valor cultural y desde el punto de vista histórico y de la memoria, también tienen un valor. Desde la identidad cultural, la memoria es muy importante y la memoria solamente puede ser transmitida por la oralidad o la imagen. Eso es válido para los barrios pesqueros, en este caso de El Esterito y El Manglito, en términos de su vivencia, los lugares que pescaban, las productos marinos que capturaban, el tipo de embarcación que tenían. Son un patrimonio cultural de la ciudad”, explicó Piñeda.
Concesionar para despojar: rampa de la playa Los Jordanes
Los pescadores que durante 80 años utilizaban el embarcadero en la calle 5 de febrero, conocida como playa Los Jordanes, de un día para otro fueron despojados por API BCS con un letrero que indicaba que el espacio había sido objeto de un contrato de cesión parcial de derechos de la Zofemat con un particular, por lo que estaba restringido el acceso.
“Para mí la concesión es un modelo de apropiación privada. Al dar la concesión no le están dando la propiedad legalmente sino por un tiempo y lo hacen propietario del recurso. Por ejemplo, los espacios públicos como las banquetas son para caminar pero El Malecón está ocupado, no las ampliaron para los peatones sino para poder darle espacio público a los privados”, señaló Piñeda.
De acuerdo con una investigación del periodista Rodrigo Rebolledo, la concesión de la Zofemat en la playa Los Jordanes fue otorgada a la empresa Desarrollos Turísticos Gran Visión bajo el compromiso de construir una marina, locales comerciales y restaurantes. De acuerdo con el Registro Público del Comercio, dicha empresa está relacionada con el empresario Luis Raymundo Cano, quien fue representante del proyecto turístico e inmobiliario Paraíso del Mar ubicado en El Mogote.
Los pescadores respondieron a esto exigiendo la revocación de la concesión, y tras varias negociaciones, la API cedió 100 metros lineales de la Zofemat a los pescadores a través de un convenio con una temporalidad que les permite el uso del espacio pero también les hace responsables de su mantenimiento y vigilancia, explicó Flores.
Esta área es valiosa porque además de funcionar como un embarcadero, también los pescadores usan la playa para filetear y vender pescado fresco. Actualmente es de los pocos espacios donde las personas pueden acudir a comprar productos pesqueros directamente al pescador.
Es la única rampa donde aún queda un establecimiento más formal de pescadores. Ahí está instalada la Cooperativa Los Auténticos de El Manglito que cuentan con sus instalaciones y a un costado hay una serie de chocitas a dónde llegan otros pescadores libres a filetear su pescado y es uno de los últimos lugares que quedan en la bahía de La Paz donde aún se vende pescado fresco directamente de los pescadores.
Debido a la organización y presión de parte de los pescadores y de los prestadores de servicios turísticos que usan ese espacio, se impidió el despojo de este territorio. Sin embargo, Piñeda señala que es solo un acuerdo temporal y que la tendencia de las empresas sigue siendo sacarlos.
Proyectos para pescadores sin los pescadores
“Yo no tengo conocimiento para que le voy a mentir de eso, yo no tengo conocimiento pero pues si fuera algo que nos va a beneficiar a todos, sí estaría bien”, respondió José María Calderón cuando le pregunté sobre el proyecto de construir un botadero en la calle Nayarit.
A la costa donde desemboca la Nayarit sobre la bahía acuden principalmente los pescadores de El Manglito y donde coinciden alrededor de cinco cooperativas pesqueras como Bahía de La Paz, Auténticos de El Manglito, la Federación Dos Mares y la Organización de Pescadores Rescatando la Ensenada (OPRE).
En esa zona, la API está planteando la construcción de una rampa para embarcaciones menores con una superficie total de mil 527 metros cuadrados que consiste en una plataforma de operaciones de concreto y piedra para las maniobras de botado y un acceso vial, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) regional presentada ante Semarnat el 5 de junio de 2024 como proyecto náutico con clave 03BS2024PD046.
El objetivo, señala la MIA es, “ordenar a prestadores de servicios turísticos, de pesca deportiva y ribereña, que por tradición han estado utilizando diversas áreas en la Bahía de La Paz, así mismo, contar con un área segura para atención de paseos turísticos y puedan realizar las maniobras de botado de sus embarcaciones, con seguridad y eficacia”.
