Guadalajara, la Ciudad Inhabitable: ¿Redensificación o destrucción de vivienda?

Por Andrés de la Peña, Kevin Josué Ibarra, Alitzel García, Iván García, Joel Arroyo y Cristian Cantero; con colaboración de José Toral.

Decenas desarrollos inmobiliarios verticales han emergido regular e irregularmente en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) desde el año 2010; sin embargo, la mayoría de ellos se encuentran deshabitados.

Un recorrido por 56 de las llamadas torres verticales ubicadas entre las avenidas México, Niños Héroes, López Mateos y la calzada Independencia, sumando casos de interés en San Andrés, Miravalle, Providencia, el Country, Puerta de Hierro, Juan Palomar y Arias, esto en los municipios de Guadalajara y Zapopan, confirmó que más que viviendas, éstas son empleadas por su utilidad como inversión especulativa y depósito de valor.

Este fenómeno inmobiliario conocido como “financiarización de la vivienda”, ha provocado que la mayoría de los departamentos de estos desarrollos sean acaparados por inversionistas que no los habitan. Esto produce un aumento en los precios de la vivienda y la renta, pero lo más preocupante contribuye a la expulsión de población que se ubica en torno a ellos, pues vivir alrededor de estos “elefantes blancos” resulta inviable e insostenible.

El siguiente mapa muestra parte del desarrollo inmobiliario vertical de la ciudad, ¿pero esto que se construyó y construye para “rehabitar” algunas zonas del AMG, es realmente una vivienda?.

Una revisión de 56 desarrollos verticales en Guadalajara y Zapopan reveló que se encuentran mayormente deshabitados, aunque se comercializan a altos precios por su valor como inversión. Al revisar su consumo de agua y electricidad, y a través de visitas reiteradas, el equipo de esta investigación descubrió que alojan a muchas menos personas de las que podrían.

En el último censo de población, se observó que el municipio de Guadalajara perdió 7% de su población desde 2010 y que, alrededor de estas torres, una de cada cinco viviendas se encuentra deshabitada. A pesar de ello, los precios de la vivienda y la renta en el área metropolitana siguen en aumento.

Una revisión de 56 desarrollos verticales en Guadalajara y Zapopan reveló que se encuentran mayormente deshabitados, aunque se comercializan a altos precios por su valor como inversión. Al revisar su consumo de agua y electricidad, y a través de visitas reiteradas, el equipo de esta investigación descubrió que alojan a muchas menos personas de las que podrían.

Según el Índice de Precios de la Vivienda, el Área Metropolitana de Guadalajara es la que más ha se ha encarecido desde 2017, con un crecimiento de precios reales de 27.9 por ciento. Entre los municipios registrados individualmente, Zapopan es el que más se ha encarecido en todo México, con un aumento de precios reales de 33.6 por ciento.

Los precios para conseguir un lugar habitable han aumentado tanto en el área metropolitana que, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el ingreso promedio en Guadalajara y Zapopan sólo alcanza para cubrir 40% del precio promedio de la renta ahí. En Tlajomulco, el ingreso alcanza para 51%; en Tlaquepaque y El Salto, para 85 por ciento. Solamente en Tonalá el ingreso supera a la renta.

Para tener una dimensión real de la situación actual en la metrópoli, una familia en la ciudad sólo puede darse el lujo de pagar 60% de la renta promedio en Guadalajara o Zapopan. Y eso si junta todos sus ingresos.

Es por esto que, según expertos del Instituto de Información Estadística y Geográfica consultados para esta investigación, se ha dado una expulsión de población desde el centro hacia las afueras. Para entender la dinámica, el equipo entrevistó a Mireya Pasillas, directora de la unidad de estadística económica-financiera del IIEG:

─No podemos separar lo que está pasando en Guadalajara de lo que está pasando en los municipios de la Zona Metropolitana. El mercado de vivienda se detonó mucho en Zapopan y Tlajomulco. Si allá tienes bastante oferta y puedes comprar una casa más grande, a lo mejor más alejada, eso incentiva a la despoblación [...] la población de la zona metropolitana no ha caído, la que ha caído es la del municipio de Guadalajara porque los otros sí han crecido ─

Por este fenómeno es que se ha expulsado a tanta población del municipio de Guadalajara, que perdió el 7% de sus habitantes desde 2010.

