"¿Es hora de regular las drogas para frenar la violencia en el país? Dos textos a favor del SÍ"
Ciudad de México (SinEmbargo).– Los datos oficiales son puntuales: la violencia en México sigue creciendo. El primer trimestre del este año fue el más violento de la historia, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Los homicidios dolosos crecieron en un año 9.7 por ciento, de 6 mil 598 carpetas de investigación a 7 mil 242.
El Gobierno de México se enfrenta a una fuerte presión debido a los limitados resultados en el combate a la inseguridad. Y la matanza de Minatitlán, Veracruz, con 13 muertos (entre ellos un bebé), confirma una racha violenta que sacude al país desde el norte hasta el sur.
Durante años se ha manejado la posibilidad de que el mercado de las drogas sea regulado en México. Algunos de los especialistas más importantes en el tema –incluyendo iniciativas de ex presidentes y algunos cuerpos de Naciones Unidas– insisten en que serviría para contener la violencia. El Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo durante la campaña de 2018 que recurriría “a lo que sea necesario” para bajar los indicadores inseguridad” pero no parece haber hallado la clave para detener el derramamiento de sangre.
LEGALIZAR LA MARIGUANA
–Por Carlos Acuña, El Sur de Guerrero
Alberto Kuri guarda en su teléfono videos de mexicanos trabajando en torno a plantas de mariguana en California. Son cientos. Muestra uno en el que aparecen cinco personas dentro de una amplia habitación, donde separan la planta con las manos antes de depositarla en grandes contenedores de plástico al ritmo de canciones de Julión.
“Escucha, escucha: ésos dos son de Guerrero”, dice Kuri antes de bajar el volumen de su celular.
Kuri es empresario y agricultor. Siembra papayas en Caletilla, Michoacán, cerca del Puerto de Lázaro Cárdenas; también maneja tres dispensarios de cannabis en California y es accionista de Circular Systems, una compañía estadunidense cuya apuesta de negocios se centra en el desarrollo sustentable del campo a través de la cannabis. Según lo que ha visto, en California existen cientos de guerrerenses, michoacanos y oaxaqueños que se han involucrado en el proceso de siembra, producción, empaquetado y venta de mariguana.
“Es absurdo –remarca–, ellos podrían obtener mucho más beneficio por ese trabajo, sin tener que abandonar sus tierras”.
En noviembre pasado la ahora Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó ante el Senado la iniciativa de Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, mediante la cual se normará el uso de la mariguana con cualquier fin, ya sea personal, médico o comercial. Desde ese momento la expectativa en torno a la industria que puede abrirse en México no para de crecer.
“Es importante que la iniciativa le otorgue seguridad a los agricultores tradicionales. En California muchos de los agricultores no han sido capaces de navegar por la estructura legal para obtener una concesión que les permita sembrar cannabis”, advirtió en marzo, durante un foro realizado por la Comisión de Salud del Senado, Dustin Moore, miembro de la consultora especializada Axiom Advisors.
SEPARAR EL CÁÑAMO
Procanna es una organización civil fundada por Alberto Kuri con la finalidad de trabajar directamente con los campesinos de la Montaña de Guerrero –sobre todo aquellos que ya cultivan mariguana– para prepararlos y que, una vez que la legalidad lo permita, tengan la posibilidad real de construir una industria autosustentable.
El problema que yo le veo a la iniciativa propuesta, es que se ha centrado sobre todo en la comercialización y en los derechos del consumidor”, destaca Kuri.
“México podría ser líder en producción de cáñamo, es decir de cannabis no psicoactivas, un producto que actualmente importamos. Y la iniciativa no parece entender lo poderosa que puede ser esta industria, así que no hace una separación clara entre ambas industrias: el cáñamo no psicoactivas no puede sobrerregularse por confundirse con la cannabis de uso recreativo”.
Entre las empresas en las que participa Kuri destaca Agroloop, una biorrefinería que procesa los desechos resultantes de la siembra de cannabis con el objetivo de convertirlos en fibras textiles, papel, energía. Parecería un sueño utópico, casi hippie, pero no: se trata de un negocio redondo.
