Juzgadores amplían, por tiempo indefinido, paro contra reforma judicial

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación acordó este martes continuar con el paro de labores que inició el 21 de agosto pasado, esto hasta que el Consejo de la Judicatura Federal instale una mesa de diálogo para garantizar los derechos laborales de los trabajadores judiciales.

A través de un comunicado, la asociación civil que presidía la Jueza federal Juana Fuentes Velázquez indicó que la suspensión de actividades continuaría bajo los mismos términos, es decir, que se daría atención a los casos considerados “urgentes”.

“La prórroga se mantendrá al menos hasta que el CJF instale una mesa de trabajo con el Comité de Diálogo [de la JUFED], con miras a definir las estrategias necesarias para proteger los derechos laborales que asisten a las personas que trabajamos en el seno de tribunales y juzgados”, dijo la asociación.

“Lo anterior no es óbice para que la JUFED realice las acciones pertinentes, para garantizar la defensa legal del gremio contra la reforma, ni para continuar con el ejercicio de los derechos de reunión y asociación y de libre manifestación de ideas”.

La asociación apuntó que el fundamento de este nuevo acuerdo era la declaratoria de suspensión de actividades.

“[El paro] continuaría hasta en tanto no se viera satisfecha nuestra exigencia, o hasta que así lo dispusieran las Mesas Directiva Nacional y Regionales de la JUFED, después de oír al Comité de Diálogo”, añadió.

EU espera diálogo para implementación de la reforma

Este mismo martes, Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró que el Gobierno de EU buscaría entrar en un diálogo con el de México respecto a la implementación de la reforma al PJF, ante la relevancia que tenía para la integración económica entre los dos países.

Luego que la reforma fuera promulgada el 15 de septiembre pasado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Departamento de Estado de EU dijo tomar nota de la entrada su vigor y respaldó las críticas hechas anteriormente por Ken Salazar, titular de la Embajada de Estados Unidos en México, quien advirtió que la elección directa de jueces propuesto en la iniciativa de reforma judicial no era un buen modelo.

“Respaldamos todo lo que dijo el embajador, y lo que vamos a hacer ahora es dialogar con nuestros colegas mexicanos sobre cómo se implementará esta ley”, dijo el vocero del Departamento de Estado de EU, al ser cuestionado durante una rueda de prensa.

“Observaremos especialmente la promulgación de esta ley a la luz de nuestros esfuerzos conjuntos, para promover nuestra competitividad económica y la integración [con México] y, en última instancia, seguiremos dialogando con nuestros colegas mexicanos sobre la ley y cómo se implementará”.

El 17 de septiembre, la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que no había tensión política tras la reforma al Poder Judicial de la Federación, aún cuando contibuaba habiendo oposición a la misma.

“No hay tensión política [...] Hay oposición, pero eso no quiere decir que haya tensión, es parte de la normalidad democrática, no tiene problema [...] No, no hay tensión, hay quien no está de acuerdo, hay democracia, no todos pensamos igual y qué bueno”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

La Mandataria electa reiteró que la autodenominada “Cuarta Transformación” era la mayoría en el Congreso de la Unión y aprobó la reforma judicial, porque el pueblo de México así lo decidió.

“No es una mayoría impuesta, sino es una mayoría que viene de un proceso democrático, que fue la elección del 2 de junio [...] Ya hay oposición a esta reforma que se manifestó”, insistió la mandataria nacional electa, quien abundó que no estaba de acuerdo en que las protestas se hicieran, por ejemplo, rompiendo vidrios. “Nuestro movimiento siempre fue pacífico”, comparó.

Sheinbaum Pard destacó que en octubre de 2024 iniciaría el proceso de renovaciones del Poder Judicial de la Federación porque así lo establecía la reforma constitucional.

“Entonces, va venir el proceso y lo que le toque al Ejecutivo, pues hay que acompañarlo porque van a venir convocatorias [...] El Senado tiene que emitir su primera convocatoria en octubre y a partir de ahí lo que le toca el Ejecutivo [...] a la presidenta y al gabinete, pues ya nos va a tocar desarrollarlo, pero no hay tensión”, señaló.

Este martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló también que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le correspondía recibir y atender amparos en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación.

“No les corresponde, no tienen facultad, tan sencillo como eso, es como si yo emito, como titular del Ejecutivo, una orden de aprehensión, eso no me corresponde, eso le corresponde a un juez”, puntualizó.

Durante su conferencia de prensa matutina, un reportero preguntó al Mandatario qué opinaba respecto a la postura del Partido Acción Nacional acerca de que preparaba toda una estrategia para echar abajo la reforma judicial.

López Obrador respondió que estaban en su derecho, pero puntualizó que se estaba actuando de conformidad con la Constitución, es decir, “no hay ningún fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial, no existe ningún fundamento legal”.

Asimismo, el Presidente expresó su deseo de que los constitucionalistas dieran a conocer su punto de vista, entre ellos los del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que de una vez se definiera “si quieren un Estado de Derecho o un Estado de chueco”.

Además, López Obrador explicó que la Constitución, en su artículo 135, establecía que se pudieran llevar a cabo reformas constitucionales, cuando eran aprobadas por mayorías calificadas en las dos cámaras del Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas locales.

Insistió en el tema y dijo que no se podría realizar una reforma a la Constitución si no se hubiera aceptado por mayoría calificada, si en las legislaturas locales se hubiera rechazado o si el titular del Poder Ejecutivo Federal no la hubiera publicado.

“Pero ya todo se hizo, ya está en vigor la reforma, eso ya salió adelante y qué bueno”, expresó.

El 16 de septiembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que no interpondría una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial y arremetió contra “actores partidistas” que, aseguró, “han tratado de presionar” para que la impugnara.

“Actores partidistas han tratado de presionar a esta Comisión Nacional a efecto de que interponga una acción de inconstitucionalidad que paralice los efectos de la reforma y así usar a este órgano autónomo para satisfacer ambiciones de grupo, ajenas a los intereses de las y los mexicanos”, señaló la CNDH en un comunicado.

“Esta reforma es esencial para transformar un sistema que, hasta hoy, ha permitido dilaciones en los procesos judiciales que impiden el acceso a una justicia pronta y expedita”.

Ante ello, la CNDH subrayó que la defensa de los derechos humanos “no es un circo” y que implicaba, sobre todo en un país como México, “tener muy claro cuáles son las necesidades y las carencias del pueblo”.

Respecto al proceso legislativo de la reforma al PJF, la CNDH observó que “el proceso incluyó la celebración de diálogos nacionales, donde se expresaron diversos sectores de la sociedad en un amplio ejercicio de la democracia participativa”.

Además, el organismo, cuya presidenta es María del Rosario Piedra Ibarra, profundizó en que el “análisis en la Cámara de Diputados y el Senado de la República fue exhaustivo y suficiente”.

“Lo dijimos desde un inicio, y lo hemos demostrado de sobra. No nos hemos prestado ni nos prestaremos a esa pobrísima visión del servicio público y de lo que es un organismo público de defensa de los derechos humanos”, agregó la CNDH.

En este mismo marco, señaló que “fue decisión soberana de la mayoría del pueblo”, derivada del proceso democrático del 2 de junio de 2023. También recordó que en la historia nacional había antecedentes de elección democrática de los integrantes del PJF, concretamente en la Constitución de 1857, en la Sección III. “Del Poder Judicial”.

Por último, la CNDH realizó un resumen respecto al proceso del debate legislativo que la reforma judicial dejó en el país; puntualizando que la Comisión “no defiende banderas políticas ni es comparsa de estrategias partidistas; eso era antes, hoy se debe al pueblo”.