En 44 penales los presos controlan todo. ‘No son prioridad para el Estado’: expertos
No sólo en el Centro de Reintegración Social (Cereso) número 3, de Ciudad Juárez, Chihuahua, el crimen organizado tiene el control, hasta el año pasado 44 centros penitenciarios, ubicados en 17 estados del territorio nacional, fueron señalados por presentar condiciones de autogobierno, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con dicho Diagnóstico, en estos 44 penales, de los 233 que supervisó la CNDH durante el 2021, “las personas privadas de la libertad realizan o participan en actividades propias de la autoridad”, lo que también se conoce como condiciones de autogobierno o de cogobierno, que en algunos casos ha derivado en hechos como el ocurrido el pasado domingo 1 de enero, en el Cereso de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando un motín que dejó como saldo 17 personas muertas, entre ellas 10 custodios, y la fuga de, al menos, 25 reos.
Especialistas en el tema señalan que aunque existen diversos factores que se conjuntan para propiciar situaciones como las vistas el pasado domingo, uno de los principales temas es el que tiene que ver con los recursos económicos que se destinan a estos centros penitenciarios, que no sólo afectan a los internos, también al personal encargado de custodiar a la población de estos lugares.
“Las prisiones en general en el país no han ocupado nunca una prioridad dentro de las políticas de seguridad, siempre son como el último de los eslabones de la cadena, no se les presta atención, no se les dota de suficiente personal ni de presupuesto para que puedan resolver las necesidades, tanto de las personas internas como del personal penitenciario”, consideró la doctora Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), en entrevista para SinEmbargo.
En tanto, el doctor Juan Salgado, investigador del World Justice Project, opinó que existen “dos tipos de factores, el primero es estrictamente penitenciario y el segundo es de política criminal”. “El penitenciario tiene que ver con las dificultades, sobre todo en términos de recursos económicos, para poder generar mecanismos sólidos de vigilancia interna y de vigilancia periférica”, dijo.
El experto agregó que estás condiciones deberían permitir “la seguridad de las personas privadas de la libertad y por supuesto del personal de guardia y custodios, quienes llamamos custodios, que son corresponsables de la vida y de la seguridad dentro del centro penitenciario”, pero que ante la falta de los mismos se han “tenido consecuencias muy serias” como las ocurridas en Ciudad Juárez, agregó.
“Todo esto lleva hacia procesos de autogobierno, tenemos casos extremos como el centro penitenciario de Topo Chico donde básicamente no había poder de parte de la autoridad ni estatal ni federal, porque también hubo elementos federales cuidando Topo Chico en algún momento, y la presencia de un cártel, en particular el Cártel del Golfo y después los Zetas, fue básicamente preponderante y esto fue lo que permitió que sucediera lo supimos en Topo Chico, y este es el mismo caso en Ciudad Juárez”, Recordó el doctor Salgado.
Esta problemática de autogobierno se identificó en centros penitenciarios como el Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen y Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, ambos ubicados en Campeche; el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14, “El Amate”, ubicado en Cintalapa, Chiapas; el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, los dos en la Ciudad de México; así como el Centro Penitenciario Estatal No. 1 Chetumal, el Centro Penitenciario Estatal No. 2 Cancún, y el Centro Penitenciario No.4 Playa del Carmen, en Quintana Roo.
Otras entidades en las que se ubican penales con problemática de autogobierno son: en Jalisco, el Centro Integral de Justicia Regional Valles; en Michoacán, el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto No. 1; en Nayarit, en el Centro de Rehabilitación Social “Venustiano Carranza”; Zacatecas, en el Centro Penitenciario Social Distrital de Sombrerete; y el Estado de México, en el Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Sergio García Ramírez”, en Ecatepec y en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Zumpango.
Mientras que en Puebla están el Centro Penitenciario Regional Huauchinango y el Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla; Oaxaca también cuentan con dos ceresos en esta situación: el Centro de Reinserción Social No. 3 Miahuatlán y el Centro de Reinserción Social No. 7 Tehuantepec; mismo caso que en Guerrero con el Centro Regional de Reinserción Social Chilpancingo y el Centro Regional de Reinserción Social Tlapa de Comonfort; y Tamaulipas, por el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira y el Centro de Ejecución de Sanciones Reynosa.
