"Garantizaron recursos de alertas de género, pero falta revisar a fondo su funcionamiento: feministas"
La polémica por la eliminación de presupuesto ordenado a siete Alertas por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) provocó que el Gobierno diera marcha atrás la semana pasada a su decisión.
Pero una vez que la Secretaría de Gobernación prometió garantizarles el dinero, feministas consideran que eso es solo un paso y es necesaria una revisión de fondo para que sean un mecanismo realmente efectivo.
Una vez cancelado el recorte de 37.6 millones, el presupuesto completo asignado es de 113 millones, mientras que el año pasado fueron 101 millones, según el informe de actividades que presentó Candelaria Ochoa al dejar el cargo como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (Conavim).
Aunque en ese informe no hay detalles de logros e impactos, sino que solo enumera reuniones de los grupos de trabajo que revisan la situación del estado y asegura que se han supervisado las acciones.
La directora del Observatorio Nacional del Feminicidio, Luz Estrada, lamenta en entrevista que no exista transparencia sobre el impacto que tienen los proyectos que se financian con el subsidio federal.
“Si queremos cuidar los dineros, queremos que cuando se otorgue dinero a los estados, se fiscalice, se mire que los proyectos sean realmente funcionales. Porque realmente yo no estoy viendo claridad de cómo se dieron esos dineros, cuáles son los resultados que están dando. ¿Cuáles fueron los resultados del año pasado? Eso sí haría un cambio y eso es lo que debemos de cuidar si queremos cuidar los dineros”, señala.
Animal Político solicitó una entrevista a Conavim, pero la respuesta fue que por el momento no hay entrevistas sobre el tema, y solo se remitió a consultar la información disponible en su sitio oficial de internet, donde tampoco hay informes pormenorizados recientes.
Este año se declaró la AVGM número 21 y ya existen en 18 estados (Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Campeche, Durango, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Zacatecas), es decir, que 56% del país está en alerta de género, y en cinco años ninguna se ha desactivado.
De hecho, el Estado de México, donde fue la primera, ya acumula una segunda alerta por la elevada cifra de desaparición de mujeres, y las investigaciones abiertas por feminicidio han aumentado de 59 en 2015 a 123 en 2019.
¿Para qué han servido las alertas de género?
Las activistas coinciden en que su primer logro ha sido visibilizar que hay un problema grave y urgente de atender de violencia contra las mujeres. Y que no es un logro menor si se considera que por años hubo una enorme resistencia a aceptarlas.
La abogada feminista Andrea Medina recuerda que la AVGM es un mecanismo único en el mundo, que fue creado en 2007 a partir de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero no se declaró ninguna hasta ocho años depués.
Un primer obstáculo fue que se politizó y los gobernadores interpretaron que si se declaraba la alerta en su estado era una manera del Gobierno federal de castigarlos y exhibirlos.
Cuando su esencia es todo lo contrario: que desde la federación se coordine y apoye a un estado y a unos municipios para atender las causas que generan la violencia feminicida.
“En primer lugar las alertas han sido centrales para colocar la problemática. Ya teníamos años denunciando las desapariciones y asesinatos de mujeres. Yo no me imagino haber logrado comprender y colocar todos los elementos para identificar que una situación es riesgosa si no es con el mecanismo de la alerta. Creo que hay una parte tal vez simbólica, que ha ayudado a comprender que este tipo de violencia es un conjunto y un continuo, que no se puede resolver por una sola institución o por las personas tratando de dialogar y siendo familias felices, sino que requiere la intervención del Estado, y una intervención compleja”, comenta.
El camino para declarar una alerta es largo: primero tiene que haber alguna instancia de sociedad civil, derechos humanos o hasta gobierno que llame la atención sobre la situación en un lugar.
Después el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), como coordinador, revisa la situación y decide si se constituye un grupo de trabajo para hacer un informe; en ese grupo ya entra la Conavim como secretaría técnica, el Inmujeres y organismo local de las mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la estatal, y cuatro académicas, dos del ámbito nacional y dos del lugar.
En solo un mes, este grupo tiene que hacer su informe y dar las primeras recomendaciones, que se presenta al Gobernador del Estado y si lo acepta, tiene seis meses para implementar las acciones, y si después de eso el grupo de trabajo considera que no fue suficiente, entonces se declara la alerta con esas y/o nuevas recomendaciones para municipios específicos.
Pero después de eso, la Ley ya no es clara en cómo evaluar lo que se haga a partir de ahí. Medina bromea con que es como si pusieran toda la atención a un embarazo, cómo va a ser, qué necesita, dónde, y cuando por fin es el nacimiento, ya nadie estuviera pendiente del bebé.
