"FGR también va por Carlos Ahumada, ex novio de Rosario Robles"
La Secretaría de la Función Pública denunció a Emilio Zebadúa González -Oficial Mayor de Sedesol y Sedatu durante la titularidad de María del Rosario Robles Berlanga- ante la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito, al no poder comprobar el origen de 13.2 millones de pesos, según concluyó en la Verificación Patrimonial VP/026/2018.
Según el diario Reforma, que informó del hecho este día, la investigación de la SFP inició el 1 de julio del año pasado, pero antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detuvo la denuncia alegando fallas legales.
Después, el 3 de julio del 2018, el entonces funcionario federal fue citado para hacer sus aclaraciones sobre las presuntas incongruencias determinadas en su patrimonio y ofrecer las pruebas correspondientes.
En principio, la SFP indicó que debía aclarar una suma de 13 millones 485 mil 156 pesos con 74 centavos, correspondientes a los ejercicios de 2012, 2013 y 2015, de los cuales no justificó el importe de 13 millones 259 mil 271 pesos con 75 centavos, según las conclusiones de la Función Pública.
El 30 de julio, el 8 y 17 de agosto Zebadúa González presentó a la SFP escritos con sus aclaraciones, pero el 30 de octubre siguiente, Jéssica Rodríguez Mora, entonces Directora Contable de Verificación Patrimonial de la SFP, concluyó que sólo aclaró 225 mil 884 pesos con 99 centavos.
Después de siete meses de litigios, el actual Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador reactivó la acusación contra Zebadúa González, y, el 24 de junio pasado, la SFP obtuvo un amparo para que la FGR retome la denuncia.
El rotativo recordó que a inicios del sexenio de López Obrador, la FGR rechazó la denuncia por un presunto enriquecimiento ilícito contra el ex funcionario federal, de 58 años de edad, al argumentar que el denunciante, Alejandro Gonzalo Aurelio Ríos Puente, subdirector de Asuntos Penales de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la SFP, carecía de legitimación.
El 15 de noviembre, Ríos Puente presentó la denuncia ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) de la FGR, por el procedimiento de verificación patrimonial que concluyó que Zebadúa González no había justificado 13.2 millones de pesos.
Según documentos judiciales citados por Reforma, el 6 de diciembre pasado, la SIEDF estableció que el Reglamento como el Manual Organizacional de la SFP, delegaban al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos la facultad de autorizar al Director General Adjunto de Asuntos Penales.
Por ser subdirector, para la FGR, Ríos Puente no podía ser denunciante, y tampoco era procedente su petición de reconocer a la SFP como coadyuvante del Ministerio Público, ni como víctima u ofendido, en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001647/2018, indicó el rotativo.
Esta decisión implicó un retraso en la investigación de por lo menos siete meses, porque la SFP recurrió a los tribunales para reclamar que fuera aceptada la denuncia contra Zebadúa González en la FGR.
Fue hasta diciembre pasado, la que la SFP presentó un amparo contra la decisión de la FGR. Sin embargo, Julio Veredín Sena Velázquez, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, desechó la demanda.
La SFP impugnó dicha determinación judicial y fue apenas el pasado 4 de abril que consiguió que el Tercer Tribunal Colegiado Penal ordenara al juez Veredín Sena Velázquez aceptar el amparo que presentó contra la decisión de la FGR.
El 24 de junio, Veredín Sena Velázquez finalmente le otorgó el amparo a la SFP, precisando que la FGR no advirtió que el último párrafo de la fracción X del artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública también facultaba a los subdirectores para presentar querellas.
El fallo judicial obliga a la FGR a cancelar su acuerdo con el que invalidó al denunciante Ríos Puente, y, al mismo tiempo, a emitir uno nuevo en el que argumente sobre la procedencia de la misma.
Zebadúa González fue consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral (IFE) durante los comicios federales del año 2000. Después, de 2001 a 2003 se desempeñó como Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas. También fue presidente de la Fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En 2003 fue postulado y electo diputado federal del Partido de la Revolución Democrática. En 2006 manifestó públicamente su intención de ser candidato a gobernador de Chiapas, y aseguraba ser el favorito en las encuestas para el cargo, sin embargo, el PRD postuló al ex alcade de Tuxtla Gutiérrez, Juan Sabines Guerrero.
