Juez vincula a proceso a militares por su presunto nexo en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

MÉXICO._ Un Juez federal dictó auto de formal prisión contra el General José Rodríguez Pérez y dos militares más, los cuales se encuentran actualmente detenidos en la cárcel del Campo Militar 1-A.

Al primero de ellos fue por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, mientras que a los otros dos fue también por la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Enrique Beltrán Santes, Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, fue quien tomó la decisión de dejar preso a José Rodríguez Pérez, quien tenía a su mando el 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, en 2014, año en el que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. También emitió la misma medida para el Capitán José Martínez Crespo y el Sargento Eduardo Mota Esquivel.

Apenas el pasado 15 de septiembre, Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, reveló que ya se habían ejecutado tres de las cuatro órdenes de aprehensión que se libraron en contra de elementos del Ejército mexicano por el caso Ayotzinapa. Entre los aprehendidos, confirmó, se encontraba el General Rodríguez Pérez, quien era el Comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014.

“Informar también con relación al caso Ayotzinapa y con relación al informe que presentó en días pasados la Comisión Presidencial para la atención del caso Ayotzinapa, que preside el Subsecretario Alejandro Encinas, que al momento se han liberado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército mexicano. Al momento se han ejecutado ya tres de ellas. Hay tres detenidos, entre ellos, el Comandante del 27 Batallón de Infantería cuando se suscitaron los hechos en Iguala en septiembre de 2014. Ya tres detenidos, hay cuatro órdenes de aprehensión y se seguirá informando al respecto”, dijo en la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de la Defensa (Sedena) han informado en qué condiciones se dio este arresto del General, señalado como participante de los eventos funestos contra los estudiantes en el ataque en el que participaron distintas autoridades y grupos criminales entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Algunos medios dicen que José Rodríguez Pérez se habría entregado un día antes a las autoridades en la Ciudad de México y que posteriormente fue llevado a la prisión militar.

El General José Rodríguez Pérez, Comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, cuando hace ocho años desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue detenido por presuntamente ordenar el asesinato de seis de ellos y ya está preso en la prisión del Campo Militar Número Uno.

Rodríguez Pérez tenía el grado de Coronel cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas, la noche del 26 y la madrugada de 27 de septiembre de 2014, y según Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), habría ordenado el asesinato de seis de los normalistas que estaban cautivos en una bodega de Pueblo Viejo, en Iguala.

“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del Coronel”, aseguró Encinas sobre Rodríguez Pérez en la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), el 26 de agosto, en Palacio Nacional.

El actual General Rodríguez Pérez es uno de los al menos veinte elementos de las Fuerzas Armadas de México, mandos y tropa, contra quienes se han librado órdenes de aprehensión o se han involucrado en el caso Ayotzinapa, entre ellos el General de División Alejandro Saavedra Hernández; así como los almirantes Marco Antonio Ortega, Jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, y Eduardo Redondo Arámburu, titular de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar).

El anuncio de esta detención ocurre después de otra captura importante: la de Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República. El padre de la llamada “verdad histórica” fue aprehendido por la FGR el pasado 19 de agosto, pues se le acusa de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.

Ante la presión pública para que se aclarara un crimen que generó conmoción dentro y fuera de México, Murillo Karam fue quien calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales, y que éstos los mataron, los quemaron a todos en una gran hoguera en un basurero y arrojaron los restos a un río.

Sin embargo, un grupo de expertos internacionales y la actual Fiscalía mexicana echaron por tierra la versión del basurero, confirmaron que en el crimen participaron distintas autoridades, fuerzas de seguridad y militares, que hubo manipulación de pruebas y que se torturó a decenas de detenidos, lo que unido a otras irregularidades derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.

En 2020, el actual Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, acusó a Murillo Karam de “orquestar un engaño mediático masivo”. Dos años después fue detenido en su casa en la Ciudad de México y, según el comunicado oficial, sin que opusiera resistencia. Se convertía en el primer ex Procurador General mexicano en ser capturado por la institución que él mismo dirigió.

Horas después de la aprehensión de Murillo Karam, la Fiscalía informó en un comunicado de la emisión de 83 órdenes de captura, 20 de ellas de militares y el resto de policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso: delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

Murillo Karam, exlegislador y exgobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de 74 años, dirigió la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de 2012 a febrero de 2015, durante la primera mitad del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Dejó el cargo cinco meses después del crimen, tras haberse convertido en una de las personas más criticadas por los padres de los estudiantes, que desde hace años habían pedido su arresto. En una ocasión dio por terminada una conferencia de prensa con el argumento de que ya se había cansado de dar explicaciones.

Hasta ahora, el más alto funcionario acusado en el caso, también por torturas y desaparición forzada, era Tomás Zerón, el jefe de la investigación y subalterno de Murillo Karam. Zerón se encuentra oculto en Israel. México le ofreció un acuerdo para que colabore con la justicia, pero Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación, dijo que no aceptó.

La desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, trascendió a nivel nacional e internacional porque, pese a la violencia en la que ha estado sumido el país desde hace años, este caso resumía muchos de sus males: víctimas jóvenes, la acción del narcotráfico, la corrupción de las autoridades, la impunidad y el fenómeno de los desaparecidos.

Numerosas investigaciones gubernamentales e independientes no han logrado llegar a una versión concluyente sobre lo que le sucedió a los 43 estudiantes, pero se presume que la policía local los sacó de varios autobuses en Iguala la noche del 26 de septiembre y los entregó a una banda de narcotraficantes. El motivo sigue sin estar claro. Nunca se han encontrado sus cuerpos, aunque se han localizado fragmentos de huesos quemados de tres de los estudiantes.

El papel del Ejército en la desaparición de los estudiantes ha sido durante mucho tiempo una fuente de tensión entre las familias y el Gobierno. Desde un principio hubo dudas sobre el conocimiento de los militares de lo sucedido y su posible participación. Los padres de los estudiantes exigieron durante años que se les permitiera registrar la base militar en Iguala. Recién en 2019 se les dio acceso junto con Encinas y la Comisión de la Verdad.

El caso Ayotzinapa se ha convertido en todo un símbolo en un país con más de 100 mil desaparecidos y donde todavía imperan altísimos niveles de impunidad, corrupción y violencia.