Hermana de García Luna denuncia tortura y falta de atención médica en la cárcel

Gloria García Luna, hermana de Genaro García Luna, ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública, acusó a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Femenil, Número 16, ubicado en Coatlán del Río, Estado de México, de tortura, segregación, hostigamientos, incomunicación y omisión de brindarle atención médica.

Según lo reportó el diario El Universal, este 31 de julio, un juez de amparo concedió una suspensión de plano a la hermana del ex funcionario federal para que cesaran de inmediato la tortura, segregación, hostigamiento e incomunicación que denunció.

Además el juez de amparo ordenó a las autoridades penitenciarias que brindaran de inmediato la atención médica necesaria a su alcance y posibilidades, que fueran de acuerdo a los padecimientos de Gloria García Luna.

Los abogados de Genaro García Luna acusaron, el 19 de marzo pasado, ante el juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, que, entre otras cosas, la administración encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador obstruyó la defensa legal del ex funcionario federal mexicano por las acusaciones de narcotráfico, que concluyeron en un veredicto de culpabilidad en su contra, por lo que debería de concederle “un nuevo juicio”.

El litigante detalló que desde la Presidencia de la República mexicana se creó un ambiente hostil contra el ex funcionario federal y cualquiera que hubiera colaborado con él, incluyendo la detención de la hermana y el sobrino de García Luna.

Gregorio Salazar Hernández, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso, el 20 de diciembre de 2023, a Gloria García Luna y Édgar Anuar Rodríguez García, hermana y sobrino, respectivamente, de Genaro García Luna, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El juzgador federal también les imputó, tanto a García Luna como a Rodríguez García, la prisión preventiva justificada, por un plazo máximo de hasta dos años. Al mismo tiempo les fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, en el cual, tanto la Fiscalía General de la República como el defensor público federal reunirán sus respectivos datos de prueba.

La hermana de García Luna fue enviada para llevar su proceso al Cefereso Femenil, Número 16, mientras su hijo fue enviado al Cefereso No. 1, El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

El juez también ordenó al penal morelense extremar medidas para garantizar la seguridad y la integridad física de la procesada, debido a que dijo que temía ser víctima de un atentado, porque que varias de sus compañeras de celda fueron detenidas y sentenciadas durante la gestión de García Luna, en la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Mientras que a Rodríguez García, sobrino del ex funcionario federal, no le implementaron medidas adicionales de seguridad, porque él dijo que no las necesitaba, al estar aislado en una celda durante 23 horas del día, dentro de El Altiplano.

Durante la audiencia, la hermana de García Luna tomó la palabra para defender a su familia y responsabilizar a la FGR de cualquier agresión de la que pudieran ser víctimas ella y su hijo, mientras permanecerían en prisión.

“No tenemos antecedentes penales, no tenemos más interés que nuestro nombre como familia, que ha sido mancillada por los medios de comunicación y las autoridades. Oro a Dios que no escuchen mis apellidos y esto es difícil porque todos los días nuestro nombre es mencionado en las llamadas ‘mañaneras’, la población no entiende que no somos delincuentes y que estamos siendo expuestos por nuestra condición de familia por las autoridades y no se puede pasar por alto”, insistió García Luna.

“No es una situación que se deba soslayar que se sepa entre los internos que soy hermana del ingeniero, yo puedo sufrir un atentado y también mi hijo. A la FGR yo la hago responsable de mi vida e integridad física y de la de mi familia”, agregó la imputada, quien también fue titular de la Dirección de Prevención Social, de la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos.

Gloria García Luna y su hijo eran accionistas de GLAC Security Consulting, una empresa de seguridad privada constituida en 2014, que tenía contratos de consultoría con los gobiernos federal y algunos estatales, partidos políticos y empresas.

Dicha compañía está inmersa en la trama de triangulación de recursos de los contratos del sistema penitenciario, según una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Según la UIF, entre 2015 y 2019 Nunvav, una empresa constituida en Panamá en 2005, misma que participó en los contratos ilícitos, hizo transferencias a Operadora Grupo Gas Mart, otra compañía cuya contabilidad supuestamente controlaban los supuestos cómplices de García Luna. A su vez, esta gasera depositó 20 millones 800 mil pesos a Glac Security Consulting.