Zebadúa González protestó ante el hecho y renunció al PRD, para luego aceptar la candidatura por el Partido Nueva Alianza (PANAL). El 10 de agosto de 2006 declinó en favor de José Antonio Aguilar Bodegas, candidato de la Alianza por Chiapas, quien perdió ante Sabines Guerrero.
FGR TAMBIÉN VA POR CARLOS AHUMADA
Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, informó que la FGR determinó que cuenta con los elementos necesarios para ejercer acción penal contra el empresario de origen argentino Carlos Agustín Ahumada Kurtz, por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión, fraude específico, falsificación de documentos y uso de documento falso.
Dicha averiguación previa, derivó de la denuncia que presentó Robles Berlanga, quien el 21 de agosto de 2013 acusó a su ex pareja sentimental por el delito de extorsión, ya que, según dijo, Ahumada Kurtz sustrajo tres hojas en blanco con su firma, sin su consentimiento, y que a través de terceras personas la amenazó de utilizar dichos documentos para inventar una deuda millonaria.
El empresario reclama a Robles Berlanga una supuesta deuda de 200 millones de pesos, más intereses generados de 2003 a la fecha, dinero que según Ahumada Kurtz forma parte del Fideicomiso Justicia y Verdad, donde aparecen como beneficiarias sus hijas María Cecilia y Ana Lucía, que procreó con su esposa Cecilia Gurza González.
El diario Milenio, que informó del hecho, indicó que el 3 de julio de 2018, el agente del Ministerio Público declaró improcedente la solicitud de Ahumada Kurtz, quien pidió que se declare el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/46A/2013.
Ante dicha situación, el empresario tramitó un amparo que fue admitido a trámite por el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Vargas Alarcón, quien concedió la protección justicia al quejoso.
Sin embargo, ante el fallo judicial, la FGR interpuso un recurso de revisión que le tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal. Los magistrados modificaron la sentencia, pero ampararon a Ahumada Kurtz contra el acuerdo del 3 de julio 2018, dictado por el agente del Ministerio Público de la Federación.
Este estaba adscrito a la Dirección General de Control y Vinculación Estratégica, de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, encargada de la averiguación previa PGR/DGCAP/ZNO-XIV/46A/2013 y su acumulada PGR/DGCAP/ZNO-XIV/47A/2014.
El amparo concedido a Kurtz Ahumada fue para que el Ministerio Público de la Federación dejara sin efectos el acuerdo de 2018 y en su lugar emitiera otro en el que reitere los razonamientos dirigidos a considerar improcedente la solicitud del quejoso de emisión de una propuesta de no ejercicio de la acción penal.
Carlos Agustín Ahumada Kurtz, empresario de origen argentino de de 55 años de edad, ha incursionado en la minería, la construcción, el fútbol y el periodismo, al ser dueño y fundador del desaparecido diario El Independiente.
Se dio a conocer en marzo de 2004, a raíz de la difusión de una serie de videos donde se le observaba sobornando a servidores públicos, que supuestamente era dinero para el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.
En los llamados "Videoescándalos", se observaba a Kurtz Ahumada entregando maletínes o bolsas con fajos de billetes a René Juvenal Bejarano Martínez, entonces coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Además, entregó fajos de billetes a Carlos Ímaz Gispert, ex esposo de la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como ex presidente local del PRD en el Distrito Federal, y en ese momento titular de la Delegación Tlalpan, cargo al que tuvo que renunciar.
Años después, Ahumada Kurtz confesó que las grabaciones hechas en su oficina particular, fueron planeadas cuando llegó a un acuerdo con el entonces senador Diego Fernández de Cevallos y con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, para que se dieran a conocer los videos por televisión y conseguir protección por la acusación que tenía en su contra por un fraude por 31 millones de dólares.
El empresario de origen argentino fue detenido en La Habana por las autoridades cubanas tras un pedido de extradición del Gobierno de México, siendo luego deportado. Sin embargo, el 8 de mayo de 2007, salió libre.
El 28 de diciembre de 2007, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 19/2007, dirigida a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, solicitándoles disculpas públicas a Ahumada Kurtz y a su familia.