“Todas las ramas, las hierbas, los residuos que quedan después de la cosecha son oro. Y mientras en Estados Unidos todos esos residuos vegetales se procesan para convertirlos en fibra y otros materiales, en México los campesinos esperan a que se pudran para poder volver a sembrar. ¿Por qué el Estado, o una empresa particular, no se encargan de limpiar el campo y usar todo ese material orgánico para crear energía?”, pregunta Kuri.
“Estamos hablando de un negocio de billones de dólares. Debemos entender que esto tiene que hacerse bien desde un principio. Yo veo voluntad política y qué bueno; se tiene que legislar bien, a detalle, pero se tiene que hacer ya”.
LEGALIZACIÓN, REGULACIÓN Y JUSTICIA SOCIAL
En la iniciativa propuesta por Olga Sánchez Cordero destaca un párrafo: “se deberán implementar políticas públicas dirigidas a los grupos sociales, étnicos y minoritarios, que históricamente han sufrido discriminación a causa de injusticias sociales o políticas prohibicionistas (…) El objetivo es mejorar la calidad de vida de los grupos desfavorecidos y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que han sido víctimas”.
Es una de las pocas veces que la iniciativa menciona la necesidad de retribuir a aquellas poblaciones de agricultores que, a lo largo de varias generaciones, se han dedicado a la siembra de mariguana en condiciones de ilegalidad, explotados por grupos criminales, o enfrentados con el Ejército y las diversas fuerzas policiacas.
Y es que, aun cuando la iniciativa de ley prevé la posibilidad de otorgar licencias de cultivo para autoconsumo, así como para cooperativas de consumidores, aún no es claro cómo se otorgarán los permisos para la siembra, cultivo y cosecha de mariguana a nivel agrícola y con fines comerciales.
En el documento no se plantea cómo es que esta justicia social sería aplicada en la realidad.
De ser aprobada, la ley decretará la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control de Cannabis, que estará encargado de otorgar y retirar las licencias de siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, transporte, distribución, venta y comercialización, además de establecer los lineamientos para otorgarlas, y ejecutar la verificación sanitaria de toda la cadena.
“LA CLANDESTINIDAD ES PEOR”
Consumidor declarado y editor de la revista Cáñamo, Polo es uno de los activistas más visibles en el tema de la legalización y regulación de la mariguana; es dueño de un pequeño local en el Centro Histórico de Ciudad de México dedicado a la venta de pipas, papel para cigarrillos, jabones de cannabis, camisetas fabricadas con hemp, revistas y material informativo.
En noviembre, Polo estuvo en Filo de Caballos para presentar a un grupo de campesinos mariguaneros con un empresario interesado en invertir en la incipiente industria.
“El campo mexicano ya está muy atrasado a estas alturas”, dice a manera de diagnóstico. “En Guerrero todavía secan las plantas al sol, en los tejados. Las plantas se deben secar a oscuras en un lugar ventilado, por ejemplo, para que no pierdan sus elementos psicoactivas. Para mí, como amante de la cannabis, ver esa manera de secarlas es como mirar un video de esquimales matando foquitas bebés. ¿Por qué le hacen eso a la mota?”.
Polo ríe. Pero su preocupación no es menor. Han bastado poco más de tres años, desde que se reguló la mariguana en Estados Unidos y Canadá, para que la diferencia sea notoria. Mientras en casi todo México se siembra la planta todavía usando sulfato de amonio como fertilizante o Paratón como pesticida –químicos prohibidos fuera de México por su alta toxicidad–, en otros países la mariguana sigue códigos estrictos, bien sea para aumentar su potencia o para garantizar la salud del consumidor.
“Todo eso es resultado de pensar el cultivo como una actividad furtiva”, sentencia Polo convencido.
“La clandestinidad es lo peor que le puede pasar a la mariguana. Además de afectar su calidad, atenta contra la salud de los consumidores y de los agricultores. Si no estuvieran pensando que los van a fumigar o encarcelar, los campesinos podrían tener la oportunidad de pensar mejores prácticas”.
CORPORATIVAS DE CAMPESINOS
La historia no es reciente. El Paraquat es un producto químico de alta toxicidad usado por el Ejército para erradicar cultivos de amapola y mariguana; se le rocía desde el cielo en avioneta y puede contaminar varios sembradíos a la redonda. La práctica ha resultado inútil para combatir la siembra de mariguana.
