Juez niega vinculación a proceso de abogados ligados a Scherer, imputados por FGR

Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, suspendió las órdenes de aprehensión contra cuatro abogados del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, así como de un asesor financiero y representante de Grupo Afirme.

Ello por los delitos de extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa, que había solicitado la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, basado en las denuncias del también litigante Juan Ramón Collado Mocelo.

La FGR acusaba a los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, e Isaac Pérez Rodríguez, así como al asesor financiero David Gómez Arnau, de haberse coludido para extorsionar a posibles clientes con cantidades millonarias de dinero aprovechando la supuesta cercanía que tenían con altos mandos de la FGR y del Gobierno Federal, entre ellos, Julio Scherer Ibarra, ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Después de 23 horas de audiencia, Delgadillo Padierna desestimó todos los argumentos que la FGR vertió para solicitar vincular a proceso a los imputados. Al emitir su resolución, el juez federal observó que la Fiscalía señaló a Scherer Ibarra como parte fundamental de la presunta asociación delictuosa.

Sin embargo, el ex funcionario federal no fue citado a comparecer, lo que el impartidor de justicia consideró como un intento de “imputación ficticia” contra el ex titular de la Consejería Jurídico de la Presidencia de la República, con lo que se violó su presunción de inocencia.

Delgadillo Padierna añadió que la FGR aceptó iniciar un procedimiento ilegal contra los investigados, porque sabía que el criterio de oportunidad solicitado por Collado Mocelo -durante la denuncia que dio origen a la imputación- era improcedente.

El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, firmó que la FGR no presentó ningún dato de prueba que lleve a determinar la existencia de un delito y la probable comisión del mismo por parte de alguno de los investigados.

En consecuencia, Delgadillo Padierna ordenó dar vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que investigue y determine si Collado Mocelo o los fiscales encargados del caso, violaron los derechos humanos de Scherer Ibarra, de Araujo Rivapalacio, de González Hernández, de Pérez Rodríguez, y, de Gómez Arnau.

“No sólo investigan a Julio Scherer Ibarra, también lo hicieron con Santiago Nieto [Castillo], dichas personas no fueron llamadas a la audiencia de imputación y la FGR aprovechó la audiencia para mandarles una amenaza velada”, señaló Delgadillo Padierna.

“La Fiscalía General de la República se ha conducido con mala fe y mala intención [...] Si en su actuar existe perversidad, se necesita a Dios como abogado”, agregó el juez federal durante la audiencia de cancelación del proceso.

A través del fiscal federal Manuel Granados Quiroz, la FGR afirmó, el 18 de mayo del 2022, ante el mismo juez, que Scherer Ibarra formó parte de un grupo delictivo que usó las instituciones del Estado, para extorsionar y traficar influencias, obteniendo un lucro millonario.

“Julio Scherer Ibarra formó parte de una asociación delictiva integrada por más de 3 personas que operó de noviembre de 2018 a julio de 2021 y que tenía la finalidad de despojar a Juan Collado Mocelo y apoderarse de la Caja Libertad”, dijo Granados Quiroz.

La FGR pidió que Araujo Rivapalacio, González Hernández, Pérez Rodríguez, y, Gómez Arnau, fueran vinculados a proceso por los delitos de extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa.

Ello porque, supuestamente, por instrucciones de Scherer Ibarra, los imputados pretendieron obligar a Collado Mocelo a vender Caja Libertad a Banca Afirme -propiedad de Julio César Villarreal Guajardo, a quien el litigante señala como amigo del ex titular de la Consejería Jurídica presidencial-, como condición para otorgarle un acuerdo reparatorio que le permitiera salir de prisión.

Los 10 millones de pesos en efectivo que Collado Mocelo dice haber pagado a González Hernández o los 1.5 millones de dólares que entregó en España a Pérez Rodríguez, fueron pagos que según la FGR se hicieron a personas que traficaban influencias para el ex consejero jurídico presidencial.

La FGR agregó que también existe una responsabilidad penal en los servidores públicos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaría y de Valores (CNBV), el Poder Judicial de la Federación (PJF) y de la propia Fiscalía, que se prestaron al tráfico de influencias de los supuestos emisarios de Scherer Ibarra.

Los fiscales federales presentaron un total de 75 datos de prueba para acreditar la implicación de los abogados y el asesor financiero, quienes finalmente comparecieron juntos hasta la cuarta ocasión en que fueron citados por la autoridad judicial.

El fiscal Granados Quiroz señaló que Agustín Acosta Azcón, abogado de Gómez Arnau, estaba impedido para participar en la audiencia, porque en sus oficinas de la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, de la capital de la República, se recibió una notificación de la UIF, que fue parte de la supuesta extorsión a Collado Mocelo.

Dicho documento es el que señalaba que el abogado no era investigado por la institución dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ni es parte de la Lista de Personas Bloqueadas. El fiscal federal también acusó a Acosta Azcón de litigar un asunto o asuntos relacionados con buques, “por encargo de Julio Scherer”.

Granados Quiroz también señaló a Alejandro Robledo Carretero, defensor de González Hernández, porque dijo que Scherer Ibarra lo colocó como titular de la Subsecretaría de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de la Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal y dejó dicho cargo con la salida del ex consejero Jurídico.

Asimismo, el fiscal federal pidió dejar fuera de la audiencia a Diego Madrazo Labardini, defensor de Araujo Rivapalacio, por ser parte del mismo despacho de su defendido, ya que más adelante podría resultar imputado de un delito.

“Me parece vergonzoso que la fiscalía inicie con amenazas veladas. En efecto fui socio de Juan Araujo hasta el 2020 y no tengo relación con él. Me parece que es una amenaza velada”, respondió, en su turno, el abogado Acosta Azcón.

Por su parte, Robledo Carretero rechazó el señalamiento y dijo que Scherer Ibarra no lo puso en el cargo, ya que, según él, fue el presidente de la República quien le dio el nombramiento, además de que no renunció al mismo tiempo que el ex consejero Jurídico