¿Por qué aumenta tanto el precio de la vivienda si hay tantas casas vacías? Gabriela Gallegos Montero, coordinadora de la carrera de Desarrollo Inmobiliario Sustentable en el ITESO, explica:

─Yo atribuyo el crecimiento de todas estas zonas a esa cartera de diversificación que tienen algunos empresarios. Muchos empresarios, que no tienen nada que ver con el tema inmobiliario, sino que, más bien, sus áreas comerciales son distintas, han buscado diversificar y asegurar el crecimiento de su dinero [...] Hay gente que compra departamentos no para habitarlos, sino para tenerlos ahí y en cinco o seis años poder venderlos.─

Esta es la lógica de una burbuja inmobiliaria: los precios suben porque existen personas dispuestas a pagar más para obtener viviendas como inversión y especular sobre su precio al futuro. Por otro lado, como los costos suben, esta inversión parece sólida incluso si nadie puede habitar estos espacios.

Empresas inmobiliarias, un giro altamente popular en Jalisco

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Empresariales, en tan solo 10 años se ha quintuplicado el número de empresas inmobiliarias en Jalisco, conforme crece la inversión en bienes raíces.

Según el directorio, 65% de estas empresas emplean menos de seis personas, y otro 20.8% emplea entre 6 y 10, lo cual indica la posible existencia de empresas fantasma en el nuevo mercado inmobiliario de Jalisco. Imagínate una empresa dedicada a la construcción, pero que tiene menos empleados que un salón de clases en pandemia.

El sector inmobiliario y de alquileres ahora representa la segunda actividad más importante en Jalisco; en 2019 aportó el 12.87% del Producto Interno Bruto del Estado según el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco.

Sin embargo, además de aumentar los precios de la renta, la especulación en bienes raíces representa un grave peligro: el valor de la vivienda depende de que exista un comprador final que pueda y quiera habitarla.

Así, entre más suben los precios es menos probable que lleguen suficientes compradores con dinero y ganas de habitar estos espacios.

María Fernanda Rosales, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Guadalajara lo explica:

─La gente que tiene acceso a una propiedad de ese monto no es la misma que al final podría rentarla [...] pretenden que quien la rente sea una persona en la misma situación económica que ellos, pero una persona en la misma situación económica que ellos no se va a ir a vivir a un departamento: se va a ir a una casa gigante─

En lugar de inquilinos, cada vez son más los inversionistas y empresas quienes obtienen la propiedad de la vivienda. En México y el mundo, por ejemplo, se han conformado Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces, llamados FIBRAS.

Estos esquemas permiten la inversión en desarrollos inmobiliarios sin comprar una parte real de los mismos, como acciones en una empresa. En España e Irlanda se encontró que las viviendas comerciadas dentro de FIBRAS aumentaron de precio por 50% y 30% en un plazo de cinco años. Ese es el futuro proyectado para nuestra Zona Metropolitana, según las tendencias.

Ciudades de todo el mundo han enfrentado este grave fenómeno de financiarización, y sus consecuencias finales han sido devastadoras. En barrios como Kensington y Chelsea en Londres se han formado “zonas muertas”: cuando los inversionistas se negaron a bajar los precios de renta en sus propiedades, terminaron por eliminar la vivienda real de la zona, causando que los negocios alrededor quebraran. El resultado son vecindarios completamente vacíos.

Por eso, Londres cobra un impuesto predial triple a las casas que se han encontrado deshabitadas por dos años, y cuádruple a aquellas que pasan más de cinco años vacías.

En cambio, la ciudad capital alemana de Berlín aprobó, en un plebiscito celebrado en septiembre, expropiar tres mil casas vacías que fueron acaparadas por empresas e inversionistas.

En Latinoamérica, es común que este fenómeno promueva la creación de los llamados “asentamientos irregulares”, como los que han poblado al área metropolitana recientemente en municipios como Tlajomulco y El Salto, sólo por mencionar dos ejemplos.

La maestra en urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, Guadalupe Granero, explica que en el contexto de financiarización en Latinoamérica se debería promover la construcción social de vivienda, en lugar de criminalizarla.