Según ha documentado Catalina Pérez Correa, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los campesinos han aprendido que después de una fumigación deben cortar inmediatamente las matas, así las hojas no se secarán y podrán salir al mercado.
Resulta imposible saber cuántas toneladas de mariguana envenenada llegan a los consumidores mexicanos. En 2014, según informó la extinta Procuraduría General de la República en su sitio web, entre mayo y octubre se erradicó “un promedio de 30 hectáreas diarias (…) empleando 7 litros de herbicida Paraquat por hectárea”.
Todavía en mayo de 2017, según documentó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se reportaban varias fumigaciones con Paraquat en Zapotitlán para eliminar campos de amapola, lo cual provocó que se secaran las milpas de maíz, frijol, cilantro, pápalo y calabaza, además de causar graves enfermedades en la región.
“Históricamente, los campesinos y los consumidores de cannabis han sido los más criminalizados –explica Polo–. Los campesinos son, encima, los menos beneficiados de toda la cadena comercial. Es un tema pendiente detallar cómo se otorgarán estas licencias para cultivar mariguana. Resulta claro que el Estado no lo controlará, como pasó en Uruguay, pero ¿qué modelo comercial se va a seguir?
“No tiene caso que unas cuantas empresas sean las responsables de regular todo el negocio de la mariguana. El derecho que tenemos que ganar es a cultivarla; si en un futuro sólo podemos comprar mariguana en el Oxxo, ¿qué ganamos? No, se tienen que crear cooperativas de campesinos que puedan producir a escala pequeña. Que sean ellos quienes más se beneficien”.
LICENCIAS, Y REGULAR MONOPOLIOS
En enero de este año 142 personas fueron asesinadas en Guerrero, 95 con arma de fuego; en febrero, 136 corrieron la misma suerte y, de ellas, 112 murieron por el impacto de una bala, según los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“El 80 por ciento de los homicidios tienen que ver con ejecuciones del crimen organizado y no de cualquier crimen organizado, sino sobre todo del que tiene que ver con tráfico de drogas”, subraya Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo, organización que da seguimiento cada mes a la incidencia delictiva en el país, con base en una metodología propia.
Respecto a Guerrero, los datos de los últimos meses no difieren de las cifras oficiales, pero sus análisis sí aclara cuáles son los municipios donde el delito de homicidio doloso se ha agudizado durante los últimos dos meses: Tlapa de Comonfort, Tecpan de Galeana, Zihuatanejo de Azueta, Acapulco de Juárez, San Marcos, Chilpancingo de los Bravo.
Esta violencia, afirma, “es resultado de la prohibición y de la estrategia fallida para combatir el tráfico de drogas. Es simple: no se usa a la milicia ni a la policía para combatir un mercado. Un mercado no se combate con balas, sino con principios económicos”.
“Yo espero que los legisladores tengan en cuenta algo: es necesario otorgar licencias, muchísimas, para no crear monopolios. La carga administrativa será gigante, pero será mucho más benéfico. Y tienen que facilitar esas licencias a las personas que han sido afectadas por la prohibición”.
“El nombre del juego es que no haya mercado negro: si diste pocas licencias, si creaste monopolios, crearás mercado negro. Y si hay mercado negro, la violencia no parará”.
LEGALIZAR LA COCAÍNA
–Por Troy Farah, Insight Crime
Es más que claro, tras décadas de ensayo y error y una escalada de evidencia científica, que la prohibición termina haciendo más riesgosa el de por sí riesgoso consumo de cocaína.
Si realmente queremos reducir la mortandad y otros problemas de salud asociados a los narcóticos, es más lógico regular los mercados legales de droga que incentivar los ilícitos. Las llamadas drogas “duras”, como la cocaína y las metanfetaminas, no son la excepción.
La prohibición del cannabis y los alucinógenos va desenredándose poco a poco en algunos lugares, pero para los estimulantes es difícil plantear esto por el momento. Incluso quien piense que debiera permitirse el uso terapéutico de los hongos psilocibios, o que debiera venderse el cannabis igual que se vende la cerveza, podría no aceptar tan fácilmente un mercado legal para la cocaína.
