Impunidad alienta a que continúe la tortura en México, denuncia ONU-DH
En conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) hace un llamado a intensificar los esfuerzos para investigar adecuadamente los casos de tortura y sancionar a los responsables.
Los organismos internacionales han observado que el Estado mexicano ha tomado medidas para prevenir la repetición de actos de tortura. La Ley General sobre esta materia estableció las bases normativas para combatirla. Además, los controles en el sistema de justicia han servido para desalentar el uso de la tortura en el funcionamiento del sistema penal.
La Oficina señaló que estos avances deben ir acompañados de una lucha efectiva contra los altos niveles de impunidad que persisten en los casos de tortura, a fin de lograr una verdadera política de prevención. Según los datos actualizados hasta diciembre de 2022 por el Observatorio contra la Tortura (sintortura.org), basados en información oficial, en ocho años solo se emitieron 64 sentencias por el delito de tortura (43 de ellas a nivel federal). En 24 entidades federativas no se ha dictado ninguna sentencia.
“La falta de sanción es una muestra de permisividad estatal para que los perpetradores continúen torturando impunemente, así como para que otros actores recurran a esta práctica u otras igualmente lesivas de la dignidad humana”, dijo en el comunicado.
Guterres: Hay que desmantelar y transformar los sistemas que permiten la tortura
“La tortura nos rebaja a todos y rebaja todo lo que toca, incluyendo a los torturadores y a los sistemas y Estados donde ocurre”, afirmó este lunes el Secretario General de la ONU en conmemoración del Día en Apoyo a las personas que han sufrido este delito, que se celebra cada 26 de junio.
En su mensaje para la efeméride, António Guterres recordó que no podemos permitir que los crímenes cometidos por los torturadores “queden impunes”, e indicó la necesidad de “desmantelar y transformar los sistemas” que permiten la tortura.
Definió la tortura como acto físico o psicológico que representa una “violación atroz de los derechos humanos” y que, pese a estar prohibida por el derecho internacional, afirmó que se sigue aplicando en muchas naciones, incluso en las que la tortura está tipificada como delito.
El titular de la ONU destacó la necesidad de empoderar a las víctimas, los supervivientes y sus familias, ayudándoles a obtener justicia, y encomió la labor del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, instando a que se proceda a su reposición.
La Asamblea General de la ONU creó el Fondo en 1981 para ayudar a las víctimas y sus familias a reconstruir sus vidas y buscar reparación a las violaciones de derechos humanos.
Tolerancia cero con los actos de tortura cometidos por las fuerzas armadas
Por su parte, los mecanismos de la ONU contra la tortura también llamaron a los Estados a prohibir esta práctica y destacaron su frecuente uso en muchos conflictos armados.
Los expertos de las Naciones Unidas en garantías fundamentales recordaron a todos los actores implicados en conflictos que las protecciones las leyes internacionales de derechos humanos continúan vigentes en situaciones de enfrentamientos.
“Los Estados deben adoptar un principio de tolerancia cero a la hora de investigar y enjuiciar los actos de tortura cometidos por sus fuerzas armadas, y por aquellas fuerzas bajo su control efectivo”, declaró el presidente del Comité contra la Tortura. “Un primer paso vital en este sentido es la tipificación explícita de la tortura como delito en el ámbito nacional”, especificó Claude Heller.
Los especialistas señalaron que los países que ratificaron el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura están obligados a establecer unos Mecanismos Nacionales de Prevención, cuyo mandato incluye visitas a los lugares de privación de libertad.
En los países que no ratificaron este tratado internacional y carecen de estos Mecanismos, indicaron que las instituciones nacionales dedicadas a derechos humanos u otros órganos de vigilancia pueden asumir esta función
La relatora especial sobre la tortura, Alice Jill Edwards, destacó que las guerras y conflictos civiles pueden usarse como pretexto para que los torturadores actúen con total impunidad.
“Los soldados están especialmente obligados a desobedecer las órdenes de torturas u otros malos tratos y los Estados deben promulgar leyes que les amparen frente a la persecución por actuar de ese modo. Todo el mundo debe enfrentarse a los torturadores y a quienes los consienten”, afirmó.
