La crisis en Nuevo León que tiene al Estado con Gobernador intermitente, sin Fiscal ni Presidente del Poder Judicial
Nuevo León atraviesa por una crisis política al tener tres cambios en la gubernatura en menos de un mes, estar sin fiscal general desde hace más de un año y sin presidente del Poder Judicial.
Este martes, Samuel García anunció en un video que asumía nuevamente el cargo de gobernador constitucional de Nuevo León, a casi un mes de que el Congreso del estado aprobó su licencia por seis meses para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de México.
Pero esto solo será un par de días, pues el mismo aspirante presidencial dijo que inaugurará la “Macronavidad” para después seguir en campaña.
“En este momento voy a firmar para dar máxima publicidad que reasumo funciones como gobernador constitucional... y el viernes 1 a las 11:59 te dejo como encargado de despacho, para poder irme a hacer campaña y ganar la Presidencia de la república”, le dijo García a Javier Luis Navarro Velasco, quien se ha desempeñado como secretario de Gobierno.
Tres gobernadores en Nuevo León
Las precampañas presidenciales han impactado en el estado, el cual pasó de tener “tres gobernadores” en unos días a estar a contrarreloj para la designación de quien ocupará el cargo hasta el 2 de junio de 2024, debido a la licencia otorgada a Samuel García.
El pasado 25 de octubre, el Congreso ―compuesto por 28 diputados del Frente (14 del PAN y 14 del PRI) contra 11 de Movimiento Ciudadano, dos de Morena y uno del Partido Verde― nombró al magistrado presidente del Poder Judicial del estado, Arturo Salinas, como gobernador interino, lo cual fue invalidado por el Tribunal Electoral, pues según la Constitución de Nuevo León una persona no puede ser parte de dos poderes de gobierno.
El 28 de octubre, Samuel García publicó un acuerdo en el Periódico Oficial del Estado (POE) para nombrar a Javier Navarro, secretario de Gobierno, como encargado de despacho y que le permitiría tomar el cargo si Arturo Salinas, nombrado por el Congreso local estuviera impedido para ejercerlo.
La discusión llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el 13 de noviembre, el ministro Javier Laynez suspendió los nombramientos de José Arturo Salinas como gobernador interino de Nuevo León y de Javier Navarro Velasco como encargado de despacho.
También resolvió que será el Congreso de Nuevo León quien defina al gobernador interino, sin embargo, desde ese momento, los legisladores no han sesionado para hacer el nombramiento.
A esto se suma que el pasado 20 de noviembre Samuel García inició su precampaña y con un decreto nombró a Javier Navarro como encargado de despacho por 60 días, como lo marca la Constitución, lo que será efectivo hasta el 18 de enero de 2024.
Como parte de la polémica, García Sepúlveda pidió a las autoridades que se tome en cuenta el criterio electoral y quien sea nombrado como interino pertenezca a Movimiento Ciudadano, el partido del que forma parte.
Por ello, la bancada emecista en el Congreso del Estado propuso una terna de funcionarios de gobierno para ser gobernador interino.
El coordinador parlamentario Eduardo Gaona, planteó que el perfil se escogiera de entre Javier Navarro, encargado de despacho del gobierno estatal; Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana; e Iván Rivas, secretario de Economía.
Esto ha sido criticado por los partidos opositores pues el artículo 118 de la Constitución local restringe a funcionarios para ejercer como gobernador, aunque Gaona insistió en que este lineamiento solo aplica en quienes quieren ser electos, no interinos.
Poder Judicial se queda sin presidente en Nuevo León
Luego de que José Arturo Salinas Garza fue nombrado por el Congreso de Nuevo León como gobernador interino tras la solicitud de licencia de Samuel García, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura eligió a Alberto Ortega Peza como encargado del despacho del Poder Judicial de Nuevo León.
Alberto Ortega es magistrado de la Primera Sala Unitaria Civil y será el titular del Poder Judicial hasta el 2 de junio de 2024 cuando termina la licencia de García Sepúlveda, quien tendría que regresar a la gubernatura y Salinas Garza como presidente del organismo.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, en caso de renuncia, licencia o ausencia absoluta del presidente del TSJ, el pleno en sesión extraordinaria será quien elija al interino.