Son cuatro estados los que cuentan con el mayor número de centros penitenciario en condiciones de autogobierno. Hidalgo con siete, el Centro de Reinserción Social de Apan, el Centro de Reinserción Social de Huichapan, el Centro de Reinserción Social de Ixmiquilpan, el Centro de Reinserción Social de La Huasteca Hidalguense, el Centro de Reinserción Social de Pachuca, el Centro de Reinserción Social de Tulancingo, y el Centro de Reinserción Social de Molango; Sinaloa con cuatro, el Centro Penitenciario Aguaruto, el Centro Penitenciario El Castillo, el Centro Penitenciario Goros II, y el Centro Penitenciario Regional Évora.
Además de Sonora, también con siete: el Centro de Reinserción Social Ciudad Obregón, el Centro de Reinserción Social de Caborca, el Centro de Reinserción Social de Guaymas, el Centro de Reinserción Social de Magdalena, el Centro de Reinserción Social de Puerto Peñasco, el Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado, y el Centro de Reinserción Social Hermosillo I; y Tabasco, en donde se ubican el Centro de Reinserción Social de Cárdenas “Las Palmas”, el Centro de Reinserción Social de Huimanguillo, el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco y el Centro de Reinserción Social Macuspana, todos con condiciones de autogobierno.
Salgado agregó que aunado al problema penitenciario está la política criminal, en la que se da “una política de persecución penal que se está basando a partir de las reformas normativas”, y explicó que “en la prisión preventiva, ahí estamos llevando de manera automática a muchas personas que no han sido sentenciadas a la cárcel, tenemos personas con mayores grados de vulnerabilidad, porque son personas sin experiencia penitenciaria y probablemente inocentes muchas de ellas que entran al sistema penitenciario”.
“Es decir, cuando llegamos a excesos como los que tenemos de que por robo pueden ameritar prisión preventiva, ahí tenemos una gran cantidad de personas que están ingresando y por una parte, no sólo saturando, sino también saturando de personas que son generalmente abusadas y generalmente reciben castigos desproporcionados por parte de la población que está ahí adentro, que se conjunta con el tema penitenciario y la política criminal”, ahondó.
“Desafortunadamente tiene esta sinergia negativa, de que si no hay controles suficientes por parte de las autoridade y por parte de quienes están a cargo de la seguridad penitenciaria”, enfatizó el investigador del World Justice Project, quien sostuvo que “son estos dos factores los que yo pondría en el centro de lo que vimos en Juárez y de lo que vemos, lamentablemente, con cierta regularidad en el sistema penitenciario mexicano”.
CORRUPCIÓN AL INTERIOR DE LOS PENALES
En al menos una decena de estos centros penitenciarios que han presentado condiciones de autogobierno se han suscitado incidentes, como fugas, motines y destitución de sus directores luego de que se encontraran diversas irregularidades, incidentes que, según comentó el doctor Salgado, aunque son muy frecuentes es difícil que se difundan a nivel nacional, y muchas veces sólo se dan a conocer a nivel local, por lo que es difícil conocer a exactitud todos los hechos de este tipo que han ocurrido.
“Es muy difícil que un motín llegue a los medios de comunicación”, dijo el experto, quien detalló que sólo se dan a conocer en “notas periodísticas locales, los medios electrónicos que son cada vez más activos en los estados, los blogs, etcétera, sí lo publican, pero no son noticias nacionales”, comentó. Por ejemplo, el 2 de julio de 2021, hubo un amotinamiento en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén, en Campeche.
De acuerdo con medios locales, el motín se originó ante el descontento de los presos por la comida que se les proporcionaba en el Cereso, que, aseguraron, eran dos al día, una compuesta por un caldo preparado sólo con tortillas y por las noches recibían un pan y café, así. A todo esto se sumó que se les limitó las visitas a los reos debido a las contingencias por la pandemia de COVID-19, lo que originó que empezaran a incendiar diversas artículos en el lugar.
El 4 de mayo de 2022, tuvo lugar una riña al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Ciudad de México, lo que dejó un saldo de un interno muerto y otro herido, según confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) capitalina, situación que se habría originado cuando los reclusos que se encontraban en un dormitorio intentaron despojar a sus compañeros que descansaban en otro dormitorio.