Su argumento tiene una razón de ser: en el Área Metropolitana de Guadalajara se permite el acaparamiento de vivienda como inversión, pero se ha decidido obstruir la construcción social de vivienda. Por ejemplo, Zapopan responsabilizó a los asentamientos irregulares por el desbordamiento del Arroyo El Seco en julio pasado.

Algunos otros escenarios posibles de la burbuja inmobiliaria y la especulación en Jalisco son: los monopolios renteros; el “efecto dona” donde se despobla el centro y se densifica la periferia (generando problemas de servicios, empleo e inseguridad); si los precios crecen y los tenedores los mantienen, Guadalajara podría tener sus propias “zonas muertas” como los barrios de Chelsea y Kensington.

Esto es lo que Héctor Robledo, cofundador de Caracol Urbano, denomina “despojo urbano”, y va mucho más allá de la gentrificación. Él ha estudiado la expulsión de personas en Mexicaltzingo, San Rafael, Santa Teresa, el parque Morelos, Alcalde Barranquitas, Colinas de la Normal, la zona del Expiatorio, e incluso alrededor de los nuevos desarrollos inmobiliarios en la calzada Federalismo: ─aquí en Guadalajara vemos claramente cómo eso está conectado con lo que pasa en la periferia: la proliferación de fraccionamientos donde hay un montón de viviendas amenazadas, los parques amenazados por todos lados.─

El despojo urbano es la otra cara del mercado inmobiliario pujante, explica Héctor: ─Hablamos de un despojo de las condiciones de vida. Aquí en el centro hace unos meses tuvimos que cerrar avenida Federalismo porque llevábamos tres meses sin agua corriente [...] estas nos parecen formas de la misma estrategia que puede llegar a ser de desplazamiento. Si no tenemos agua, claro que nos vamos a ir de aquí─.

En este contexto, los servicios urbanos y los espacios públicos llegan a jugar dos roles encontrados. Por un lado, pueden aumentar la calidad de vida de las personas, generando una ciudad más incluyente para mujeres, niños, personas con discapacidades y adultos mayores; pueden reducir la huella de carbono metropolitana y lograr un uso más eficiente de los recursos naturales.

El AMG: una ciudad que prioriza al constructor sobre los habitantes

Un factor que complica aún más la problemática de la vivienda en el Área Metropolitana de Guadalajara es que sus desarrollos verticales, desde 2010, se erigen de manera irregular mediante dos modelos de evasión que involucran al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan.

Los desarrollos verticales necesitan tramitar una licencia mayor de construcción, que incluye dictámenes técnicos de trazos, usos y destinos, de agua, de medio ambiente, de movilidad y de protección civil.

El equipo solicitó, vía transparencia, los expedientes de 30 edificios de vivienda vertical construídos en el municipio de Guadalajara desde 2010. Se encontró que solamente en un caso no se encontraban extraviadas partes del expediente.

En el siguiente vínculo se pueden consultar todas las respuestas afirmativas a las solicitudes de transparencia del proyecto, salvo por aquellas relacionadas con los dictámenes técnicos y demás documentos en posesión de las direcciones de obras públicas de Zapopan y Guadalajara, dado que su información se entregó un de manera directa y en un gran número de hojas.

Lo grave de esto es que aquellos dictámenes son los que acreditan la habitabilidad de estos desarrollos. Esta documentación garantiza que, si se habitan, podrán contar con agua, que no impactarán catastróficamente al medio ambiente o la movilidad, que son seguros y que siguen la planificación urbana.

A pesar de que se ha generado un mercado especulativo en torno a estos desarrollos, las estrategias empleadas para construir edificios sin respeto a la planeación urbana redundan en que hoy es difícil demostrar la habitabilidad de esta nueva vivienda vertical.

La primera estrategia de los empresarios de la construcción consiste en solicitar al Ayuntamiento que “reconsidere” el dictamen de trazos, usos y destinos específicos de la licencia de construcción. Éste establece los límites físicos que puede tener una construcción de acuerdo a la planificación urbana.

Las inmobiliarias que buscan evadir esta planificación pueden tramitar el dictamen y, posteriormente, pedir un llamado “recurso de revisión” que, por lo general, les da el fallo.

Una fuente interna en el Ayuntamiento de Guadalajara, con acceso a los expedientes de estos procesos, reveló que en los últimos 10 años se han construído cerca de 400 desarrollos verticales en ese municipio bajo esta estrategia.

