INE impugnará ‘plan B’ de AMLO ante SCJN, por poner ‘en riesgo’ elecciones
Los 11 consejeros que integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) anunciaron, el 25 de enero de 2023, que interpondrán todos los recursos jurídicos al alcance contra el llamado “plan B” de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo acciones de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una vez que sea aprobada por el Congreso de la Unión.
Durante una sesión extraordinaria del Consejo General del INE, se presentó un informe respecto al impacto y riesgos de la reforma electoral, en la cual, cada uno de los consejeros del INE señalaron que está hecha desde el poder y busca beneficiar al Gobierno actual.
El informe advierte que el “plan B” de la reforma electoral debilita la estructura del INE, lo que pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024, además de vulnera la autonomía técnica del órgano constitucional autónomo, en materia de fiscalización.
Asimismo, el informe advierte que se retrocede en avances del voto electrónico; se modifican plazos que afectan la conformación del padrón electoral y los cómputos de las elecciones; además de que agrava la falta de condiciones para competencia pareja con el involucramiento de servidores públicos y retroceso del voto electrónico, entre otros puntos.
Los consejeros del INE también anticiparon un aumento en el número de litigios poselectorales y potenciales nulidades de votación en casilla, lo que pondría en riesgo la estabilidad política y gobernabilidad democrática.
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, alertó que, de aprobarse en dichos términos, “debemos prepararnos para vivir en 2024, semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre en los resultados de dichos comicios, con todo y lo que ello implica en materia de gobernabilidad democrática y paz pública”.
“Si el proceso legislativo se culmina y se publican los cambios legales, lo que tendremos delante de nosotros es la primera reforma regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral y postelectoral de la elección más grande de nuestra historia”, señaló el presidente del Consejo General del INE.
Asimismo, ante la falta de apertura de la mayoría en el Poder Legislativo, Córdova Vianello sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y a la estabilidad política de este país”.
“Ante esto estamos, una apuesta desde el poder para minar las elecciones libres y auténticas comprometiendo el ejercicio del voto libre. Ahora, desde arriba, desde lo más alto del Estado, se quiere destruir el sistema electoral que permite la vida democrática”, lamentó, por su parte, el consejero Ciro Murayama Rendón.
Sin embargo, el representante del partido Morena ante el Consejo General del INE, Mario Rafael Llergo Latournerie, intentó retirar del orden del día la presentación del informe, al señalar que estaba al margen de la ley, porque, según él, la propuesta seguía en trámite legislativo.
Tras no prosperar la petición del también diputado federal, Llergo Latournerie afirmó que la reforma electoral exigía una democracia más austera, acabar con los altos salarios de consejeros y una autoridad imparcial e independiente.
“Ya chole con tantas mentiras, que para su disgusto sólo comprueban una cosa: en México hay tanta democracia y libertades que cualquiera pueda manifestarse, incluso con un discurso iracundo, lleno de odio y mentiras como de quienes afirman defender al INE”, expresó el representante de Morena ante el INE.
ALGUNAS DE LAS AFECTACIONES A LA DEMOCRACIA, SI SE CONCRETA EL “PLAN B”, SEGÚN EL INFORME DEL INE
De concretarse el denominado “plan B” de la reforma electoral, el INE advierte que generará incertidumbre en la integración de las casillas, el traslado de paquetes electorales y hasta en el conteo de votos en la elección del 2024.
En el informe interno que el Consejo General discutió, el 25 de enero de 2024, se enfatizó que se despedirá a 5 mil 80 empleados de las juntas distritales, sin sumar el personal de juntas locales y oficinas centrales. La falta de personal y la poca experiencia también impactará en el traslado de paquetes, lo que provocará incertidumbre para los partidos.
Ante ello, la reducción de personal, aunado a la contratación de empleados temporales y sin capacitación, cambios legales en los procesos y reducción de plazos pondrá en duda “la certeza jurídica y legitimidad” de la contienda en la que se elegirá al próximo Presidente de la República.
A nivel central, la reforma busca fusionar una decena de áreas, sin embargo, el INE alerta que unir las direcciones de Organización con Capacitación, junto la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES), generaría un colapso mayor, ya que esas dos direcciones representan al menos el 40 por ciento del total de actividades institucionales que se desarrollan a lo largo del proceso electoral.
“El análisis de estas modificaciones revela la inviabilidad de que el Instituto esté en condiciones de realizar, con los plazos establecidos y bajo los parámetros de calidad y eficiencia conocidos, las actividades vinculadas con la preparación y organización de los procesos electorales”, indica el informe.
