Enrique González Tiburcio, ex funcionario relacionado a ‘Estafa Maestra’, se salva de la prisión
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, vinculó a proceso, ayer sábado 18 de diciembre, a Enrique González Tiburcio, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en el esquema conocido como la “Estafa Maestra”.
Sin embargo, el ex titular de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (SEDATU) -cuya superior directa era María del María del Rosario Robles Berlanga, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, libró la prisión preventiva justificada.
El ex funcionario federal fue vinculado a proceso por el juez federal, por presuntamente suscribir de forma ilegal un contrato mediante el que se desviaron 185 millones 839 mil 480 pesos, a través de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) de Hidalgo.
Fuerte Tapia consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó datos de prueba suficientes de González Tiburcio firmó un convenio de colaboración ilegal entre la SEDATU y la citada Universidad hidalguense, automatizar el registro, control y seguimiento de la información del Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero, por un monto de más de 185 mdp.
Durante una audiencia virtual que duró más de 8 horas, los fiscales de la FGR imputaron a González Tiburcio, quien enfrentó su segunda acusación, ello luego que en enero de 2019 fue procesado por falsedad de declaración también por la “Estafa Maestra”. Asimismo, advirtieron al juez federal del peligro de que se sustrajera de la justicia.
Los fiscales de la FGR reforzaron señalaron que el ex subsecretario de la SEDATU tenía tres domicilios diferentes en la Ciudad de México y contactos en Alemania, además de que contaba con recursos económicos y había salido del país a destinos como República Dominicana, Ecuador, Chile, Indonesia, Chicago, Panamá, Italia, Grecia y Turquía.
Los fiscales Mario Fonseca Barrera, Mónica Martell Olguín y Gerardo Pérez Cruz, exhibieron diversos registros de instituciones públicas y bancarias, para exponer que González Tiburcio había vivido en tres domicilios en la Ciudad de México y no había certeza de su residencia.
La FGR también informó los ingresos del ex funcionario federal y los movimientos de dinero en tres seguros de vida, los datos de sus dos vehículos. Los fiscales también precisaron al juez que una hija del imputado vive en Berlín, Alemania, y exhibió su domicilio particular.
Además, el fiscal Fonseca Barrera puntualizó que un incentivo para que el político veracruzano pudiera darse a la fuga es que en sus dos procesos podía ser sentenciado hasta 12 años de prisión. González Tiburcio, indicó, cuenta con los recursos económicos, antecedentes migratorios y falta de arraigo.
En respuesta, la defensa de González Tiburcio indicó que su cliente no incumplió con las medidas cautelares derivadas del primer proceso en su contra, consistentes en la firma periódica del libro de procesados y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
Ante ello, el juez federal dio “un voto de confianza” a González Tiburcio y desestimó la medida cautelar en su contra, al considerar que los fiscales de la FGR no presentaron elementos suficientes para demostrar el riesgo de que el imputado evada la justicia.
Fuerte Tapia concluyó que el ex funcionario federal sí tenía arraigo en la capital de la República, en principio porque dos de sus hijos viven aquí y también porque en su primer proceso nunca incumplió con su presentación periódica para firmar a la Unidad de Medidas Cautelares.
El juez federal también dio la razón a los abogados del imputado, encabezados por Alejandro Bucio Antele, cuando dijeron que la única ocasión en que González Tiburcio salió del país, estando ya sujeto a su primer proceso, fue en 2019 con autorización del juez.
“Vale la pena mencionar que sí hay factores de riesgo que, en caso de incumplimiento, facilitaría sin duda la visión de la Fiscalía. Se le está otorgando un voto de confianza para que cumpla con las medidas cautelares”, dijo Fuerte Tapia, al negar la prisión justificada.
El pasado 16 de diciembre, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui Flores, el ex subsecretario de la SEDATU afirmó que demostraría ante el juez la falsificación de su firma en un convenio por el que le imputan daño patrimonial por 185 millones de pesos.