A través de una tarjeta informativa la dependencia detalló que pese a que se trasladó a uno de los involucrados al Hospital General de Iztapalapa para su atención inmediata, no sobrevivió, mientras que el recluso herido no requirió hospitalización ya que sólo presentó una herida en la pierna.
El 23 de noviembre de 2017, se difundió en redes sociales un video en el que dos internos del Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Sergio García Ramírez”, ubicado en el municipio mexiquense de Ecatepec, se muestran haciendo un Live a través de su cuenta de Facebook, en donde los sujetos presumen las comodidades con las que cuentan en dicho penal, lo que desató diversas críticas, ya que no sólo están prohibidos este tipo de dispositivos, también este tipo de centros deben de contar con sistemas para bloquear la señal de los celulares, según señala La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Otro episodio se dio el 2 de enero de 2020, cuando se originó un enfrentamiento entre internos del Cerereso de Cieneguillas, en Zacatecas, que pertenecían a dos grupos delincuenciales distintos. El episodio dejó un saldo de 16 muertos y 12 heridos, informaron medios locales, los cuales detallaron que la riña se originó por un partido de futbol amistoso entre integrantes del Cártel del Golfo y del Cártel de Sinaloa, lo que a su vez provocó un amotinamiento luego de que que las autoridades penitenciarias decidieran reacomodar a los reos.
Durante 2022, en el Cereso de Pachuca se presentaron dos riñas que dejaron un total de seis heridos. La primera tuvo lugar el sábado 25 de junio, en donde tres hombres resultaron heridos, de los cuales sólo fue trasladado a un hospital externo al penal. El segundo enfrentamiento entre reos tuvo lugar la mañana del 29 de noviembre, en la cual, según la prensa local, participaron alrededor decenas de personas, pero sólo resultaron heridas tres, sin que las lesiones fueran de gravedad.
La tarde del 21 de noviembre de 2022, se registró un motín en el Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa, en el cual dos internos perdieron la vida y uno más resultó herido, situación que, según los primeros reportes, tuvo lugar luego de que uno de los reos despojó de su arma a uno de los custodios, que pretendía cambiarlo de módulo, con la cual agredió a otros reclusos.
Y ADEMÁS SE FUGAN...
En estos centros penitenciarios también se han presentado fugas de internos, así como la destitución de sus directivos tras hallarse diversas irregularidades.
Por ejemplo, el 23 de marzo de 2021, un interno del Centro Penitenciario Goros II de Ahome, en Sinaloa, logró escaparse de este penal cuando se encontraba en uno de los módulos especiales. Las autoridades responsables no proporcionaron detalles de cómo se habría escapado el interno, que fue identificado como Alejandro “N”, quien se encontraba bajo proceso judicial.
Una situación similar ocurrió en el Centro de Ejecución y Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, Tamaulipas cuando tuvo lugar una fuga masiva de reos, de los que no se detalló el número.
La prensa local señaló de manera extraoficial que el escape ocurrió en la zona donde se encuentran los talleres de trabajo para lo que utilizaron una soga.“Policías investigadores de la #FGJT acuden a #Cedes Victoria para apoyar a corporaciones estatales ante reporte de supuesta fuga. Información en curso por confirmar”, señaló la Fiscalía en su cuenta de Twitter sobre el hecho.
Además de estos incidentes al menos dos directivos de estos centros penitenciarios han sido cesados de sus funciones tras hallarse irregularidades en los mismos.
Uno de estas situaciones ocurrió el 20 de agosto de 2022, cuando Hugo Silva Solórzano, quien se desempeñaba como director del Cereso de Chetumal, en Quintana Roo, fue relevado del cargo, luego que se registraron dos homicidios al interior del penal.
A inicios del mismo año, el 26 de enero, Lenin Hernández, fue cesado como director del Centro Regional de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, tras difundirse notas periodísticas en las que se se acusaba de abuso de autoridad al funcionario, a quien también señalaron por tener un caballo dentro del dicho penal, lo que fue confirmado por Rogelio López Angulo, presidente de dicho municipio.
