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Investigación

FGR acusa a 4 militares del asesinato de 5 jóvenes de Nuevo Laredo

Los cabos de nombres Juan Carlos, Bernardo, Jorge Nicolás y Agustín Cornelio, quedaron presos en el Campo Militar Número Uno

Un Juez federal dictó este lunes prisión preventiva de oficio a cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que presuntamente asesinaron a cinco jóvenes e hirieron a otro -el 26 de febrero del presente año-, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los cabos de nombres Juan Carlos, Bernardo, Jorge Nicolás y Agustín Cornelio, quedaron presos en el Campo Militar Número Uno.

La Fiscalía General de la República (FGR) los imputó ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, dentro de la causa penal 46/2023, según informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

En una audiencia por videoconferencia que inició a las 10:44 horas del 9 de abril de 2023 y concluyó a las 14:21 horas del día siguiente, el juzgador les impuso la prisión preventiva de oficio a los imputados.

Los militares ya estaban presos, procesados por delitos del fuero castrense.

Los militares pidieron al juzgador duplicar el plazo legal para definirles la situación jurídica, por lo que será a las 16:00 horas del 12 de abril de 2023, cuando se reanude la audiencia y se resuelva si son o no vinculados a proceso.

Los fiscales de la FGR formularon la imputación con base a diversos datos de prueba, para tratar de demostrar su probable culpabilidad en la muerte de los jóvenes Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Ángel Suárez Castillo. En tanto, Luis Gerardo “N” se encuentra en un hospital privado y se reporta en estado delicado, mientras que Alejandro Pérez Berlies resultó ileso, pero con daño sicológico.

“Se tiene por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, la Fiscalía solicita se fije audiencia para formular imputación contra los implicados Agustín ‘N’, Juan Carlos ‘N’, Bernardo ‘N’ y Jorge Nicolás ‘N’, pues precisa que en la carpeta de investigación 435/2023, obran datos suficientes que establecen la existencia de hechos que la ley contempla como delitos. Así como su probable intervención, siendo los siguientes: homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa” refiere la causa penal 46/2023.

La defensa de las familias de las víctimas también solicitarán la vinculación a proceso de los cuatro soldados y pedirán al juez ampliar la imputación en contra de 17 elementos, incluido el capitán Elio “N”, que conformaban el convoy, por probables delitos de omisión.

Edgar Netro Acuña, uno de los abogados de los familiares de las víctimas e integrante del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, expresó que estaban inconformes porque la FGR sólo realizó la imputación de cuatro elementos, de los 21 que participaron. El litigante enfatizó que los cuatro soldados fueron los que dispararon sus armas y causaron la muerte de los cinco jóvenes.

“En el relato de las dos víctimas directas, Luis Gerardo y Alejandro, sabemos que el resto del cuerpo militar que iba en ese convoy también tuvieron participación, encubrieron a sus compañeros, no hicieron nada para salvaguardar la integridad física de los dos sobrevivientes”, detalló el abogado.

Netro Acuña enfatizó en que los 17 elementos restantes también estaban relacionados con el caso, probablemente no de manera directa, pero dijo que no brindaron ayuda a las víctimas cuando se dieron cuenta de que no portaban armas.

El litigante subrayó que iban a pedir a la FGR que los 17 elementos de la SEDENA restantes fueron imputados dentro de esta carpeta. “En menor y mayor grado deben ser juzgados por igual, especialmente el capitán porque llevaba el mando”, señaló.

Netro Acuña expresó que se realizará la imputación y solicitarán un término para la investigación complementaria, a la que agregarán más datos de prueba.

Subrayó que la reparación del daño estaba inmersa en la sentencia, era una obligación del Estado mexicano y afirmó que el juez federal estaba obligado a velar por los intereses de las víctimas.

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