La subdirectora de la organización Equis Justicia, Maïssa Hubert, coincide en que los gobernadores se resistían a aceptar la declaración de alerta de género porque cuando está el proceso se crea mucha presión política y mediática, y una vez decretada todo mundo se entera de que ya hay alerta, pero casi nadie sabe exactamente qué acciones se están realizando y los reflectores desaparecen.
Buenas ideas, problemas de implementación
Hubert destaca que la alerta tiene aspectos fundamentales que la distinguen de cualquier otra política pública para atender la violencia contra las mujeres, apunta.
El primero, es que implica una coordinación interinstitucional que no se ve para otros temas, ya que no hay una institución única que la implemente, sino que encabezan regularmente las Secretarías de Gobierno local y deben intervenir todas las involucradas con los factores que afectan a las mujeres y las autoridades municipales de los territorios donde se declare.
“Otro sería que la ventaja de la alerta, en teoría, es que son intervenciones muy marcadas en lo temporal y tienen que ser focalizadas en el espacio. Es decir, atienden cierto tipo de factores en un cierto espacio para un cierto tiempo. Habría que estar evaluando esa alerta, monitoreándola, para ver cuándo ya se podría levantar”, señala.
Por eso hay dos en el Estado de México, por ejemplo, porque una es por feminicidios y otra por desapariciones, y cada uno de esos problemas tiene soluciones específicas y sus propios tiempos. Pero hasta ahora no hay claridad sobre cuándo se va a terminar cada alerta.
Verónica Cruz, directora de Las Libres, organización de Guanajuato que ha promovido varias alertas en el país, critica que conforme se han ido declarando más, lo que se ha visto es que no saben qué hacer concretamente porque todas parecen un copy/paste y promueven acciones que se han hecho durante 30 años y no han funcionado, como dar talleres de sensibilización.
Y al revisar las capacitaciones que se dieron, agrega, resulta que se las pagaron a las mismas organizaciones y se impartieron a los mismos tipos de funcionarios de siempre.
También señala que a veces se meten proyectos que no están bien aterrizados o que son consultorías para hacer un protocolo de investigación con perspectiva de género, cuando ya hay protocolos nacionales e internacionales claros, solo que no se aplican.
O que se concentran en la investigación de los feminicidios una vez que ocurrieron, y dejan débil la parte de prevención, de qué se necesita hacer para realmente evitar que haya más asesinatos. Así como tampoco se ha trabajado en medidas de reparación del daño y de no repetición.
Reconoce como algo positivo que se han mejorado las acciones de atención a la violencia una vez que una mujer la sufre, porque antes no había un procedimiento especial para ellas, y ahora ya hay equipos especializados.
Medina, por su parte, aplaude como otro de los logros el hecho de que se ha generado mucho más información específica sobre las problemáticas de las mujeres en los municipios en los que se han implementado.
Aunque después de los diagnósticos, sigue estando poco claro qué acciones tomar.
Sin evaluación ni tomar en cuenta a sociedad civil
En 2018, México reconoció ante el Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que no tenía un mecanismo para evaluar las Alertas de Violencia de Género.
Ese mismo año el Inmujeres y Conavim publicaron un informe de evaluación del mecanismo, hecho por el programa de la Unión Europea EUROsocial, que concluyó que la AVGM no ha tenido una planeación estratégica, ha habido ambivalencia en su marco legal y aplicación, y se ha ido definiendo y modificando sobre la marcha.
También, que al poner en evidencia que en los estados no se cumple la Ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se ha transformado de una herramienta para aplicar acciones de emergencia, a una para generar políticas públicas de prevención y atención de la violencia a largo plazo.
En este 2020, Conavim tiene que presentar un nuevo informe ante la CEDAW. Las activistas coinciden en que no saben qué cuentas va a dar México ante este mecanismo internacional porque durante el tiempo que estuvo al frente Ochoa, hubo una cerrazón total a asumir las recomendaciones de las organizaciones sociales y mala comunicación.
“Yo sí creo que Conavim no tenía estrategia, no había resultados, o sea, era un año y medio… Se le dijo a la comisionada que era necesario revisar las medidas para saber cómo se iban a evaluar y cuál iba a ser el destino de esas declaratorias que ya tienen muchos años, como la del Estado de México, y su negativa siempre fue: eso no me tocó a mí. Y al final no dio nuevas propuestas ni alternativas de seguimiento. Es como si no hubiera habido Conavim”, lamenta Estrada.
Lo cierto es que los feminicidios a nivel nacional no han bajado, ya que el año pasado cerró con 983 investigaciones abiertas por este crimen, más del doble que en 2015, y 2 mil 822 homicidios de mujeres que no fueron tipificados como feminicidios, un delito que en plena pandemia de Covid-19 alcanzó su pico máximo para un solo mes con 263 casos en abril pasado.
