Jueza da suspensión provisional para no afectar las pensiones ni fideicomisos del Poder Judicial tras aprobación de la reforma

Una jueza federal de Nuevo León concedió una suspensión provisional a un grupo de jueces y magistrados por la que ordenó no afectar las remuneraciones y pensiones de las personas juzgadoras del país ni extinguir los fondos o fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Así lo acordó la jueza Andrea Génesis Alarcón Cortés, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, al conceder una suspensión provisional a un grupo de personas juzgadoras del país, así como a un grupo de juezas y magistradas en retiro que buscan ampararse contra los efectos de la reforma judicial.

Por este motivo, en su resolución, la jueza Alarcón Cortés también estableció que “ninguna autoridad podrá remover de sus funciones y/o cargos públicos a las personas juzgadoras”, punto central de la reforma al Poder Judicial.

La suspensión de la reforma judicial, punto por punto

El pasado 15 de septiembre del 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política federal en materia de reforma judicial.

Esto, luego de que tanto el Congreso de la Unión como más de 17 congresos estatales la aprobaron de manera particular y general, lo que dio paso a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En este decreto quedó estipulado en los artículos transitorios que para seleccionar los cargos a renovar en la elección extraordinaria del 2025, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) entregará al Senado un listado con la totalidad de cargos de personas juzgadoras, indicando el circuito judicial, especialización por materia, género, renuncias y retiros programados, entre otras cosas.

Por este motivo, el día de hoy la jueza Alarcón Cortés ordenó al CJF no entregar al Senado de la República el listado con la totalidad de los cargos de personas juzgadoras ni la demás información que le sea solicitada.

Mientras que al Senado le ordenó no emitir la convocatoria que se ordena, en el plazo de 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la reforma, para integrar las listas de personas candidatas que participen en la elección extraordinaria para renovar la mitad de los cargos del Poder Judicial en las elecciones de 2025.

“Las autoridades responsables (tampoco) deberán seleccionar a los magistrados que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Por ende, el CJF seguirá operando en sus funciones de acuerdo con la normativa que lo rigen”, señaló la jueza en su resolución.

Los cambios en las remuneraciones y pensiones del Poder Judicial

Dentro del decreto de reforma al Poder Judicial, en el artículo 7 transitorio los legisladores estipularon que las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales de las entidades federativas “no podrán ser mayores a la establecida para el presidente de la República”, por lo que deberán ajustarse a los establecidos en el artículo 127 de la Constitución.

Por este motivo, en su suspensión la jueza Alarcón Cortés señaló que “no se afectará las remuneraciones de los quejosos (los magistrados y jueces que promovieron la demanda de amparo) para reducirlas a un monto menor al asignado para el titular del ejecutivo federal en el presupuesto de cada anualidad”.

“Sino que dichas remuneraciones se mantendrán conforme a los montos que conforman actualmente los sueldos integrados y demás prestaciones complementarias”, señaló.

Además, si bien el artículo décimo transitorio de la reforma judicial estipula que los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda a las elecciones de 2025 y 2027 considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter general, la jueza federal ordenó no hacer modificaciones tampoco.

“Las autoridades no deberán suprimir, reducir, retener o cancelar las pensiones complementarias de los juzgadores en retiro o pensionados, ni a las personas beneficiarias”, señaló.

Este lunes el Pleno del CJF emitió un acuerdo para reformar diversas disposiciones relacionadas con el Plan de Pensiones Complementarias por el que aprobó que jueces y magistrados federales puedan adelantar su jubilación.

Al ser cuestionado al respecto en su penúltima conferencia de prensa, el presidente López Obrador señaló que no estaba enterado al respecto, pero aseguró que revisará el tema para informar al respecto.

“Que la gente lo sepa. Si están aprovechando de que está finalizando el gobierno y además vienen las reformas y están cometiendo, pues esos abusos. Vamos a ver si es cierto”, dijo.

AMLO vs los fideicomisos del Poder Judicial

Durante su penúltima conferencia de prensa, el Presidente López Obrador aprovechó la oportunidad para asegurar que los fideicomisos del Poder Judicial cuentan con 20 mil millones de pesos, por lo que podrían usarse estos recursos para financiar la elección de jueces, magistrados y ministros.

Desde hace meses, el mandatario federal ha dicho que parte de estos fideicomisos son usados para lujos de jueces y ministros, por lo que en repetidas ocasiones ha buscado eliminarlos.

Incluso, en la reforma judicial quedó estipulado que en el ámbito del PJF “no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley”.

“Los órganos del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, de las entidades federativas, llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación o de las entidades federativas, según corresponda”, señala el decreto.

Por este motivo en su resolución, la jueza Alarcón Cortés ordenó no extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que actualmente existen en el Poder Judicial, ni sean enterados los recursos remanentes, productos y aprovechamientos que existan a la Tesorería de la Federación.

Además, ordenó que no deberán suspender los contratos correspondientes a los inmuebles que ocupan los quejosos (jueces y magistrados que promovieron la demanda de amparo), como parte del apoyo que les otorga el CJF. De igual forma, tampoco se suspenderá el apoyo de rentas a las personas juzgadoras

Finalmente, respecto a los efectos de la suspensión referente a que las autoridades responsables se abstengan directa o indirectamente e de todo “ataque, escarnio, difamaciones, humillantes, vejatorios, todo acto que implique ataques a la integridad personal y la posible persecución política”, la jueza federal concedió la suspensión para que las autoridades se dirijan con responsabilidad.

“Se dirijan con respeto en los mensajes que mandan a la población, ya que su discurso está sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan”, señaló.

De esta forma suman ya 10 suspensiones ordenadas contra la discusión, aprobación e implementación de la reforma judicial, mismas que han sido ignoradas en su totalidad.

La última de ellas se dio a conocer el pasado 24 de septiembre, cuando un juez federal concedió una suspensión provisional por la cual ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) abstenerse de implementar el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 para la elección de jueces, magistrados y ministros.