Otra fuente en el Ayuntamiento de Zapopan confirmó que este modelo también se usa allí, pero no pudo estimar el número de revisiones.

Y si todo eso falla, siempre está el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que regularmente los “consiente” con una impugnación.

Al hacer esto, las constructoras obtienen suspensiones contra los dictámenes que emitió el Ayuntamiento, y continúan con sus proyectos aunque violen la planificación urbana. Así se blindan contra una clausura o demolición.

Como ejemplo está el caso de Salvador, un vecino de Lomas de Providencia que, debido a una construcción vertical junto a su casa, tuvo que abandonarla hace cuatro años. La edificación vecina causó daños estructurales, pero nadie se hizo cargo de ellos.

Según Salvador y su abogado, la torre sólo podría haber tenido cuatro pisos de altura según la planificación urbana, pero se construyeron siete. Cuando investigaron cómo se autorizó un desarrollo de tal tamaño, se enteraron que el Tribunal de Justicia había otorgado suspensiones a la constructora.

Con estos dos modelos, las inmobiliarias han logrado litigar contra la planificación urbana. Por otro lado, los ayuntamientos urbanos compiten con el Tribunal de Justicia Administrativa por el control de la dinámica.

Existió también una tercera vía, la cual expiró en 2018, conocida como el Mecanismo de Compensación, Indemnización y Mitigación por Acciones Urbanísticas. Este modelo, creado por la administración de Enrique Alfaro en Guadalajara, permitía a inmobiliarias que violaron la planificación urbana terminar su construcción o obtener la habitabilidad al pagar una multa y realizar una serie de acciones urbanísticas. Más que remediar la inviabilidad de los desarrollos, se optó por mejorar la apariencia de la ciudad.

El equipo tuvo acceso a una base de datos con 55 dictámenes de compensación urbana. Las acciones urbanísticas incluían acciones como instalar “puntos limpios” con basureros, plantar árboles, remozar banquetas, construir rampas para personas en sillas de ruedas, poner semáforos, entre otras acciones. En estos dictámenes las multas eran mínimas, yendo, por lo general, desde los 200 mil pesos hasta los 4 millones por lo general en edificios donde un solo departamento excede tal precio.

Lo que podemos hacer antes de que reviente la burbuja

El primer paso a tomar para avanzar hacia una discusión en torno a la vivienda es reconocer que esta es un derecho humano y no una mercancía. Existen muchas cosas escasas en el mundo, que tienen un valor monetario, pero cuando algo es un requerimiento para la vida y para el disfrute de derechos humanos significa que es un derecho humano en sí. En el caso de la financiarización de la vivienda, la única salida es reconocer que la propiedad privada y el derecho al usufructo del patrimonio no pueden ser admitidas como excepciones a los derechos humanos.

El segundo paso necesario es reconocer que, por un periodo prolongado, el Estado ha omitido su responsabilidad, que es no solo la defensa, sino la garantía de la vivienda digna. El Estado está obligado a proveer de vivienda adecuada a las personas que no la tienen, así sea necesaria la construcción de vivienda por parte de los municipios, la entidad o la federación.

Por otro lado, la persecusión de los asentamientos irregulares no hace más que recalcar la complicidad de las administraciones locales y del estado de Jalisco con la violación al derecho a la vivienda. La magister en urbanística, Guadalupe Granero, explica que la mayoría de la vivienda en Latinoamérica ha sido construida socialmente, y que estas prácticas deberían ser apoyadas y promovidas (incluso subsidiadas) en lugar de ser criminalizadas.

El tercer paso que el área metropolitana debe tomar para iniciar el debate sobre el Derecho Humano a la vivienda adecuada es aprender las definiciones que protegen a su ciudadanía contra el fenómeno de la financiarización de la vivienda.

Anna Minton, doctora en urbanismo y una de las autoras más importantes en el estudio de la crisis de vivienda en Londres, opina que la otra definición fundamental para combatir la financiarización es la de “vivienda asequible” o “accesible”. Una de las grande críticas que hizo a las administraciones londinenses es que, aunque obligaron a todas las inmobiliarias inglesas a construir un porcentaje de “vivienda accesible” dentro de sus desarrollos en la ciudad, la definición que dieron para este tipo de alojamiento es que tuviera un precio de renta inferior al 80% del ingreso promedio.

