"Fiscalía niega al INE información sobre Lozoya y Pío Obrador"
El INE acusó que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, le ha impedido acceder a investigaciones abiertas en contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y Pío López Obrador, hermano del Presidente de la República, lo que ha obstaculizado tareas de fiscalización de la autoridad electoral relacionadas con el presunto financiamiento ilícito de campañas.
El argumento utilizado por la FGR para negar al INE el acceso a la información es el “secreto ministerial”, es decir, que las investigaciones en contra de ambos personajes están en curso, o bien, que el árbitro electoral no tiene calidad de parte interesada en la carpeta de investigación.
El árbitro electoral también acusó de obstrucción a sus obligaciones de fiscalización a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto.
La Comisión de Fiscalización del INE presentó al Consejo General un informe sobre el estado que guardan procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización iniciados desde 2016, en los que la autoridad electoral ha solicitado a diversas instituciones públicas información sobre movimientos financieros de los personajes y partidos investigados.
Uno de los casos más emblemáticos, y que está abierto desde hace más de tres años, está relacionado con el presunto financiamiento ilegal de la constructora Odebrecht a campañas del PRI, principalmente la presidencial de 2012, en la que resultó ganador Enrique Peña Nieto.
En 2017, a raíz de una queja del PRD y Morena, el árbitro electoral inició la indagatoria INE/Q-COF-UTF/169/2017 en contra de Emilio Lozoya, la empresa brasileña Odebrecht S.A. y los partidos de la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM).
Como parte de esa misma denuncia, el INE decidió ampliar su investigación a la campaña de 2017 de Alfredo del Mazo, candidato del PRI-PVEM-Panal-PES en el Estado de México, que finalmente se convirtió en gobernador.
El objeto de la indagatoria de la autoridad electoral es “determinar si los recursos por los presuntos actos de corrupción que se llevaron a cabo mediante la entrega de dádivas y sobornos al C. Emilio Lozoya Austin, entonces titular de Pemex, por el otorgamiento de contrataciones públicas (concesiones) a Odebrecht y otras, beneficiaron a la campaña del C. Enrique Peña Nieto en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, así como a la del C. Alfredo del Mazo Maza en el Proceso Electoral Local 2016-2017”.
El reporte entregado por la Comisión de Fiscalización reporta seis solicitudes -sin respuesta- dirigidas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la FGR, de las cuales dos son de 2017, mientras que las cuatro restantes corresponden a la administración del Fiscal Gertz (la última, del pasado 23 de septiembre).
El INE detalló que la SEIDF, encabezada por Juan Ramos López, ha negado el acceso a la información requerida alegando que la autoridad electoral no forma parte del procedimiento penal.
El consejero Ciro Murayama criticó la negativa con el argumento de que el Tribunal Electoral federal estableció una jurisprudencia según la cual el secreto ministerial no es aplicable al INE cuando ejerce sus facultades de fiscalización.
“Si no hemos llegado al asunto de fondo de Odebrecht es porque no conocemos qué ocurrió, ¿y por qué no sabemos qué ocurrió, nosotros que somos una autoridad administrativa? Porque la autoridad ministerial se niega a proporcionarnos la información”, señaló durante la sesión del Consejo General.
Murayama agregó que, desde la reforma electoral de 2007, se estableció que los secretos bancario, fiduciario y fiscal tampoco pueden ser obstáculos para que la autoridad fiscalizadora conozca si hay flujos irregulares de los actores y partidos políticos.
El consejero destacó que si un gran caso de corrupción como el “Pemexgate” pudo ser sancionado, fue porque la entonces PGR le permitió acceder al expediente ministerial.
“(Ahora) hemos encontrado dificultad para conocer la información indispensable para que esta autoridad fiscalizadora pueda hacerse de elementos de prueba y llegar al fondo de los asuntos.
“Yo lo quiero decir con todas sus letras: el caso Odebrecht, que si bien fue denunciado desde hace varios años ante el INE y se iniciaron procedimientos de investigación desde 2017, ha encontrado de manera sistemática la negativa de la FGR para proporcionar la información que esa autoridad ministerial va conociendo”, subrayó Murayama.
Otro de los casos en los que el INE ha encontrado obstrucción es el relacionado con Pío López Obrador, en una acusación en la que también fue implicado David León Romero, excoordinador nacional de Protección Civil, por presunto financiamiento ilegal a Morena.
El árbitro electoral abrió la investigación con la finalidad de determinar el origen de las aportaciones recibidas en 2015 por el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, y si estas fueron reportadas debidamente al INE.
El 26 de octubre, la Unidad Técnica de Fiscalización envió un requerimiento de información a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la FGR, dirigida por José Agustín Ortiz Pinchetti.
Esta autoridad negó la información al INE con el argumento de que se trata de un expediente en sustanciación resguardada por el secreto ministerial.
