Jueces piden a ONU y gobiernos democráticos condenar reforma judicial al considerarla un ‘golpe de estado’
Jueces y magistrados expresaron este lunes que la reforma judicial aprobada por Morena y aliados en el Congreso en septiembre pasado es “un golpe de estado”, por lo que llamaron a organismos internacionales como la ONU y gobiernos democráticos a condenarla por ser un “retroceso democrático y jurídico”.
“Hacemos un llamado a la sociedad y a la comunidad internacional a no permanecer en silencio a este golpe de estado franco y abierto”, dijo Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados y Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED).
En línea con Fuentes Velázquez, la magistrada Iliana Fabricia Contreras coincidió que la reforma judicial es un “golpe de estado” que encamina a México hacia una “dictadura”.
“Hoy no está en riesgo la posición de jueces y magistrados, hoy está en riesgo la democracia y el equilibrio de poderes. Hoy podemos estar yendo ya al camino de una dictadura, un golpe de estado con la desaparición del Poder Judicial de la Federación”, advirtió Contreras, directora nacional de Organización de la JUFED.
Jueces ven “retroceso democrático y jurídico” en reforma judicial
La JUFED consideró que esta reforma judicial es “un retroceso democrático” por lo que llamó a la comunidad internacional a condenarla y a la Suprema Corte de México a defender al Poder Judicial.
“Instamos también a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los gobiernos democráticos del mundo a condenar este retroceso democrático, que coloca a México del lado de las autocracias”, de acuerdo con un comunicado de la JUFED leído por Juana Fuentes Velázquez en conferencia de prensa.
También mandaron un mensaje a la Suprema Corte para pedirle que defienda al Poder Judicial.
“Hacemos un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a asumir su responsabilidad histórica en la defensa de la independencia judicial”, expresaron.
La reforma judicial enviada por el ahora expresidente de México Andrés Manuel López Obrador y aprobada por Morena y aliados en el Congreso de la Unión ha comenzado a implementarse con el inicio del proceso para elegir en 2025 a jueces.
Jueces y magistrados alertan que reforma judicial pone en riesgo compromisos de México en el T-MEC
Los representantes de la JUFED también alertaron que esta reforma judicial tendrá repercusiones negativas para la economía mexicana porque consideran que afecta la confianza de inversores en el Poder Judicial del país.
“La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no solo afectan a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial, crucial para el desarrollo económico y social del país”, expusieron los jueces y magistrados en un comunicado divulgado también en sus redes sociales.
Para ejemplificar los efectos económicos negativos que ven en la reforma judicial, la JUFED, advirtió que se ponen en riesgo los compromisos comerciales de México con Estados Unidos y Canadá firmados en el T-MEC.
“Esta reforma, al eliminar la independencia judicial, compromete seriamente el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por México, especialmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, afirmaron.
Los jueces y magistrados explicaron que el T-MEC exige a los países miembros que tengan un sistema judicial imparcial e independiente para resolver posibles disputas comerciales.
Pero con los cambios constitucionales aprobados en México se ponen en riesgos esos compromisos pues se debilita el marco legal “que protege los derechos de ciudadanos e inversores”, expusieron.
La JUFED enumeró “impactos preocupantes” de la reforma judicial en su principal acuerdo comercial, el T-MEC.
Entre ellos, mencionó que esta reforma judicial no respeta la alta especialización y competencia de los tribunales actuales en áreas como telecomunicaciones, propiedad intelectual y medio ambiente.
“Puede afectar la capacidad de México para cumplir con sus obligaciones bajo el T-MEC”, mencionó.
Otros impacto es que la independencia e imparcialidad de los tribunales federales especializados está en riesgo.
“La falta de un sistema judicial confiable podría erosionar la confianza de los inversores y desincentivar la inversión en el país”, advirtieron.
