FGR busca penas de hasta 40 años y cárcel inmediata para académicos denunciados por Conacyt
La Fiscalía General de la República (FGR) busca penas de hasta 40 años de cárcel para los 31 académicos denunciados por el Conacyt por supuestos malos manejos de recursos público. Pero además, pide que sean recluidos en un penal de máxima seguridad y que se les detenga de inmediato para evitar que destruyan evidencia o se den a la fuga.
El juicio, por tanto, lo seguirían desde prisión.
Así lo consigna el resumen de la acusación de 92 páginas que la FGR envió en agosto pasado a un juez federal para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de los científicos y académicos. Aunque el juez ha negado en dos ocasiones concederlas, la Fiscalía anunció ayer que las solicitará por tercera ocasión consecutiva.
Animal Político tuvo acceso a este documento en el que los fiscales aclaran que, si bien aun no se puede “prejuzgar” a los académicos, estos son probables responsables de ilícitos que conllevan penas que van de una a varias décadas de cárcel, y sin derecho a fianza.
Y aunque en un comunicado emitido ayer la FGR dijo que se trata de un caso de delitos patrimoniales (como sería, por ejemplo, el robo), en el escrito enviado al juez lo que les imputa a los académicos son, en realidad, cuatro delitos considerados coloquialmente como graves: delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades.
Los investigadores arman la acusación basada en una premisa: los imputados participaron en un esquema para aprobar recursos que se destinaron al denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyT), que era una asociación privada financiada ilegalmente por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con dinero que debió destinarse exclusivamente para desarrollar proyectos de investigación.
La premisa de la FGR, construida a partir de la denuncia de la actual administración del Conacyt y complementada con otras 38 pruebas, sostiene que la Ley de Ciencia y Tecnología no justificaba la constitución de una asociación privada para financiar los proyectos de investigación, sino solo la puesta en marcha de un órgano colegiado que debió funcionar siempre desde el Conacyt. A partir de ahí, considera que todo lo desarrollado por esta asociación se convierte en una operación criminal y las pruebas que esgrime son sus actas, nombramientos y peticiones de presupuesto.
A continuación, se desglosan los puntos clave de esta acusación de la FGR construida directamente por su Fiscalía Especializada en combate a la Delincuencia Organizada, conocida anteriormente como la SEIDO.
¿Quiénes están acusados?
La Fiscalía General de la República señala a 31 académicos e investigadores en total, que provienen de instituciones como la CIDE, de la UAM, del Tec de Monterrey, entre otros. De ellos 25 son exfuncionarios de Conacyt durante la anterior administración mientras que seis son personas vinculadas al Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC: los 3 excoordinadores generales, 2 secretarías técnicas y el abogado.
Alfredo Higuera, fiscal especializado en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que no se pretende atropellar a la comunidad científica, y recordó que todo servidor público está bajo el escrutinio de instancias revisoras de presupuesto.
“No se cuestiona ni la calidad profesional de las personas que puedan estar contempladas en esto, no se pretende atropellar a la comunidad científica, de ningún modo, esto es un tema de manejo de recursos que se considera al margen de la ley”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para el noticiero Por la mañana de Radio Fórmula.
Explicó que la FGR replanteará la acusación para lograr que la autoridad judicial analice integralmente los hechos y los elementos probatorios con los que cuentan.
“Un juez emite un criterio que consideramos nosotros no atiende la totalidad de los planteamientos que se hicieron”, añadió Higuera.
¿Qué delitos se atribuyen a los científicos?
De acuerdo con el resumen de la carpeta de investigación presentado ante el juez, los 31 académicos son probables responsables de cuatro delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), delincuencia organizada, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Ello, como resultado de una presunta “organización criminal” formada por los académicos y liderada por Enrique Cabrero Mendoza, Julia Tagüeña Parga, Adriana Ramona Guerra Gómez, José de Jesús Franco López, Gabriela Dutrenit Bielous, Patricia Zúñiga Cendejas, David García Junco Machado, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez y Francisco Salvador Mora Gallegos.
“Conformaron una organización criminal estructurada, la cual entre 2013 y por lo menos hasta 2019, desplegó en forma permanente y reiterada conductas cuya finalidad fue la de cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues fueron desviados recursos del presupuesto público asignado al organismo público descentralizado Conacyt dándoles destino distinto de aquel para el cual debían ser dispuestos, con la única finalidad de beneficiar indebidamente a la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C”, dice el escrito.
