Juez quita prisión domiciliaria a madre de Lozoya

Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, modificó la medida cautelar de prisión domiciliaria impuesta a Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Ante ello, luego de tres años cuatro meses y 28 días de prisión domiciliaria, la madre del ex funcionario federal podrá salir de su domicilio particular -ubicado en la alcaldía Tlalpan-, pero deberá portar un brazalete electrónico y tendrá vigilancia policiaca permanente, además de que está impedida a salir de la Ciudad de México.

El juez de control determinó lo anterior debido a la edad de Austin y Solís, con base a un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 10 de enero de 2023, a través del cual se incorporó al orden jurídico nacional la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Personas Adultas Mayores, el cual fue firmado por México en 2015, y obliga al Estado firmante a proteger los derechos de los adultos mayores libre de violencia.

Luego de más de 11 horas de audiencia, Alarcón López dejó vigente la medida cautelar de no salir del país sin orden judicial. Asimismo, el juez de control dio de plazo tres días hábiles para la colocación del brazalete electrónico a costa de la imputada.

Antes de que le fuera quitada la medida cautelar de prisión domiciliaria en el proceso que enfrenta por el caso Odebrecht, la mujer pidió la palabra para dirigirse a Alarcón López, a quien le comentó que estaba a punto de cumplir cuatro años de “arraigo domiciliario” y que había sido testigo de la violencia contra su familia, durante los más de mil días que había permanecido en prisión domiciliaria.

“En todos estos años he estado en cinco cárceles y he visto la colaboración de mi hijo también con las autoridades y también he sido testigo de la violencia contra mi familia y no estoy segura de cómo va a terminar esto”, indicó Austin y Solís.

“En las condiciones físicas y mentales en las que me encuentro no represento un riesgo para la Unidad de Inteligencia Financiera [UIF], para [Petróleos Mexicanos] PEMEX y el Gobierno. Busco condiciones para enfrentar esta situación de mi hija, mi nuera e hijo, que es testigo colaborador y que fue injustamente encarcelado”, señaló la madre de Lozoya Austin.

“Si me dejara salir, lo visitaría en prisión [a su hijo], atendería mi salud, podría ser un apoyo y no sería una carga, porque es el derecho que toda madre tiene”, declaró Austin y Solís. Después, tras escuchar que el juez de control le retiró la medida cautelar de prisión domiciliaria, pero ordenó colocarle un brazalete electrónico, que no puede salir de la Ciudad de México, y que contará vigilancia policial las 24 horas del día a donde quiera que vaya, la mujer expresó al juez no estar de acuerdo.

“No me parece que tenga a la guardia vigilando, me va a causar más estrés [...] Hay cosas de mujeres que tengo que hacer, me parece terrible. ¿Qué puedo hacer? El hecho de que una persona nos esté vigilando me pone terrible”, le dijo la madre del ex director general de PEMEX, de 75 años de edad, a Alarcón López.

Tras conocer el cambio de medidas cautelares, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que apelará la decisión del juez de control, ya que consideró que la madre de Lozoya Austin, cuenta con los medios económicos para evadirse de la justicia.

El 29 de marzo de 2023, durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, el fiscal Manuel Granados Quiroz se opuso a la solicitud de la defensa de Austin y Solís, ya que sostuvo que prevalecía el riesgo de fuga de la madre del ex director general de PEMEX, porque no tenía arraigo en la Ciudad de México y contaba con una red de protección familiar, que incluso la podía ocultar en el extranjero.

“No han cambiado las condiciones por las que se impusieron las medidas cautelares de sometimiento a una guardia policial, el resguardo domiciliario y la prohibición de salir del país, las cuales solicito que se confirmen”, dijo el fiscal de la FGR.

Durante la audiencia, Alejandro Rojas Pruneda, abogado de la acusada, presentó dos dictámenes particulares para acreditar que la mujer de 75 años de edad padece de trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión en nivel moderado, anorexia con pérdida de 8 kilos, insomnio, tristeza, irritabilidad, disforia, autoestima disminuida y pensamientos de muerte.

También, según los estudios médicos, a Austin y Solís le diagnosticaron hipertensión arterial, dislipidemia con hipercolesterolemia e hipertiroidismo descontrolado. El litigante mencionó que durante la prisión en casa ha tenido afectaciones de salud que han tenido como consecuencia que la trasladen a hospitales y tenga consultas con especialistas.

Por su parte, Miguel Ontiveros Alonso, también abogado de Austin y Solís, expuso que habían cambiado las condiciones bajo las que en principio le impusieron la prisión domiciliaria a su clienta, porque en aquel entonces no había de por medio una negociación del ex director general de PEMEX con la FGR, para buscar un criterio de oportunidad.

