Juez ordena liberar a Juan Collado; deberá usar brazalete electrónico en el tobillo
Gustavo Aquiles Villaseñor, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte concedió la libertad provisional al abogado Juan Collado Mocelo, en el proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, el único de los cuatro procedimientos penales en el que el litigante estaba sujeto a la prisión preventiva.
Después de cuatro años, dos meses y doce días, el abogado quedará en libertad, aunque una de las medidas cautelares impuestas por el juez federal, es que Collado deberá usar un brazalete electrónico en el tobillo.
Aquiles Villaseñor tomó en cuenta la deteriorada salud del acusado y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en las que ordenan al Estado mexicano, eliminar de su legislación la prisión preventiva de oficio.
Otras medidas cautelares sustitutas que el juzgador federal le impuso a Collado, fueron la entrega de su pasaporte, así como su presentación periódica, pero sin restricción de circulación en territorio nacional y sin pagar fianza.
Collado, quien se encuentra internado en el Hospital Ángeles del Pedregal, ofreció a través de su defensa, un dictamen médico de 52 páginas, respecto a los males que lo aquejan, tales como episodios de angina, hipertensión arterial sistémica y enfermedad coronaria trivascular.
Desde el 4 de junio de 2023, el abogado fue operado en dos ocasiones del corazón, además de haber sido sometido a una cirugía en el esófago y otra de las cervicales.
El 8 de febrero de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una pena de 38 años y medio de cárcel para el abogado Juan Collado, así como 173 millones de pesos de reparación del daño por la venta, presuntamente irregular, de un edificio de la Caja Libertad.
La fiscal federal Gloria Minerva Sánchez Dávila presentó a Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, el escrito de acusación en el que pide las penas máximas, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por este caso.
Según el documento, por el primer delito pidió 16 años de prisión y por el segundo una pena máxima de 15 años, con un tercio o hasta una mitad adicional -5 a 7 años y medio-, porque la norma prevé dicha agravante, cuando es cometido por funcionarios de una entidad financiera, y en este caso Collado era presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM).
A Collado Mocelo se le implicó en este asunto porque cuando el 25 de marzo de 2015 fue adquirido el edificio sede de Caja Libertad, se pagaron 173 millones 222 mil 400 pesos, de los cuales, 24 millones fueron transferidos al abogado, lo que hizo presumir a la FGR que la operación fue una simulación, es decir, una autocompra.
Sin embargo, en el escrito de la acusación, la FGR pidió al litigante reparar el daño económico por sus delitos, pero no por la cantidad que recibió en sus cuentas, sino por el total que pagaron por el edificio de la empresa. La Fiscalía aclaró que no pediría el decomiso de ningún bien, porque en esta investigación nunca aseguró ninguno ni a Collado Mocelo, ni a la Caja Libertad.
Además, en su acusación final, la FGR precisó que no existía ninguna negociación con miras a concederle al abogado un criterio de oportunidad o acuerdo reparatorio. “Hasta el momento no es aplicable alguna forma de terminación anticipada, derivado que no ha habido pláticas con los defensores de los imputados”, señaló.
Los datos y medios de prueba que ofreció la Fiscalía contra Collado son 24 testimonios, 12 peritajes y 65 documentales. Para establecer la pena de prisión, la FGR también pidió valorar 4 testimoniales, 2 peritajes y 6 documentales.
Por otra parte, la Fiscalía solicitó a Aquiles Villaseñor, condenar a Collado Mocelo a 9 años de prisión, por una presunta defraudación fiscal de 36.7 millones de pesos, correspondiente al impuesto sobre la renta de 2015.
En su escrito de acusación, la fiscal federal Lucía Santiago Leyva también pidió una reparación del daño por el mismo monto del delito, la suspensión de los derechos políticos del abogado, una amonestación y el apercibimiento para que se abstenga de volver a cometer un delito de esa naturaleza.