Minton opina que debe haber una lucha de términos y definiciones, y sostiene que la vivienda accesible es aquella con una renta inferior al 30% del ingreso promedio de una ciudad. Es importante que la discusión sobre este lenguaje, estas definiciones y estos derechos irrumpa en la política local.

Según la hoja de hechos número 21 de ACNUDH, que se produjo con la iniciativa ONU Hábitat ─un programa de la Naciones Unidas sobre vivienda que ha trabajado con administraciones locales en Guadalajara desde al menos 2010─, para que una vivienda se considere adecuada debe, como mínimo, cumplir con los siguientes criterios: seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales facilidades e infraestructura; habitabilidad; accesibilidad; ubicación apropiada; adecuación cultural; accesibilidad y un precio que no obligue a sus ocupantes a comprometer otros derechos humanos.

Guadalajara ha llegado a un punto donde necesariamente tiene que cuestionar el modelo de redensificación como lo aplicaron las administraciones recientes. Es necesario que el resultado de la política de liberalización de la construcción fue convertir a las inmobiliarias en las dueñas de la ciudad, y que la única vivienda producida bajo este esquema es es vivienda cara, inaccesible y que, a pesar de ser “de lujo”, tiene peores condiciones (de superficie y de acceso a servicios) que la vivienda que reemplazó.

Sin embargo, es importante reconocer que los edificios y la vivienda vertical no son “malos”. Ofrecen la oportunidad de generar un modelo de ciudad sostenible y de proporcionar la mejor calidad de vida a la población más amplia. Sin embargo, para esto es indispensable una intervención estatal seria, incluso una participación en la provisión de vivienda, y una planificación urbana real que vea por las y los ciudadanos antes que por el capital de inversión.

María Fernanda Rosales, como presidenta de la AMPI, es la primera en hacer propuestas innovadoras para resolver la crisis de vivienda de la ciudad. Considera que si el reglamento urbano se aplicara correctamente podría reducir los costos de la construcción ─por ejemplo, rompiendo el ciclo de corrupción que el equipo encontró─, lo cual podría reflejarse en precios más bajos.

También opinó que la formación de núcleos urbanos, con servicios dignos y espacios públicos a la altura de las necesidades de la ciudadanía, disminuirían el impacto en la calidad de vida que podría tener el habitar las afueras de la ciudad.

Sin embargo, la especialista tenía propuestas aún más intrépidas: ─El acceso a la vivienda tiene más que ver con un tema de políticas públicas. Por ejemplo, estaría buenísimo, que ya se hace en otros países, políticas que regularan los precios. O, por ejemplo, tasas crediticias que [por ley o por provisión de parte del Estado] permanecieran más bajas─

─¿Tu consideras que este control de precios blanco puede ser un compromiso que beneficie tanto a inversionistas como a la gente que busca vivir en Guadalajara?─

─Sí, claro que sí [...] Otra cosa que se nos ocurre es que hubiera incentivos crediticios también para los desarrolladores [...] si existieran estos mismos incentivos crediticios para quienes desarrollan podrían hacer vivienda mucho más accesible.─

Rosales demostró que esto realmente puede configurarse en pro de las personas: ─Esto sí sucede ya en otros lugares. En San Diego existe un banco de tierra donde ahora sí que el ayuntamiento le dijo a los desarrolladores: “el ayuntamiento tiene toda esta tierra. Órale, desarróllenlo y hagan vivienda accesible”, y se las vendió de veras a tres centavos, por decirte algo. Realmente a un precio ridículo, casi regalado, para que los desarrolladores hicieran vivienda accesible─.

Aunque pareciera que la solución al problema necesariamente debería afectar a los desarrolladores e inversionistas, la verdad es que este no es el caso. Existen muchas soluciones donde se puede incluso promover la inversión. ¿Qué hubiera pasado si los casi 100 predios vendidos por los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan se hubieran traspasado con condiciones duras y claras de construir vivienda accesible?

Aún más: ¿Qué podría haber sido de Distrito Iconia, las Villas Panamericanas o Plaza Arcos, todos construidos en predios que solían ser de propiedad gubernamental, si la condición para permitirlos fuera que el 100% de sus unidades habitacionales fueran vivienda accesible?

