"Gobernadores que piden más no han comprobado todo el dinero federal que recibieron en 2018"

MÉXICO._ En medio del debate que iniciaron las 10 entidades que integran la Alianza Federalista sobre el dinero que reciben de la Hacienda Federal, la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2018 muestra que ese dinero, que está destinado a materias prioritarias, tiene fugas que se traducen en la posible pérdida de miles de millones de pesos.

Esa es la situación de los 32 estados del país, es decir, incluso están en esa situación las entidades que se pronunciaron dispuestas a romper el pacto federal.

Una revisión hecha por la Unidad de Datos de SinEmbargo a las auditorías de 2018 de Aguascalientes, Chihuahua Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas muestran algunas anomalías. Entre las más repetidas están el pago a trabajadores fantasma con dinero para la educación; contratación de personal que no cumplía con el perfil para trabajar en el sector salud y obra pública que además de no realizarse, las autoridades no devolvieron el dinero que era para ese objetivo.

Otras de las fallas en el ejercicio del gasto en la que también incurrieron estas entidades es que millones de pesos están en la condición de “posible daño al erario” porque el dinero fue transferido a cuentas bancarias no identificadas; se utilizó para pagar conceptos ajenos ­–como funerales y arreglos de flores– o simplemente la ASF no encontró en qué se gastó el dinero ya utilizado.

La Alianza Federalista, que agrupa a diez gobernadores mexicanos de la oposición, arremetió este lunes contra los recortes en el presupuesto y “el centralismo” que perciben del Gobierno federal.

Denunciaron en un comunicado “los recortes en el gasto” del presupuesto del próximo año, considerado el más austero en dos décadas, y la aprobación por parte del Gobierno federal de 3 mil 100 millones de dólares de los 109 fideicomisos públicos suprimidos la semana pasada.

El miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el tema y aseguró que en definitiva no hay deuda con esas entidades: “que no vayan a andar diciendo que es que no les entregamos recursos. No les debemos nada y se entregan todos los recursos que por ley les corresponde. Y si tienen pruebas de que no se les han entregado los recursos, que las muestren, de lo que les corresponde. Les diría que hasta nos deben, si hacemos cuentas, en algunos casos que no han pagado impuestos”.

MAL GASTO DE DINERO

AGUASCALIENTES

En el 2018, el Gobierno de Aguascalientes del panista Martín Orozco Sandoval recibió recursos de la Federación, entre ellos, participaciones federales, fondos para educación y salud. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación detectó fallas sobre todo en transparencia y claridad en el destino de los recursos, lo que, además, implicó daños millonarios al erario público.

Como participaciones federales se le transfirieron 6 mil 715 millones de pesos, pero presentó fallas en el ejercicio y destino de los recursos, adquisiciones, arrendamientos y/o servicios y obra pública, lo que generó un monto por aclarar de 2 mil 083 millones de pesos.

En el rubro educativo, además de fondos se enviaron bolsas de dinero para el programa Escuelas de Tiempo Completo y Escuelas al Cien. No obstante, en ambos se observaron irregularidades en transferencia de recursos y rendimientos financieros, registro e información financiera, destino y ejercicio de los recursos, así como en adquisiciones y transparencia.

Además, de la fiscalización a los recursos federales enviados a la entidad para salud, el órgano detectó fallas en el registro e información financiera de las operaciones; destino de los recursos; servicios personales; adquisiciones, control y entrega bienes, servicios y entrega de medicamentos; gasto operativo, y transparencia.

CHIHUAHUA

En 2018, el gasto federalizado del Gobierno de Chihuahua en materia de educación presentó varias irregularidades. Entre ellas están 949.4 millones de pesos en probables daños al erario público relacionados con incumplimientos de ley y deficiencias de transparencia y rendición de cuentas.

Las anomalías detectadas por la ASF incluyen pagos y prestaciones de nómina no acreditados por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, recursos no ejercidos ni comprometidos del programa de Escuelas de Tiempo Completo que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación por parte de la Secretaría de Educación y Deporte, además de 7 mil 486 pagos del Gobierno central a 406 trabajadores no encontrados, que estaban en periodo de licencia sin goce de sueldo, dados de baja, en cargos de elección popular, difuntos, o efectuando tareas ajenas a servicios de educación pública.

Otra fuente de irregularidades en la entidad fueron las obras públicas. Por ejemplo, el Gobierno de Chihuahua generó probables perjuicios económicos por al menos 26.4 millones de pesos, ya que con dinero del programa de Proyectos de Desarrollo Regional financió obras injustificadas o fuera de los tiempos convenidos y autorizados.

Además de las deficiencias en materia de educación e infraestructura, en 2018 también hubo presuntos daños por 127.5 millones de pesos relacionados con fondos de salud pública, por gastos fuera de contrato, no comprobados o justificados, así como por subejercicio injustificado de recursos y salarios pagados a trabajadores con licencia sin goce de sueldo.