González Tiburcio dijo que en su momento comunicó la falsificación a Robles Berlanga y al entonces Oficial Mayor de la SEDATU, Emilio Zebadúa González, quien busca convertirse en testigo colaborador de la FGR. Sin embargo, señaló que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) volteó un peritaje para decir que sí era su firma.
Antes de ser vinculado a proceso, González Tiburcio tomó la palabra y manifestó al juez federal que él denunció desde 2017 que su firma había sido falsificada en el convenio que le imputan. No obstante, la FGR reviró la responsabilidad en su contra, acusándolo de falsedad en declaración, con un peritaje que sostenía que sí era su rúbrica la plasmada en dicho documento.
“De denunciante pasé a imputado, esto deriva de mi denuncia, lo digo de cara ante usted, le señalo que la impunidad no puede ser dueña de la realidad de nuestro país”, expresó el ex subsecretario de la SEDATU, quien libró la prisión preventiva justificada, solicitada por la FGR.
En cambio, el juez decidió imponer a González Tiburcio tres obligaciones: acudir a firmar los días 1 y 15 de cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares; así como la prohibición de salir del país sin autorización judicial y entregar su pasaporte al Centro de Justicia Penal Federal.
Asimismo, el juez Fuerte Tapia estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en que tanto la defensa de González Tiburcio, como la FGR, reunirán sus datos de prueba.
Para González Tiburcio, este es el segundo proceso por el que lo imputan, ya que el diciembre de 2018 le iniciaron un procedimiento penal por el delito de falsedad en declaración, el cual ha llevado en libertad provisional y con medidas similares a las que le impuso Fuerte Tapia.
LA IMPUTACIÓN CONTRA GONZÁLEZ TIBURCIO
La imputación de la FGR contra González Tiburcio se basa en que el 4 de enero de 2016 supuestamente suscribió con la UPFIM el citado convenio, hecho que no solamente niega el imputado, sino que señala como falso, ya que desde 2017 denunció ante el Órgano Interno de Control de la SEDATU que su firma fue falsificada en dicho documento.
El 2 de febrero de 2016, la Universidad hidalguense subcontrató a las empresas Asesores Contables Administrativos VICMA, por 139 millones 117 mil pesos, y a Contabilidad y Soluciones INNER, por 42 millones 841 mil pesos. Para la FGR, este contrato es indebido porque la UPFIM cedió el 97.91 por ciento del monto total del convenio, sobrepasando el tope de 49 por ciento establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Asimismo, la FGR señaló González Tiburcio por suscribir el acuerdo con la UPFIM sin realizar un estudio de mercado, ocasionando una afectación al erario, porque evitó que el Estado contara con una valoración de las condiciones de precio, calidad y financiamiento.
Además, la FGR atribuyó al ex subsecretario no haber verificado que la citada Universidad tuviera la capacidad de respuesta inmediata para el cumplimiento del contrato, ni los recursos técnicos, financieros o humanos, o que sus actividades estuvieran relacionadas con los servicios requeridos.
¿QUIÉN ES ENRIQUE GONZÁLEZ TIBURCIO?
Enrique González Tiburcio nació en el municipio de Alvarado, Veracruz. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Maestro en Ciencias Económicas por la misma institución.
Desde 1983 se ha desempeñado en diversos cargos en la Administración Pública Federal vinculados con el desarrollo social y comunitario, como el Programa Nacional de Solidaridad (89-91), el Instituto Nacional de Solidaridad (92-93), el Instituto Nacional Indigenista (94-98), y la Secretaría de Desarrollo Social (99-01).
De 2013 a 2015, se desempeñó como Coordinador de Asesores en la Secretaria de Desarrollo Social, así como Secretario Técnico del Gabinete Especializado “México Incluyente” y enlace de la SEDESOL Federal en el Estado de México. Fungió como subsecretario en la SEDATUR desde septiembre del 2015.
Ha colaborado como consultor de diversos organismos internacionales y ha sido profesor investigador en la UNAM (1980-2008) y en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), de 1990 al 2000, institución que le otorgó el Premio Nacional de Administración Pública.
