Gobierno federal reconoce alza en 15 delitos, incluyendo crimen organizado; cae dinero asegurado por lavado

MÉXICO._ El Tercer informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en el último año se ha incrementado la incidencia de 15 delitos locales y federales, entre ellos delincuencia organizada, narcotráfico, narcomenudeo, trata de personas, violencia familiar y violaciones.

A su vez reveló que la baja en los robos originada tras la pandemia se ha estabilizado.

Y si bien las denuncias por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita -coloquialmente llamado lavado de dinero- han crecido, el número de cuentas bancarias aseguradas y los recursos congelados descendieron. De hecho, los recursos bloqueados en dólares cayeron más de 97 por ciento.

Ninguno de estos datos fue referido por el Presidente López Obrador en su mensaje del miércoles, quien solo se concentró en referir la cifra de delitos donde las denuncias han disminuido.

En cuanto a los delitos federales analizados, el documento revela que en el último periodo analizado (de septiembre de 2020 a junio de 2021) se iniciaron 143 carpetas de investigación por posible delincuencia organizada, cifra que representa un incremento del 7.5 por ciento en la incidencia de este delito respecto al mismo periodo anterior.

En los delitos contra la salud -que incluyen casos de narcotráfico y manejo ilícito de drogas en diversas modalidades- la incidencia fue de 7 mil 385 carpetas iniciadas, un incremento del 6.5 por ciento respecto al periodo anterior en que se abrieron 6 mil 934.

Los ilícitos relacionado con temas “migratorios”, como el informe los denomina, pasaron de 659 a mil 107 en los referidos periodos, lo que representa un disparo del 68 por ciento en la incidencia. A su vez, los delitos de tipo electoral ascendieron de 732 a 1 mil 200, un alza del 63.9 por ciento.

El documento también refiere un incremento del 1.7 por ciento en los delitos federales contra la integridad corporal y del 4.1 por ciento en otros tipos de ilícitos.

En contraparte, el informe destaca una reducción en seis delitos federales: ilícitos financieros, fiscales, relacionados con armas de fuego, en materia de hidrocarburos, patrimoniales y cometidos por servidores públicos. Las caídas van del dos al 16 por ciento.

Por lo que hace a los delitos locales, el informe confirma lo dicho por el Presidente respecto a la reducción en las denuncias de nueve delitos, siendo el más significativo el descenso en secuestros con un desplome de hasta 30 por ciento. Sin embargo, el documento también muestra un incremento de la incidencia en diez delitos y no solo en tres como refirió.

El incremento más importante se registra en las carpetas abiertas por violaciones que sumaron 16 mil 305 en el periodo de septiembre de 2020 a junio de 2021, un alza de casi el 20 por ciento respecto a las 13 mil 614 que se habían registrado de septiembre de 2019 a junio de 2020.

La violencia familiar también presenta un incremento que resulta significativo debido a volumen de denuncias de este ilícito: los casos ascendieron de 173 mil 177 a 205 mil 273, lo que equivale a un disparo del 18.5 por ciento. Las investigaciones iniciadas en las fiscalías del país por trata de personas sumaron 638 en el último año, un incremento del 17.5 por ciento respecto a las 543 iniciadas anteriormente.

El robo a transporte público individual también presenta un avance importante: los casos pasaron de 2 mil 9 a 2 mil 299, un alza del 4.4 por ciento. En tanto, las carpetas abiertas por narcomenudeo a nivel local crecieron de 61 mil 467 a 67 mil 881, un repunte superior al diez por ciento.

Otros ilícitos con incrementos destacados en el informe son robo en transporte individual, lesiones dolosas, extorsiones, feminicidio y robo a transeúnte.

Y aunque el universo total de las denuncias por todo tipo de robos tuvo un descenso del 9.6 por ciento en el último año, el informe incluye un gráfico mensual que muestra que el descenso significativo registrado en 2020 tras el arranque de la pandemia ha comenzado a estabilizarse.

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) 142 denuncias por posibles operaciones de lavado de dinero y hechos de corrupción. Esto es un incremento del 35 por ciento en los casos reportados.

En contraste hay un descenso en otros rubros. Por ejemplo, se destaca el bloqueo de cuentas bancarias por 1 mil 473 millones de pesos en el periodo mencionado, lo que representa una caída del 21 por ciento respecto a los 1 mil 881 millones de pesos que se consiguieron congelar en el periodo anterior.

En moneda extranjera la UIF reportó el congelamiento de 7.7 millones de dólares en diversas cuentas, una reducción de más del 97 por ciento respecto a los 295.7 millones que se lograron congelar en el periodo anterior. También se aseguraron 10.1 millones de euros, que en este caso sí es un incremento de casi el doble respecto a lo logrado antes.

El número de sujetos bloqueados como resultado de los referidos congelamientos ascendió a 3 mil 411, entre individuos y empresas, cifra que representa un descenso en comparación con las 4 mil 470 que se bloquearon anteriormente.

El documento destaca, a su vez, que se elaboraron 10 mil 336 reportes de inteligencia sobre posibles actividades de lavado de dinero solicitados por diversas autoridades, y en los cuales están implicados 12 mil 691 sujetos.

En otro rubro del apartado de seguridad, el Tercer Informe de Gobierno destacó que durante el último año se implementaron 1 mil 551 operativos distintos al interior de diversos centros penitenciarios, los cuales permitieron de 14 mil 964 aparatos telefónicos y la desactivación de 16 mil 470 líneas. Esto en 21 cárceles, tres de ellas federales y 18 locales.

El informe también reconoce que al corte de junio el numero de personas privadas de la libertad ascendió a 220 mil 393, de las cuales el 92.5 por ciento se encuentran en centros penitenciarios estatales y 7.5 por ciento en los centros federales. Más del 40 por ciento de las personas encarceladas están procesadas por un delito, pero sin sentencia.