Eso no detendrá a Steve Rolles, analista sénior de políticas del centro de pensamiento británico Fundación Transform Drug Policy (Transformar la Política de Drogas). Él espera que los países pronto regulen y legalicen la venta, posesión y consumo de “estimulantes”. No quiere decir con esto que estas drogas estén exentas de riesgos, pero señala que la prohibición no hace nada para solucionar esos riesgos, y que necesitamos una estrategia diferente.
“El peligro de una droga específica es el motivo por el que se regula, no el motivo por el que se le rehúye”, criticó Rolles en una conversación telefónica con Filter. “Para mí, en realidad no importa qué tan peligrosa sea una droga específica. Si la gente la usa, debemos aceptar que la prohibición la hará aún más peligrosa, y que la regulación la hará más segura. Es una posición fundamentalmente pragmática”.
Rolles es el autor de Cómo regular el cannabis: guía práctica (How To Regulate Cannabis: A Practical Guide), libro que usaron Canadá y Uruguay para dar forma a sus marcos legales de la marihuana. Funcionarios del Gobierno mexicano lo citaron recientemente en proyectos de ley para la legislación de la marihuana de uso recreativo. Es muy importante cuando los máximos legisladores de un país te consultan sobre cómo dar forma a una industria que involucra sustancias psicoactivas, en especial sustancias que aún cargan un estigma fuerte.
El consumo de drogas como el crack y las metanfetaminas está aumentando, pero esto parecen ignorarlo la mayoría de los medios de comunicación y los gobiernos en el contexto del incesante aumento de las muertes producidas por los opioides. Eso significa que este puede ser un momento crítico para considerar este tipo de legislación. Rolles cita evidencia de que el acceso a las drogas puras con dosificaciones conocidas podría no solo evitar las sobredosis fatales, sino también contribuir a acabar con las sangrientas guerras entre carteles en Latinoamérica.
“Ha habido un incremento alarmante en las muertes por estimulantes. [De] unas 70 mil muertes en Estados Unidos [en 2017], 10 mil a 15 mil tuvieron que ver con estimulantes”, sentencia Rolles. “Creo que si no hubiera sido por la crisis de los opioides, la gente habría prestado mayor atención a ese hecho, y no es así. Incluso en el Reino Unido, hemos visto un acelerado incremento de las muertes por cocaína y MDMA. En todo el mundo, este es un problema creciente que no está recibiendo la atención que requiere”.
“La cocaína no regulada ya está al alcance y se consume en todas partes, pero regular la cocaína la haría mucho más segura”.
Los mercados legales podrían resolver este problema en aumento. Por tomar un ejemplo, centrémonos en la cocaína. Un mercado legal para la coca puede parecer absurdo, pero esa droga se vendía en muchos lugares hace un siglo en Estados Unidos, como cura para la calvicie y de mayor fama, como uno de los primeros ingredientes de la Coca-Cola. ¿Funcionaría un mercado regulado para la cocaína 100 años después? ¿Y qué convencería a los legisladores de considerar seriamente esa idea?
“Vale la pena recordarnos que la cocaína no regulada ya se ofrece ampliamente y su consumo es igual de amplio, pero regular la cocaína la hará mucho más segura”, opinó para Filter Julian Buchanan, veterano en mitigación de daños y profesor retirado de la Universidad Victoria de Wellington.
“La pregunta no es ‘debe legalizarse la cocaína’, sino ¿a cuenta de qué, dada la evidencia que tenemos en frente, debemos mantener la prohibición de las drogas? El régimen es una desgracia global que será recordada en la historia como una de las mayores atrocidades y abuso contra los derechos humanos de las que tenemos memoria. ¿Qué postura asumimos en este periodo histórico de cambio?”
Entonces, ¿cómo sería sacar la cocaína de las sombras? ¿Se parecería a los dispensadores de cannabis de California o Canadá? ¿O funcionaría más como los programas de prescripción de heroína que rigen en Suiza y el Reino Unido?
¿QUÉ PASA DONDE YA ES LEGAL?
