Guerra con ‘g’ de género: al menos 222 mujeres han sido asesinadas y desaparecidas en México por fuerzas de seguridad

F. es una mujer joven que, en mayo de 2019, encontró una billetera tirada en la calle, afuera de un casino en el estado de Michoacán.

Ante el hallazgo, ella cuenta que su primer impulso fue buscar alguna identificación del propietario, para contactarlo y devolvérsela. Y sí, la cartera contenía dos identificaciones en las que aparecía el mismo hombre retratado, aunque con nombres distintos, lo que a la joven le pareció extraño.

Por eso abandonó la idea de regresar la billetera personalmente y, en cambio, se aproximó al policía que cuidaba el acceso al casino, para pedirle que la entregara a su dueño en caso de que la requiriera.

Devolver ese artículo de uso personal fue un acto de buena fe, de honestidad, pero un día después, cuando el dueño de la cartera tocó a la puerta de su vivienda, F. comenzó su largo arrepentimiento.

Ver a ese hombre desconocido fuera de su casa, cuenta F., “me alarmó, ya que desconozco cómo conoció mi domicilio... él me dijo: ‘Soy la persona a la que le dejaste la cartera, ¿te puedo invitar a salir, para agradecerte?’. Y yo le dije ‘no, gracias, no me interesa conocerlo’... entonces esa persona dijo que le gustaba mi camioneta y que iba a ser de él, mi camioneta estaba estacionada afuera de mi casa y se acercó al cristal del copiloto, le dio un golpe con algo y lo quebró. Luego se fue.”

A partir de entonces, F. sufrió el acoso de esa persona, a la que describe como un hombre obeso, bajo de estatura, con bigote y cabello muy corto, que comenzó a acudir reiteradamente a su vivienda para dejarle notas escritas en trozos de papel. Sin saber la joven cómo, esa persona también obtuvo su teléfono para hostigarla con mensajes de texto y llamadas, en una de las cuales, recuerda ella, “me dijo que a él nadie lo rechazaba, que tenía mucho dinero, que cómo una puta vieja como yo lo iba a rechazar”.

F. decidió entonces presentar una denuncia ante la Fiscalía de Michoacán. Pero así como salió de las oficinas de dicho organismo, la joven recibió una nueva llamada de su agresor, quien le advirtió que ya estaba enterado de lo que acababa de hacer.

La joven comenzó entonces a sospechar que su acosador gozaba de un trato especial por parte de las autoridades de seguridad de Michoacán, que le proporcionaban información confidencial que él usaba para hostigarla. “Cambié de teléfono una y otra vez –recuerda–. Y teléfono que yo registraba en Fiscalía, para que pudieran contactarme, era teléfono que esa persona conseguía... se lo daban ahí.”

Esa complicidad entre las autoridades y su acosador la confirmó meses después, en agosto de 2020, cuando un grupo de policías estatales la abordó mientras abría la puerta de su casa.

Tras ponerle una navaja en el cuello, esos policías le advirtieron que estaban ahí por encargo de la persona a la que ella había denunciado y que su instrucción era matarla. Luego, la introdujeron a golpes a su propia vivienda.

“Me dañaron –narra F.– me hicieron mucho daño físicamente y psicológicamente... son cosas muy difíciles de contar para mí... me quebraron tres costillas, me dejaron coágulos en el cerebro (por los golpes)... me violaron”.

F. fue abandonada inconsciente dentro de su vivienda, luego de que los policías agresores la creyeran sin vida. Pero no: aunque con secuelas graves, ella sobrevivió al intento de feminicidio y hoy está lejos de su ciudad natal, puesto que, aun cuando denunció los hechos, los policías agresores siguen en el cargo y el hombre que la hostigaba, que los mandó a matarla, nunca fue investigado.

Sin que sea una cifra definitiva, sino sólo una muestra de un universo no determinado de casos, a través de una búsqueda documental y hemerográfica, durante esta investigación fue posible identificar 222 mujeres que fueron víctimas de asesinatos y desapariciones en México, desde el año 2006 y hasta 2022, a manos de policías estatales, agentes federales, soldados y marinos, es decir, integrantes de las corporaciones que, al cobijo de la estrategia conocida como “guerra contra el crimen organizado”, ejercen sus funciones con amplia discrecionalidad. Tan amplia, que en ella caben actos criminales.