Respecto a estos incidentes, la doctora Azaola comentó que “se requieren muchos, muchísimos cambios a nivel estructural [para evitarlos] porque aquí [en el caso del Cereso de Ciudad Juárez] vemos cómo el Gobierno federal culpa al estatal y a la inversa, porque se avienta la responsabilidad uno a otro, y ambos tienen una responsabilidad muy importante que tiene que cumplir”, dijo.
Mientras que el doctor Salgado subrayó que “los centros penitenciarios no son basureros humanos, tiene que prevalecer, más que en cualquier espacio, la autoridad gubernamental”, ya que “la responsabilidad, tanto de sus derechos, desde la alimentación, salud, hasta su seguridad, es de las autoridades”, pues son, dijo, precisamente estos factores los que desencadenan incidentes en los centros penitenciarios. “Mala comida lleva a un motín, es como una fórmula penitenciaria muy sencilla”. destacó.
“También si tenemos personas con VIH, personas diabéticas, personas con cáncer que no reciben su medicamento, que se pueden morir si no lo reciben, ahí hay otro riesgo de motín”, agregó el investigador, mientras que la doctora Azaola dijo que la responsabilidad de las condiciones de los penales es del Estado: “Es completamente una responsabilidad suya, porque precisamente las personas están privadas de su libertad, debe llevar el control, la gobernabilidad, la seguridad en estos centros, pues son las autoridades del estado, que tienen también la responsabilidad de cumplir con todos los derechos que tienen, tanto las personas que están internas como el personal penitenciario, y esto no es así, ni en un caso ni en el otro”, dijo.
Ambos expertos también coincidieron en que se debe poner atención en el personal de guardia y custodia de estos espacios. “Los trabajadores penitenciarios, en general, tienen condiciones de trabajo muy precarias, no ganan lo suficiente ni cuentan con los elementos suficientes de equipos, de preparación, de protocolos que aseguren que puedan desempeñar su trabajo”, dijo la investigadora del Ciesas.
Por ello, Salgado refirió los estándares para el sistema penitenciario mexicano que por tres años desarrolló la ONU, mismos que, detalló, “se basan en el respeto de los derechos humanos, tanto de las personas privadas de la libertad como del personal de guardia y custodia”, los cuales contemplan “medidas de prevención”, ya que en los mismos “hay un equilibrio muy importante en estos estándares, y ya teniendo los estándares en marcha se pueden desarrollar protocolos, y los protocolos que más sirven son, en este caso, los de alerta temprana, en ese sentido, saber identificar qué tipo de riñas pueden llevar a un motín”, dijo.
“¿Qué es lo que debemos prevenir? tener mayor bienestar para las personas privadas de la libertad, porque cuanto más las empujemos contra la pared y que no tengan nada qué perder, más riesgos hay de motines. Es muy importante que pensemos, antes que en el gobierno, en los derechos de las personas privadas de la libertad y en los derechos del personal de guardia y custodia que, a veces, están tan mal como las personas privadas de la libertad, ese equilibrio es muy importante, darle servicio de carrera al personal de guardia y custodia, garantizarles que tienen sus días libres porque muchas veces no se los dan, que tienen respeto a sus horarios, que tiene sueldos dignos, que tienen acceso a capacitación, y así se puede evitar mucho que el mismo personal de guardia y custodia abra las puertas al autogobierno”, explicó.
“Es algo que tiene que ver con las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y de las condiciones de quienes son responsables de su seguridad, el personal de guardia y custodia, que muchas veces les parece más fácil, y aunque suene feo, dejar que corra un motín y que pase lo que tenga que pasar a ellos tener que enfrentarse con tan pocos recursos a las personas privadas de la libertad”, sentenció.
LOS ESTADOS PEOR EVALUADOS
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, también se destacó que 13 estados obtuvieron las calificaciones más bajas por la calidad de los Centros de Reinserción Social que ahí se ubican, respectivamente, teniendo en cuenta que la escala de evaluación contempla tres niveles: promedio menor, con una calificación de entre 0 y 5.9; promedio medio, que va de 6.0 a 7.9 de calificación; y mayor promedio, con una calificación de 8.0 A 10.