Otro ejemplo de los malos manejos del gasto federalizado durante 2018 fue el uso de las participaciones federales del estado de Chihuahua que, de acuerdo con la ASF, generó más de 7 mil millones de pesos en irregularidades por falta de controles en el ejercicio de recursos públicos e inobservancia de leyes y protocolos de gasto. Por ello, la ASF determinó que el Gobierno de Chihuahua no hizo un uso eficiente y transparente de las participaciones, sobre todo “por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto ejercido […] a cargo de 18 ejecutores”.

COAHUILA

En 2018, la entidad gobernada por Miguel Ángel Riquelme Solís generó un posible daño al erario por 3 millones 434 mil 163 pesos del fondo para la nómina educativa por el pago de conceptos que no tenían qué ver. Se pagaron servicios funerarios, pago de medicinas y servicios hospitalarios (niños), arreglos florales, apoyos a niños en albergues y anticipos de un estudio de geotécnico.

Otros 14 millones 828 mil pesos se fueron en el pago a 83 trabajadores de los que no tuvieron funciones dentro de la educación básica y normal y 3 millones 702 mil pesos se utilizaron para 515 sueldos de personal que tenía licencia sin goce de sueldo.

Con el dinero de escuelas de Tiempo Completo, 101 mil 760 pesos se pagó a trabajadores que nunca fueron localizados. Con los recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional, 16 millones 250 mil pesos no se gastaron, pero Coahuila tampoco reintegró el dinero no utilizado a la Tesorería federal.

COLIMA

Bajo la administración de José Ignacio Peralta Sánchez, la ASF detectó un posible daño por 85 millones 639 mil 623 pesos del dinero de las participaciones federales por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto ejercido.

Del fondo de la nómina educativa, 276 mil 651 pesos fueron utilizados para dar sueldos superiores a lo establecido. La ASF encontró sobresueldos, compensaciones provisionales, servicios curriculares, asignación docente y compensación de carrera magisterial; ocurrió algo similar con 436 mil 370 pesos con los que se pagó el sueldo de 53 trabajadores que no estaban contratados bajo la norma y luego 1 millón 037 mil 626 pesos se fue en 280 pagos indebidos a 30 trabajadores con licencia sin goce de sueldo.

Del fondo de Participaciones, el posible daño que encontró la ASF fue por 85 millones 639 mil 623 pesos por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto reportado como ya ejercido.

DURANGO

De los recursos del fondo de la nómina educativa, 3 millones 525 mil 952 pesos se utilizaron en 522 pagos a 19 trabajadores adscritos que no realizaban labores educativas y 1 millón 415 mil 547 pesos para 298 pagos a 27 trabajadores que tenían licencia sin goce de sueldo.

Sobre los recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional, 320 mil 481 pesos se perdieron por obra nueva que mostró “deficiencias constructivas”.

GUANAJUATO

En Guanajuato, el Gobernador panista Diego Sinhue tomó la batuta en septiembre de 2018. Para ese año, la entidad recibió 28 mil 380 millones de pesos como participaciones federales. Sin embargo, detectó la Auditoría Superior de la Federación, incurrió en faltas normativas en adquisiciones y obra pública, lo que generó un importe pendiente por aclarar por 4 mil 513 millones de pesos que corresponde principalmente a la falta de presentación de la información contractual de proveedores y contratistas.

En el sector educativo, el uso de los fondos para nómina y educación de adultos registró irregularidades en servicios personales y transparencia que causó un probable daño al erario público por más de 44 millones de pesos. Los programas Escuelas al Cien y Escuelas de Tiempo Completo también tuvieron observaciones en la transparencia sobre la gestión.

En materia de salud, a través del Acuerdo de Coordinación entre la Secretaría de Salud y la Entidad se recibió 4 mil 078 millones de pesos, pero registró inobservancias normativas en el destino de los recursos, lo que generó un probable daño por 644 mil pesos

JALISCO

El estado de Jalisco, gobernado por Enrique Alfaro del Movimiento Ciudadano desde diciembre de 2018, recibió durante ese año 41 mil 353 millones de pesos de participaciones, no obstante, incurrió en fallas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que generaron un monto por aclarar de 5 mil 135 millones de pesos que corresponden principalmente a falta de documentación justificativa y comprobatoria.

Del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo se enviaron 18 mil 539 millones de pesos. Pero la Secretaría de Educación del Gobierno de Jalisco no realizó un ejercicio “eficiente y transparente” de los recursos, ya que omitió el reintegro total de recursos a la Tesorería, y registró pago de remuneraciones no identificadas y pago a personal no identificado en centros de trabajo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 320 millones 363 mil pesos.

También omitió el reintegro total a la Tesorería del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y del programa Escuelas de Tiempo Completo. Además, proporcionó a Hacienda los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de dicho programa “sin calidad, ni congruencia”.

En el rubro de salud, para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se le transfirió 4 mil 685 millones de pesos en 2018. Pero registró fallas en transferencia y destino de recursos, y en servicios personales, lo que causó un posible daño por 390 millones 061 mil pesos.

Y en fondos para seguridad, se detectaron fallas en el registro e información financiera de las operaciones, lo que causó un probable daño por 17 millones 919 mil pesos.