Por ejemplo, al no desaparecer el Programa de Resultados Preliminares (PREP) e iniciar el mismo día el conteo distrital, se suprimirán procesos que dan garantías de trasparencia y certeza a las elecciones, así como a sus resultados, además de que no se reducen costos.
Las presidencias de los consejos ya no rendirán un informe sobre el estado de las actas de escrutinio y cómputo, por lo que los partidos no podrán disponer de una copia de los resultados de la casilla, y aunque en la propuesta de reforma electoral se habla de un cotejo, no se aclara con qué documentos.
“[Con el nuevo diseño del proceso] se haría más tardado y potencialmente más conflictivo el cómputo. Se incrementaría la posibilidad de las impugnaciones por parte de los partidos y actores políticos, al no tener la certeza de lo que se está computando”, señala el informe.
Asimismo, al adelgazar la estructura de la organización de las elecciones, y que ésta sea improvisada, se impactarían los recuentos parciales y totales de votos que se hacen en cada elección, y que promedian el 60 por ciento de los paquetes.
Además, en la reforma electoral se plantea disminuir la base de la primera insaculación del 13 al 10 por ciento de la lista nominal por sección, con lo que se reduce el universo de personas que cumplan los requisitos para ser funcionario de casilla.
Aunado a lo anterior, el nuevo modelo establece que no se visite el 100 por ciento de los insaculados, generando mayor ausentismo de funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, y se reducen los tiempos para la insaculación y capacitación, con lo que habría un incremento de errores en el procedimiento de la recepción de la votación, escrutinio y cómputo de los resultados en la casilla.
Asimismo, cambiar la fecha del arranque del inicio del proceso electoral, de septiembre a noviembre, afectaría la contratación de supervisores y capacitadores que visitarán a los insaculados y los capacitarán.
Además, la reforma electoral plantea que el registro de representantes de los partidos en casillas pueda hacerse 48 horas antes de la elección, y no en 13 días, por lo que la sustitución de éstos se dé el mismo día de la elección, y no 10 días antes. Esto imposibilita que todos los funcionarios cuenten con listas de representantes actualizadas, ya que en algunos casos deben trasladarse en lancha o avioneta, lo que provocará que no se les permita el ingreso, lo que sería una causa de nulidad de la votación en casilla.
También se impacta la certeza jurídica el cambio de fechas para las precampañas, ya que al no modificar el periodo para el registro de candidaturas, no da espacio a la resolución de impugnaciones y de facto modifica los tiempos de campaña establecidos en la Constitución. Aunado a lo anterior, la reforma electoral propone fechas contradictorias para la asignación de diputados de representación proporcional, lo que podría ser factor de impugnaciones.
VA POR MÉXICO EN SAN LÁZARO PRESENTARÁ NUEVA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA “PLAN B” DE AMLO
Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dio a conocer que, el 25 de enero de 2023, la alianza legislativa “Va por México”, integrada por los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), acudirían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para presentar una nueva acción de inconstitucionalidad en contra del llamado “plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador, que contiene diversas reformas en materia electoral.
“Les anticipo que mañana miércoles, estaremos presentando ya desde la Cámara de Diputados, a través de los grupos del PAN, del PRI y del PRD, una nueva acción de inconstitucionalidad controvirtiendo igualmente las reformas que se hicieron a la ley de Comunicación Social por una parte y por otra a la que rige a los Servidores Públicos”, explicó el diputado panista.
En conferencia de prensa, Creel Miranda explicó que las acciones de inconstitucionalidad serán porque se ha autorizado que los servidores públicos hagan campaña, que la propaganda que realicen simple y llanamente no se tome en cuenta para ningún tipo de sanción.
“Todo esto hace que la competencia electoral sea totalmente inequitativa, que las campañas se adelanten y que no exista prácticamente sanción alguna para que los funcionarios o servidores hagan campaña, fundamentalmente las corcholatas, que reciben aportaciones y estas se traduzcan en su promoción y propaganda política y tercero han disminuido las sanciones”, agregó el diputado panista.
El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro recordó que, tanto la dirigencia de su partido, el PAN, como sus aliados, PRI y PRD, ya hicieron lo propio al acudir a la SCJN y presentar dicho recurso contra la Ley General de Comunicación Social y la Ley Orgánica de la Administración Pública, en su dimensión de servidores públicos.