En Plaza Arcos, el ayuntamiento de Zapopan únicamente pidió la construcción de un museo como “contraprestación” por otorgar un predio enorme en el centro del municipio a la inmobiliaria Tierra y Armonía por un precio ínfimo. Los vecinos de la zona organizaron un plebiscito para solicitar un parque aquí, pero el ayuntamiento lo desechó para favorecer que Tierra y Armonía construyera un centro comercial y complejo habitacional.

Desafortunadamente, si el museo se desarrolla como otros proyectos en la ciudad, resultará más en una “amenidad” para elevar la plusvalía de cientos de departamentos vacíos que en un espacio que aporte a la vida de la ciudad: una “pieza de ajedrez” para la inversión.

María Fernanda Rosales recalcó: ─sabemos que nuestro estado y nuestro país tiene muchas tierras. ¿Por qué no buscar desarrolladores confiables y hacer que tuviéramos vivienda en la ciudad y no en las afueras? Para promover la inversión pues yo creo que es lo mismo: viviendas y créditos accesibles, servicios y espacios recreativos y públicos que aceleraran la repoblación en el centro de la ciudad y en espacios que hoy están abandonados. Yo creo que sería interesante que el gobierno pensara un poquito en esos temas y que utilizáramos tierras que son, al final del día, de todos, para que la gente viviera mejor─

─Entonces, ¿incluso si los precios han tendido hacia un lugar peligroso, no se trata de algo que no estemos a tiempo de atender desde la política pública?─

Rosales concluyó: ─Exactamente. Ahora sí que, desde nuestra trinchera, creemos que es un trabajo de todos. Como asociación siempre estamos buscando hacer mancuerna con los ayuntamientos, expresarles qué es lo que nosotros vemos, qué es lo que la gente pide y qué es lo que las familias necesitan. Ojalá que exista un momento en el que nos pudieran incluir en la toma de decisiones. Sí nos buscan, claro que sí, pero creo que tiene que haber un trabajo mucho más acompañado─.

Otro ejemplo internacional más lo puso Berlín, que el 27 de septiembre votó para expropiar 5 mil unidades de vivienda que se encontraban en manos de grandes propietarios y estaban, al igual que los edificios de Guadalajara, vacías. Es importante que la sociedad civil de Jalisco comprenda que este tipo de medidas no son exageraciones, sino que podrían salvar la vida de las personas.

Un último ejemplo de las políticas públicas posibles, es el cobro adicional de impuestos, en el predial, a las viviendas de uso temporal o a las viviendas que, teniendo dueños, pasan más de un año deshabitadas. Vancouver tiene un “impuesto de viviendas vacías” que arrancó en 2017 recaudando un 1% adicional en el predial a viviendas que estuvieran deshabitadas por un período dado (incluso si se ofrecen en renta).

El impuesto promueve que los propietarios de viviendas las renten, incluso a precios bajos, para evitar un impuesto y conseguir una ganancia. Por otro lado, esa recaudación adicional se puede usar para mejorar los servicios urbanos para todas las personas.

En 2020, el impuesto aumentó al 1.25% y va a subir este año para recaudar el 3% adicional en propiedades deshabitadas. Aún es motivo de discusión si este impuesto está funcionando o no; algunos expertos en el derecho a la vivienda consideran que podría tener un efecto superficial comparado con acciones más directas como la construcción (ya sea por parte del estado o mediante una planificación urbana más estricta) de vivienda accesible.

Sin saberlo y sin quererlo, las metrópolis en crecimiento del mundo han iniciado un nuevo capítulo en su historia: una discusión sobre qué significa el derecho a la vivienda, y una lucha por definir qué es la vivienda con todos sus apellidos: asequible, adecuada, disponible, digna entre muchos otros.

Discusión que, al parecer, no ha llegado aún al AMG, donde la apuesta está en la especulación financiera a través de las llamadas torres verticales que en la ciudad se erigen lujosas, pero inhabitadas.

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Una versión más amplia y detallada de este reportaje puede verse en ZonaDocs:

https://www.zonadocs.mx/la-ciudad-inhabitable-redensificacion-o-destruccion-de-vivienda/