En medio de la polémica, el 15 de noviembre trabajadores del Poder Judicial, la Fiscalía del estado, el Congreso local y otros organismos autónomos de Nuevo León denunciaron que el pago de su quincena tuvo retrasos y acusaron una venganza política de Samuel García.
En un comunicado, firmado por los organismos, acusaron al gobernador con licencia de haber instruido a la Secretaría de Finanzas frenar el pago de los trabajadores en un acto de revancha por la designación del mandatario interino.
El escrito fue firmado por el Magistrado Alberto Ortega, encargo del despacho del Tribunal Superior de Justicia; Pedro Arce, de la Fiscalía General de Justicia; Jorge Galván, auditor General del Estado; Mauro Guerra, presidente del Congreso local.
Más de un año sin fiscal en Nuevo León
Desde el 5 de octubre de 2022 Nuevo León no tiene un fiscal general tras la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero, quien debía permanecer en el cargo hasta 2024 tras la reforma constitucional que buscaba tener una dependencia autónoma.
Esto se debe a que el Gobierno del Estado y el Congreso Local mantienen un conflicto de poderes por la designación de un nuevo titular, por lo que se mantiene como encargado de despacho Pedro Arce, quien antes fuera vicefiscal jurídico.
Tras aprobar la renuncia de Gustavo Adolfo, el Poder Legislativo inició de manera inmediata el proceso para una nueva designación, en donde de 65 perfiles postulados se presentaron solo cuatro: Guadalupe Saldaña, Genaro García de la Garza, Pedro José Arce Jordán y Adrián de la Garza.
Sin embargo, el 11 de noviembre de 2022 el gobernador Samuel García vetó a de la Garza al considerar que no cumplía con los requisitos para preservar la seguridad de la entidad y presentó una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación impugnando la convocatoria realizada por el Congreso, misma que fue admitida el 24 de noviembre del 2022, suspendiendo el procedimiento de designación.
En febrero de este año, el gobernador también solicitó ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que la designación fuera vía consulta pública, hecho que continúa sin resolverse.
En junio de 2023 Samuel García y el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentaron una demanda de juicio político en contra de Pedro José Arce Jardón, encargado de la Fiscalía por hacer “un uso faccioso y político de sus capacidades”.
Esto luego de que presuntamente varios agentes del Ministerio Público trataran de ingresar a las instalaciones de la Torre Administrativa en Monterrey, que alberga las oficinas del gobierno del estado.
“No pienso aguantar un día más a este sujeto en Nuevo León, se tiene que ir hoy mismo. Si tuviera dignidad hoy debería presentar su renuncia, pero si no hoy mismo lo vamos a destituir y también las va a pagar”, dijo el gobernador en un video.
Sin embargo, ese mismo día, la Fiscalía del estado negó los hechos e informó que personal administrativo auxiliar del Ministerio Público, que no portaba armas ni carácter de policía solo acudió a entregar un oficio de notificación de medidas de protección a una dependencia del Gobierno del Estado.
El 3 de octubre, la Sala Regional Monterrey ordenó al Tribunal Electoral y Superior de Justicia del Estado atender de manera puntual la propuesta del gobernador, pero no se ha definido aún si se continuará con la elección de los cuatro candidatos del Congreso o vía referéndum.
De acuerdo con una revisión hecha por la organización México Evalúa, el procedimiento de designación de un fiscal “fue una total simulación”, debido a que “no cumplió plenamente con los estándares internacionales de objetividad, imparcialidad, transparencia e igualdad”.
La organización detalló que el Comité de Selección Ciudadano tenía la facultad constitucional para analizar los perfiles y realizar entrevistas, pero solo confirmaron que los interesados entregaron su información.
A esto se suma que el Congreso local supuestamente revisó las 63 candidaturas en menos de 48 horas, y definió la lista de cuatro finalistas que habría de ser enviada al Poder Ejecutivo para la selección de una terna que a su vez fue vetada por el gobernador.