A nivel nacional, las entidades que obtuvieron los menores promedios de calificación en sus respectivos Ceresos fueron Baja California, con una calificación de 5.91; Sonora, con 5.51; Puebla obtuvo un promedio de 5.21; Hidalgo, 4.50 de calificación; Chiapas, 5.95; Tabasco 4.21; Sinaloa, 5.52; Guerrero obtuvo un promedio de 5.07; la calificación para los penales ubicados en Oaxaca fue de 5.68; en Tamaulipas los penales lograron una calificación de 5.73; para Zacatecas la calificación de 5.10; Nayarit obtuvo 5.21; y Campeche 5.92.
El resto de las entidades mexicanas obtuvieron un promedio de calificación media, de entre 6.02, como fue el caso de Durango, y 7.77, promedio que obtuvo Chihuahua, para sus respectivos Centros de Reinserción Social, y ningún estado fue calificado con un nivel alto por las condiciones en las que se encuentran estos espacios.
A nivel general, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, dio a conocer 20 Irregularidades con mayor incidencia que se detectaron en gran parte de los 233 centros que la CNDH visitó durante 2021, entre las que destacan: la inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, situación que se presentó en 210 penales, lo que corresponde al 90.1 por ciento del total; la deficiente separación entre procesados y sentenciados, situación que prevalece en 206 centros penitenciarios, el 88.4 por ciento.
También se destacó que en 202 penales, el 86.7 por ciento, no existen suficientes vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos; en 193 penales, 82.8 por ciento, hay poco personal de seguridad y custodia; existen deficientes condiciones materiales e higiene en las instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, en 181 de los penales, el 77.7 por ciento; en 179 penales, el 76.8 por ciento del total, se hallaron pocos programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria; 155 centros penitenciarios, el 66.5 por ciento, presentaron deficiencias en los servicios de salud.
El documento retomó, además, cuestiones como la insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro, que se presentó en 155 penales, el 66.5 por ciento del total; la insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación para los internos, en 154 de los ceresos, el 66.1 por ciento; la insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas para los reos, en 141 penales, el 60.5 por ciento; la insuficiencia o inexistencia de actividades educativas para la población penitenciaria, en 123 de los casos, el 52.8 por ciento de estos centros; y la sobrepoblación, que afectaba hasta el 2021 a 121 penales, 51.9 por ciento del total.
Otras cuestiones en las que enfatizó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, de la CNDH fueron las deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, que se presentó en 118 penales, el 50.6 por ciento; los hacinamientos, en 114, centros penitenciarios, el 48.9 por ciento; las deficiencia en la atención a personas adultas mayores, en 113 casos, el 48.5 por ciento de los centros penitenciarios; los pocos programas para la prevención y atención de incidentes violentos, en 109 penales, 46.8 por ciento
Así como las deficiencias en la alimentación de la población carcelaria, problemática que afectó tan sólo en 2021 a 107 centros penitenciarios, el 45.9 por ciento del total; la inexistencia o deficientes condiciones de materiales e higiene en el área de la cocina y/o de los comedores en 106 penales, 45.5 por ciento del total; la inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el exterior en 104 de los casos, el 44.6 por ciento; y la inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades el 99 centros penitenciarios, el 42.5 por ciento del total.
Los dos expertos coincidieron en que, pese a estas condiciones que persisten en gran parte de Latinoamérica, en algunos países han habido casos de éxito de centros penitenciarios, entre los que se encuentran República Dominicana, Honduras, Chile, Costa Rica. “Sí ha habido experiencias exitosas en algunos países de América Latina, cuando se han empeñado en hacer proyectos que realmente puedan resolver problemas, y se ha hecho proyectos muy interesantes en Chile, en República Dominicana, en Costa Rica, en Uruguay, por mencionar algunos casos”, recordó la Doctora Azaola.
“En la región, la mayor parte de las prisiones tienen problemas muy semejantes a los nuestros, el hecho de que se hayan ensayado otros modelos y experiencias con éxito, nos habla de que cuando hay interés, cuando hay un proyecto político, pueden desarrollarse esos proyectos”, destacó, ya que el modelo actual que existe en México “se apegan más al modelo norteamericano de las correccionales, que se ocupan mucho más de temas de infraestructura pero no lo suficiente de ver cómo debe de ser el trato hacia los internos, el trato hacia el personal y entre ellos, hay muchas cuestiones por mejorar”, concluyó.