Varios países ya han legalizado, en lugar de simplemente despenalizar, pequeñas dosis de cocaína. Colombia, actualmente el mayor exportador mundial de cocaína, permite la posesión hasta de un gramo, pero prohíbe su venta. México tiene un modelo similar, pero solo permite la posesión de medio gramo. En Perú, son dos gramos, pero en 1949 el Gobierno creó ENACO, la empresa nacional de coca, de propiedad estatal, que cultiva coca para productos medicinales como tés.
Dicho sea de paso, Estados Unidos es el único país que compra la cocaína para uso medicinal de Perú, que se usa (excepcionalmente) para cirugías de senos paranasales. La cocaína es un excelente vasoconstrictor —comprime los vasos sanguíneos— y como lo señalaba una revisión de 2016, “no existe reemplazo directo para sus características exclusivas únicas”.
Bolivia es el otro país donde la cocaína es verdaderamente legal, no solo despenalizada, como en Portugal. En 2008, el país expulsó radicalmente a la Administración Antidrogas de Estados Unidos y se retiró de la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas. El país volvió a ingresar en 2013, pero con una exoneración para la coca. Hoy en día unos 3 millones de personas en Bolivia usan la hoja de coca.
Al tiempo, Bolivia abrió su programa “Coca sí, Cocaína no”, que consagró la coca en la constitución, pero satanizó la cocaína en forma pulverizada. Esto tiene algún sentido, pues la coca ha estado profundamente arraigada en la identidad nacional boliviana a lo largo de su historia, mientras que la cocaína en polvo se asocia con el “neoliberalismo” y la explotación capitalista, según Paul Gootenberg de la Universidad de Stony Brook.
“También es irónico —aunque predecible— que Estados Unidos no han reconocido la legitimidad del experimento nacional boliviano para el control de drogas, pese a la evidencia de su efectividad —probablemente porque es un desafío abierto a la ideología de control sobre la oferta”, señalaba Gootenberg en un análisis en 2017.
Los mercados legales para la cocaína en otros países podrían desarrollarse con base en estos modelos latinoamericanos. Pero además de la naturaleza de la regulación y las ventas, debemos considerar posibles límites en compra de gramos por persona, y qué formas de cocaína podrían autorizarse.
OTRAS ESTRATEGIAS
Ya sea hojas de la planta de coca, una raya de polvo blanco o la base libre (crack), es siempre la misma droga, pero la variación de concentraciones y vías de administración pueden tener efectos tangencialmente distintos.
“En realidad la cocaína es una muy buena ilustración de cómo la preparación de la sustancia y el uso específico que se haga de ella puede tener impactos enormemente significativos en el grado de afectación a la salud”, observa Rolles.
Durante 3 mil años, las comunidades andinas de Suramérica han mascado hojas de coca para combatir el mal de altura. Se dice que es casi tan suave como el café e incluso puede tener algunos efectos benéficos en la salud. En ocasiones se mezclan las hojas en tés y otras bebidas, pero la concentración de cocaína es tan pequeña que es difícil drogarse mucho o volverse dependiente.
Luego, por supuesto, están las formas de cocaína en polvo, que por lo general se esnifan. Los resultados son más inmediatos, con un efecto más potente. Como la sal de cocaína es soluble en agua, también puede inyectarse.
Finalmente, la cocaína en base libre tiene un punto de ebullición más bajo, de modo que puede vaporizarse y fumarse, lo que da a la droga un efecto de descarga muy fuerte. La base libre de baja pureza hecha con bicarbonato de sodio se conoce como “crack” por el sonido que hace al calentarse. La cocaína en base libre dura menos, pero tiene un efecto más intenso, lo que genera mayores patrones de consumo problemático que la cocaína aspirada o el té de coca.
Rolles está a favor de ofrecer alternativas más suaves que el polvo o la cocaína en base libre, pero señala que seguir prohibiendo completamente las demás formas no hará mucho para mitigar los daños de la prohibición.
Entonces es claro que no todas las formas de cocaína fueron hechas iguales. ¿Deben permitirse algunas mientras se prohíben otras? Para empezar, Rolles está a favor de hacer alternativas más suaves que el polvo o la cocaína en base libre del mercado, pero afirma que seguir prohibiendo en forma categórica las otras formas no hará mucho para mitigar los daños de la prohibición. Los perjuicios graves y continuados en las comunidades negras causados por la agresiva respuesta del Gobierno estadounidense al crack son un crudo ejemplo de ello.