En la réplica, el fiscal Granados Quiroz respondió que los documentos que ofreció la defensa no eran dictámenes, sino meras opiniones de médicos particulares y, además, pidió que no se considerara la posibilidad de interrogar a uno de esos especialistas, porque la defensa sólo ofreció la valoración médica como dato de prueba, es decir como documento, y no como medio para solicitar el testimonio del galeno.

Además, el fiscal de la FGR argumentó que, con base al dictamen de una perito de la institución de procuración de justicia, se puede inferir que la mujer no padecía esas enfermedades terminales, ni crónico degenerativas que impidan su movilidad, además de que en su domicilio siempre había tenido acceso a medicamentos.

Granados Quiroz insistió en que el perfil de la madre de Lozoya Austin ameritaba mantenerla en prisión domiciliaria, ya que había 5 inmuebles relacionados a su persona en la Ciudad de México y no existía certeza del lugar donde vive, ya que en el pasado su defensa aseguró que residía en una casa de Las Lomas de Chapultepec y ahora afirmaba que su único domicilio es la casa ubicada en Rinconada de Teresa, en la alcaldía Tlalpan, donde estaba sujeta a la medida cautelar.

Asimismo, el fiscal de la FGR dijo que le encontraron dos Clave Única de Registro de Población (CURP) y que sus ingresos no corresponden a su nivel de vida, ya que la acusada dice tener un saldo de 88 mil pesos en su cuenta bancaria y recibir una pensión de 20 mil pesos mensuales, pero se costeó más de 30 viajes al extranjero entre 2013 y 2019, además de que ha solventado estancias de más de 100 días por Europa.

Como ejemplo, Granados Quiroz refirió que la mitad de sus viajes han sido a Europa y que estuvo en el viejo continente entre el 31 de marzo y el 1 de mayo de 2019. También señaló que su visa de Estados Unidos nunca la puso a disposición del juez, sólo entregó con la que viajó a algunos países asiáticos, lo que significa un riesgo de que pudiera darse a la fuga.

RESARCIMIENTO DEL DAÑO FUE FIJADO POR GOBIERNO Y FGR, RESPONDEN ABOGADOS

El 30 de marzo de 2023, la defensa de Emilio Ricardo Lozoya Austin afirmó que los 10.7 millones de dólares que debe pagar el ex director general de PEMEX por resarcimiento del daño y que el presidente Andrés Manuel López Obrador consideraba insuficiente, fueron fijados por el Gobierno Federal y la Fiscalía General de la República (FGR).

El político tabasqueño declaró en su conferencia de prensa matutina del mismo día, que el monto era lo único que detenía la aprobación del acuerdo reparatorio con Lozoya Austin, por los casos Odebrecht y Agronitrogenados. Sin embargo, Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda, abogados del ex funcionario federal, enviaron una carta al mandatario nacional, para aclararle que no fueron ellos quienes fijaron el monto que su cliente debía garantizarle a PEMEX, en un eventual acuerdo reparatorio que le devolvería su libertad.

“En relación con el monto de la reparación del daño relativo a los casos Odebrecht y Agronitrogenados, al que usted hizo referencia, queremos precisar que éste fue determinado por Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera, en armonía con la Fiscalía General de la República. Es decir que fueron instituciones del Gobierno de la República -que usted dignamente representa- las que determinaron con base en peritajes oficiales el monto final de la reparación del daño”, expusieron los litigantes en la misiva.

Los abogados defensores añadieron que según con la determinación del monto fijado por las instituciones del Gobierno y atendiendo a que Lozoya Austin había aceptado pagarlo, le solicitaron a López Obrador autorice a PEMEX y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que se fijara fecha y hora para firmar los acuerdos ante el órgano jurisdiccional.

Los litigantes recordaron que el monto establecido para reparar el daño en el caso Odebrecht fue establecido en 7 millones 336 mil 351. 74 dólares, mientras que en el caso Agronitrogenados la cantidad fijada es de 3 millones 400 mil dólares. El total a garantizar es de 10 millones 736 mil 351.74 dólares, una suma que al tipo de cambio del 31 de marzo de 2023, ascendía a 194 millones 435 mil 330 pesos.

“En nuestra calidad de abogados de la familia Lozoya Austin, celebramos las afirmaciones formuladas por usted el día de ayer, en el marco de su conferencia matutina, en el sentido de que Emilio Lozoya pueda acceder a los beneficios que le concede el ordenamiento jurídico en marcados en un criterio de oportunidad”, agregaron en la carta.

“Por nuestro conducto, Lozoya Austin ratifica a usted su disposición para seguir colaborando con las instituciones del Estado mexicano, en armonía con la política anticorrupción del Gobierno de la República”, finalizaron los abogados.