En la solicitud presentada el 29 de diciembre de 2022 a Aquiles Villaseñor, la FGR ofreció 15 testimonios, 2 pruebas periciales y 20 documentales, para tratar de acreditar la responsabilidad del abogado. No obstante, no pidió el decomiso de ningún bien porque no hubo aseguramientos y no había tampoco ningún acuerdo que evitara el juicio contra Collado Mocelo.
“Hasta el momento no existe propuesta de alguna salida alterna o de terminación anticipada del proceso”, confirmó la fiscal en su escrito. Según la FGR, en este asunto se acusaba a Collado Mocelo de un fraude al fisco, porque en 2015 declaró haber tenido ingresos por 74 millones 869 mil 347 pesos, pero cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) analizó sus estados de cuenta, determinó que en realidad el monto fue de 182 millones 827 mil 782 pesos.
El cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) supuestamente defraudado era de 36 millones 786 mil 881 pesos, suma que podría ser mayor, debido a las multas, recargos y actualizaciones.
El empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa denunció a Collado Mocelo ante la FGR, el pasado 7 de junio de 2019, por supuestamente haber recibido en el año 2015, 24 mdp, de un total de 156 millones de pesos, producto de la venta de un terreno de su propiedad, ubicado en Querétaro.
Bustamente Figueroa acusó que la Caja Libertad es “una Institución financiera que, al amparo de la oscuridad de las leyes financieras del país, realiza actividades ilícitas como blanqueo y/o lavado de dinero”, a través de empresas fantasma, y que los “verdaderos propietarios” son los políticos Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién y Mauricio Kuri González.
No obstante, la defensa de Collado Mocelo alegó que no existían pruebas de que el litigante haya sido miembro del consejo de administración de la empresa Libertad Sociedad Financiera, cuando se dice que recibió un pago de 24 millones de pesos, por la venta que supuestamente realizó Operadora Inmuebles del Centro, de un terreno en Querétaro.
Collado Mocelo fue detenido el 9 de julio de 2019, por agentes de la FGR, al interior de un restaurante ubicado en Paseo de las Palmas, colonia Lomas de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“El Ministerio Público Federal (MPF) solicitó y obtuvo del Juez de Distrito, Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, el mandamiento que fue ejecutado por policías federales ministeriales (PFM)”, indicó la FGR en un comunicado, a través del cual señaló que el abogado sería puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió.
Entre los clientes del litigante Collado Mocelo se encontraban el ex presidente Enrique Peña Nieto, a quien divorció de Angélica Rivera Hurtado; además del ex senador y líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, con quien, según testigos, el abogado comía esta tarde.
Otros de sus clientes fueron el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid; además de Raúl Salinas de Gortari, cuando el hermano del ex presidente de la República fue acusado de asesinar a su cuñado Francisco Ruiz Massieu, y del delito de lavado de dinero.
Además, defendió a Edgardo Codesal Méndez, ex dirigente de los árbitros mexicanos, implicado en grabaciones telefónicas ilegales del también silbante Felipe Ramos Rizzo; así como al empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz; y al ex candidato presidencial, Diego Fernández de Cevallos; entre otros.
Semanas antes de su detención, figuras relevantes de la política nacional, entre los que destacaron el ex presidente Peña Nieto, legisladores, funcionarios, y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se reunieron en la boda de la hija del abogado, egresado de la Universidad Panamericana y actual esposo de la actriz Yadhira Carrillo.
Los tres ministros de la SCJN que acudieron al enlace matrimonial de la hija de Collado fueron: Luis María Aguilar Morales, Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz; además del ex encargado de despacho de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán.
El litigante, quien también fue abogado de Eduardo Fernández García, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) -acusado de lavado de dinero y de tener cuentas bancarias en Suiza-, dirigía la firma de abogados: Collado & Asociados, y estuvo casado en otras dos ocasiones, entre ellas con la actriz Leticia Calderón, con quien procreó dos hijos.