MICHOACÁN

Las anomalías de esta entidad son diversas. La ASF encontró que pagó 9 millones 230 mil 860 pesos en cuatro obras que no se encuentran en operación; 5 millones 510 mil 908 pesos del fondo de aportaciones se gastaron pero no entregó documentación que dijera en qué; 168 millones 789 mil 478 pesos del fondo de servicios de salud no se utilizaron y quedaron pendientes de aplicarse y 2 millones 415 mil 134 pesos se utilizaron en el pago de sueldos a cinco trabajadores que no acreditaron el cumplimiento del perfil requerido para el desempeño del puesto

Uno de los daños más altos, de 43 millones 563 mil 917 pesos, fue por otorgar 161 cambios de adscripción sin proporcionar los oficios de autorización por parte de Recursos Humanos y 7 millones 407 mil 710 pesos más, por el pago a 21 trabajadores que nunca trabajaron.

NUEVO LEÓN

En esta entidad federativa del norte del país, algunas irregularidades ligadas al gasto federalizado están relacionadas con educación, infraestructura, participaciones federales y seguridad pública.

De acuerdo con la última Cuenta Pública disponible, el Gobierno estatal y la Universidad Autónoma de Nuevo León generaron probables daños económicos por al menos 230.3 millones de pesos relacionados con falta de controles presupuestarios y de transparencia y rendición de cuentas. Entre las anomalías detectadas por la ASF se incluyen gastos no autorizados para mantenimiento, materiales, bienes muebles y difusión de programas, así como más de 1 mil 686 pagos a más de 406 trabajadores difuntos, dados de baja o con licencia sin goce de sueldo.

Aunque en varias auditorías el Gobierno estatal hizo un uso razonable de los recursos federales, en algunos fondos –como el de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo– las anomalías fueron tan graves que la ASF determinó que el Gobierno de Nuevo León “careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”.

En lo que respecta a la infraestructura pública, la ASF encontró que el Gobierno de Nuevo León causó probables daños a la Hacienda Pública Federal por al menos 611.9 millones de pesos, ya que los entes ejecutores de la administración estatal “no realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos” del programa Proyectos de Desarrollo Regional y del Fondo Metropolitano, por mencionar algunos ejemplos. Las anomalías registradas incluyeron incumplimientos de protocolos y leyes, además de falta de reintegración de recursos a la Tesorería de la Federación, falta de aplicación de penas convencionales a contratistas, irregularidades con cuentas bancarias, pagos improcedentes, fuera de tiempo y por obras no ejecutadas y corroboradas, entre otros.

Acerca del dinero federal ejercido en seguridad pública, la ASF encontró varias irregularidades en la compra de bienes y servicios, como uno que generó probables perjuicios económicos por 2.6 millones de pesos relacionados con la compra de 317 chalecos antibalas cuyo precio unitario excedió el valor de mercado, “por lo que se determinó que no se aseguraron las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el Estado de Nuevo León”.

TAMAULIPAS

El Gobierno de Tamaulipas tuvo problemas para ejercer el gasto federalizado relacionado, por ejemplo, con temas de seguridad pública, salud, educación e infraestructura.

Entre las irregularidades que destacan en materia de seguridad están los pagos por terminales digitales portátiles y móviles, que forman parte del programa de digitalización de la entidad, así como por chalecos antibalas y por 544 evaluaciones de control de confianza para aspirantes y personal en activo.

Al analizar contratos relacionados con estas tres partidas, en 2018 la ASF detectó anomalías por 8.8 millones de pesos, ya que los bienes y servicios fueron adquiridos a sobreprecio en comparación con las cotizaciones originalmente presentadas por el proveedor, o porque hubo pagos fuera de tiempo que generaron costos adicionales. Por ello, en algunas de las auditorías practicadas, la ASF determinó que el Gobierno estatal no siempre garantizó compras con las mejores condiciones para la administración pública.

La salud y la educación fueron otras áreas con malos manejos. En el primer rubro hubo, por ejemplo, problemas para dar seguimiento a los gastos, además de inobservancias de la normatividad de los programas ejecutados en colaboración con la Secretaría de Salud federal. Este tipo de deficiencias causó probables daños económicos por al menos 918 mil pesos.

Asimismo, con respecto al segundo rubro, la ASF determinó que hubo irregularidades por 21.8 millones de pesos relacionados con pagos indebidos. Ejemplo de ello fueron las anomalías en el uso de recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo en que fueron hallados 1 mil 950 pagos a 147 trabajadores cuyas labores no correspondieron al programa destino, que no fueron acreditados o localizados, además de aquellos que una vez separados de su cargo o después de haber fallecido, siguieron cobrando como parte de la nómina.

En materia de infraestructura pública y uso de participaciones federales, las irregularidades superaron los 9.5 mil millones de pesos. De acuerdo con la última entrega de la Cuenta Pública de 2018, hubo al menos 67.4 millones de pesos posiblemente perdidos por falta de controles presupuestarios en obras públicas, así como por recursos no ejercidos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018.