Los alcances del proyecto indica que es incrementar la capacidad de las operaciones de las embarcaciones de los pescadores y ampliar la capacidad operativa para recibir embarcaciones y asegurar que las maniobras de atraque se realicen con seguridad y eficacia.
“Es muy importante que convoquen al pescador para que sepamos de qué se va a tratar el tema o con qué fin van a hacer las cosas porque siempre nos informan cuando ya está hecho todo, ¿y ya para qué? Nos invitan a la inauguración ya. Eso está mal. Deben invitar a una reunión con el sector pesquero para ver cuáles son las necesidades del sector y si estamos de acuerdo o no”, expresó Calderón.
Lizbeth Álvarez, jefa del área de proyectos dentro de la API BCS y Anabel Pérez Olivas, parte del departamento de ingeniería y gestión ambiental de la misma empresa, señalaron que esta rampa forma parte de un banco de proyectos a los que se está anticipando en la tramitología y permisos pero que no están autorizados ni tienen presupuesto asignado aún ni una fecha para ejecutarlo ya que en realidad es el Gobierno del Estado el responsable.
“Nosotros somos una empresa paraestatal privada que administra los puertos en el estado, pero también somos parte del gobierno del estado. Entonces, muchas obras que se realizan no solo portuarias, son trabajos en donde apoyamos también al gobierno del estado a través de un convenio puerto-estado, donde a nosotros se nos permite solicitar una obra a nombre del gobierno del estado para que la tramitología sea más sencilla, pero autorizando al gobierno del estado porque ellos son los que nos solicitan las obras”, señaló Pérez.
Así mismo, señalaron que la comunidad no fue consultada para la elaboración del proyecto debido a que no se contemplan áreas para fileteo, sino es un proyecto muy técnico limitado a una rampa, aunado a que aún no hay certeza económica ni de permisos.
“No se presentó el proyecto a la comunidad porque al final es algo súper técnico que no tiene incidencia. Igual se presentaría más adelante cuando se tenga certeza del proyecto, porque imagínate presentar un proyecto del que no hay certeza económica y ni de permiso”, señaló Álvarez.
El futuro de la relación pescador-playa
Los tres casos presentados muestran, desde la perspectiva de Piñeda, como se está despojando a los pescadores y favoreciendo el turismo a través de políticas públicas para la construcción de marinas y proyectos inmobiliarios y turísticos. Un ejemplo de esto son las actualizaciones al Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de La Paz hechas en 2018 durante la presidencia municipal de Armando Martínez del Partido Acción Nacional (PAN), que abrió la posibilidad de convertir el Malecón de La Paz en un corredor turístico con construcciones de hasta siete pisos como el proyecto Distrito Malecón.
Ante este escenario, desde el Subcomité de Pesca y Acuacultura del municipio de La Paz, que se integra por representantes de diferentes sectores como turístico, acuacultura, pescadores y autoridades municipales y estatales, se está construyendo el proyecto de una marina seca en el Malecón, a un costado del lugar conocido como Los Cocos del Terraplén para fortalecer la pesca ribereña.
“El gobernador está preocupado y está ocupado, comprometido en buscar otras alternativas, una de ellas es hacer una marina seca, con rampa de botado, con muellecitos para embarcaciones para los pescadores ribereños, y también con locales para que vendan lo que pescan. Es un proyecto muy ambicioso, pero también muy práctico”, señaló José Flores.
La playa es un bien público que es altamente demandado por muchos usuarios que entran en disputa por el espacio como es el caso de los pescadores y los empresarios. Las luchas ganadas, donde los pescadores no han sido despojados son un incentivo para luchar por los otros espacios públicos amenazados.
“Es necesario que los pescadores ribereños se organicen y que se reconozca la importancia de preservar estos espacios como patrimonio biocultural de Sudcalifornia. Es eso lo que permitirá que subsista un turismo diversificado y que se multipliquen los beneficios económicos para todas las personas”, señaló Carmina Valiente, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
Esta es una colaboración con el colectivo Es Mi Playa, Mi Barrio.