De esas 222 víctimas, nueve lograron sobrevivir, F. es una de ellas.

En el resto de los casos identificados, la violencia ejercida por la autoridad terminó en la muerte de las víctimas, en su desaparición e, incluso, en el extraño y cruel limbo que se abre entre ambos tipos de crímenes.

Los casos identificados como parte de esta investigación evidencian que la violencia de las autoridades en contra de mujeres, en el marco de la guerra contra el crimen organizado, se ejerce como una demostración de poder y dominio sobre los cuerpos de las víctimas, así como sobre los territorios cuyo control reclaman los integrantes de las fuerzas públicas y, de esa forma, sobre las vidas de sus habitantes.

Los 222 asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de mujeres identificados en esta investigación ocurrieron en el marco de operaciones para prevenir la acción de grupos delictivos, lo mismo que en contextos de complicidad con dichos grupos.

Además, el permiso tácito del Estado para que estas formas de violencia de género se practiquen, también traslada su ejercicio a otros ámbitos de la vida de los integrantes de corporaciones oficiales de seguridad, como sus casas, sus barrios y sus comunidades, es decir, a la vida de otras personas que terminan siendo víctimas del abuso de poder de los agentes agresores, fuera de acciones institucionales.

En noviembre de 2020, por ejemplo, Susana Cerón Zenteno, de 33 años de edad y empleada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, fue raptada presuntamente por su pareja sentimental, el policía estatal Efrén Hernández Romero, al que meses antes había conocido en la misma corporación.

“Llegaron a la casa –narra su mamá, la señora Susana Zenteno–, entonces él empezó a pelear con ella, ella se metió a la casa, dejó su celular y este hombre entra, lo agarra, y ella le dice ‘dame mi celular’. Y este hombre se baja las escaleras y ella lo alcanza, pero él ya estaba en su camioneta. Entonces no le quiso dar el celular, ella abrió la puerta de la camioneta y él la jaló, cerró y se arrancó. Desde ese momento ya no supimos nada. Nada ya”.

Aunque el rapto fue denunciado, las autoridades de Puebla no emprendieron ninguna acción para localizar a Susana, ni siquiera por ser empleada de la policía estatal, ni tampoco al agente que la privó de la libertad. “No la buscaron –recuerda su madre, con frustración–. No hicieron nada, la verdad.”

Doce días después, el cadáver de la joven madre fue encontrado en un lote baldío, con signos de tortura. Según los estudios forenses, su agresor la mantuvo con vida durante al menos ocho días y luego la asesinó, por lo que una búsqueda expedita de las autoridades hubiera tenido altas posibilidades de rescatarla con vida. Pero no fue así.

“Ella era una muchacha muy alegre, nunca fue una persona problemática –recuerda su mamá, quien quedó a cargo de las tres hijas de Susana–. Ella era una buena mamá también, ¿por qué no voy a decirlo? Siempre fue una buena madre. Trabajaba siempre para sus hijas. Cuando pasó lo que pasó, la más niña tenía 5 años, la otra tenía 9 y la otra niña tenía 11... Ella era el sostén de la casa.”

En enero de 2021, dos meses después del feminicidio, el presunto agresor fue detenido en Chiapas, con papeles de identidad falsos con los que pretendía salir del país. Sin embargo, el cadáver de su víctima no fue suficiente prueba de su crimen y durante los siguientes dos años el agresor sólo enfrentó cargos por desaparición.

No fue sino hasta marzo de 2023, más de dos años después del asesinato de Susana, que el Ministerio Público logró que el delito de feminicidio fuera también incluido en el juicio que hasta la fecha se sigue contra ese policía.

Tal como informaron las fiscalías de justicia de todo el país, en respuesta a solicitudes de transparencia formuladas como parte de esta investigación, desde 2006 han sido procesados penalmente 51 agentes de fuerzas estatales o federales por los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres.

Sin embargo, los registros administrativos en materia penal que difunden los tribunales de justicia de todo el país, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, revelan que las fiscalías sólo reunieron evidencias suficientes para iniciar juicios penales contra tres uniformados, por feminicidios cometidos entre 2006 y 2019 (último año reportado). Contra el resto no se fincaron cargos ante ningún tribunal.

De esos tres agentes contra los que sí se inició juicio, ninguno de ellos había recibido sentencia, hasta la última actualización que las autoridades realizaron a dichos datos.