“Desde un punto de vista de salud pública, si la gente va a consumir cocaína se quisiera que se alejaran de los productos más fuertes y riesgosos”, apunta Rolles. “Estoy muy interesado en algunos de esos productos de cocaína más suaves que se encuentran entre la hoja de coca y la cocaína en polvo”.
Él propone goma de mascar de cocaína, pastillas y bebidas energéticas —e incluso paquetes similares al snus que se ponen en el labio superior, en los que simplemente se sustituya el tabaco por hojas de coca. La regulación de esas y otras formas “suaves” de la droga haría mella en el negocio ilícito de la cocaína, al restar influencia a las pandillas y proteger a la población de los productos adulterados.
“Lo que la prohibición hace es inclinar al mercado a los productos más peligrosos, porque son los más potentes y rentables”, explica Rolles, y resume lo se conoce como la Ley de hierro de la prohibición. “Ahora nunca se van a librear de todo eso. Algunas personas siempre van a querer cocaína en polvo. Quieren ese subidón, quieren esa sensación. Pero si se pudiera alejar a 30, 40, 50 por ciento de los consumidores de cocaína en polvo … desde un punto de vista de salud pública eso sería algo bueno”.
Un mercado para la cocaína en polvo tendría regulaciones mucho más estrictas que uno para productos más suaves, propone Rolles, y se exigiría a los proveedores destacar los productos que supusieran menos riesgo y discutir estrategias de reducción de daños con los clientes. También propone la prohibición de ventas secundarias y el requisito de acceso con licencia para evitar que la gente compre en grandes cantidades. “Será limitado”, dice. “Algo sensato, como dos gramos a la semana o algo así”.
¿QUÉ TAN VIABLE ES?
Las políticas de drogas progresistas parecen estar calando en Estados Unidos. Hace solo una década, el cannabis recreativo no podía conseguirse legalmente en ningún lugar, pero ahora 10 estados han adoptado la legalización, y muchos otros van en la misma dirección. Considerando la reciente aprobación de la esketamina por parte de la FDA —y no está lejos la MDMA y la psicoterapia con psilocibios—, las drogas alucinógenas parecen ser las siguientes en la lista del levantamiento de la prohibición, al menos en parte.
Pero, ¿realmente están muy lejos los estimulantes?
“Recibir apoyo amplio para relajar las leyes que regulan el uso de estimulantes será difícil, especialmente en la actual administración en D. C.”, comentó Khary Rigg, investigador del Instituto de Ciencias Comunitarias y de la Conducta (College of Behavioral and Community Sciences) en la Universidad del Sur de Florida, en conversación con Filter. “Pero dicho esto, aun cuando pueda no ser el mejor momento en el ámbito político para proponer estas ideas no quiere decir que no deban plantearse. Si es una buena idea, es una buena idea”.
Hay que comenzar por algún lugar… y discutir el tema es un primer paso.
La legalización de la cocaína requerirá un cambio importante de la Ventana de Overton —el rango de ideas aceptables para la población general. Una encuesta realizada en 2016 mostró que el 76 por ciento de los estadounidenses se oponían a la despenalización de la cocaína, y solo el 16 por ciento estaba de acuerdo.
Pero en algún punto hay que empezar —recordando el dramático incremento en el apoyo público a la legalización del cannabis— y discutir el tema es un primer paso. La Encuesta global de narcóticos de este año, por ejemplo, pregunta a los encuestados si estarían preparados para pagar extra por cocaína “en un mercado justo”, producida de manera ética. Rolles aspira a este libro aún sin nombre, que espera publicar más adelante este año, para propiciar con más fuerza ese diálogo.
“Cuando a los legisladores les interese avanzar con esto, tendrán una base sólida en la que fundamentar su defensa”, prevé Rolles. “Es el momento indicado para impulsar el debate regulatorio más allá del cannabis y comenzar a estudiar algunas de estas otras drogas. Los estimulantes parecen el siguiente paso obvio”.
–Con información de El Sur e Insight Crime.
