‘El Mayo’ Zambada exige a México que lo defienda y repatrie desde Estados Unidos

Ismael Zambada García, “El Mayo”, ex líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclamara a Estados Unidos su repatriación, porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufriría un “colapso”.

”Esta exigencia no es opcional [...] Debe intervenir [el Gobierno mexicano] a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos”, indicó en una petición.

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada García en México, confirmó que la petición fue presentada el 20 de febrero en el Consulado General de México en Nueva York, mediante un escrito al que el diario Reforma tuvo acceso.

En la solicitud de asistencia consular, Zambada señaló que si el Gobierno de México no intervenía en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también podrían ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, “El Mayo” insistió que la respuesta del Estado mexicano “no es opcional”, porque tenía la obligación ineludible de defenderlo.

”Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte [...] Estados Unidos incumplió su obligación de verificar la legalidad de mi ingreso [...] El Estado mexicano tiene la obligación de intervenir y exigir garantías formales de que no se me impondrá la pena de muerte”, reclamó Zambada García en su misiva, al alegar que llegó a Estados Unidos por un secuestro transfronterizo.

”Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier Gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda”, enfatizó.

Por esa razón, exige y demanda que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se le impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción.

“Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática”, agregó “El Mayo”.

Asimismo, Zambada García advirtió en su carta, que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, “constituiría una traición al sistema jurídico mexicano” y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

En este contexto, añadió, en cuanto hace a su asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado [de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos] y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal.

Solicitar la repatriación inmediata de su persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en su contra debe llevarse a cabo en México, señaló, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes.

En una parte de su escrito, Zambada García requirió al Gobierno de México para que pidiera a los estadounidenses, un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a Estados Unidos y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense, como del mexicano.

La razón por la que “El Mayo” alegó que el Gobierno mexicano debía exigir la cancelación del proceso al que está sometido en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, era precisamente porque el procedimiento tenía como origen su secuestro y traslado ilegal a Estados Unidos.

”Esta exigencia no es una cuestión discrecional, ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas”, indicó.

Durante su conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la recepción de la carta enviada por “El Mayo”, misma que le fue entregada a ella, a través de Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Secretario de Relaciones Exteriores.

Asimismo, adelantó que que se plantearía el tema a la Fiscalía General de la República y que nadie “defiende al personaje, sino el hecho”.

”En la mañana nos envió el canciller, en efecto fue recibida en el Consulado de Nueva York, creo, ¿no?, esta solicitud, lo estamos planteando a la FGR, ustedes saben que el Fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá del personaje, de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos”, dijo.

“Porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención, entonces el Fiscal tiene ya una carpeta abierta en este sentido y si les parece el martes, que es el informe de seguridad, que nos pueda decir que nos pueda decir el avance, qué información se la ha pedido al Gobierno de Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso”, expresó.

“¿Existe la posibilidad de que el Gobierno de México interponga una protesta formal por la violación del tratado que impide secuestros transfronterizos, una protesta hacia el Gobierno de Estados Unidos?”, le preguntó un reportero.

”Lo vamos a revisar, repito, más allá de esta persona que por los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento, supongamos que haya sido otra persona, imaginemos otra persona, porque no, este personaje pues tiene sus delitos y lo que haya cometido en México, tiene sus propias órdenes de aprehensión en México, pongamos otra persona, un ciudadano, cualquiera, que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva a Estados Unidos sin ninguna participación del Gobierno de México”, explicó Sheinbaum Pardo.

”Imaginemos porque luego, supongamos un ciudadano de renombre, cualquiera que éste sea, pero que Estados Unidos dice que tiene un delito, lo lleva allá y se juzga con pena de muerte, entonces sí hay un tema en la carta que está enviando, que tiene que ver con la soberanía”, enfatizó.

Ismael Zambada García confirmó el 10 de agosto de 2024, la versión difundida por Ken Salazar, entonces Embajador de Estados Unidos en México, de que fue emboscado en Culiacán, por “El Güero Moreno”, cuando esperaba reunirse con Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa y con Héctor Melesio Cuen Ojeda, político asesinado el día de las detenciones de ambos capos sinaloenses, el jueves 25 de julio de 2024.

A través de una carta difundida por su abogado defensor, Frank Pérez, “El Mayo” Zambada afirmó que no se entregó voluntariamente al Gobierno de Estados Unidos, con el cual, según dijo, no tuvo ningún acuerdo.

Narró en su misiva que el hijo de su compadre le pidió que asistiera a una reunión “para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro Estado”, entre Rocha Moya y Cuén Ojeda, misma en la que también asistiría Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”.

Sin embargo, al llegar al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, donde supuestamente se llevaría a cabo la reunión, ya lo esperaban “una gran cantidad de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos.”

“Me acompañaban cuatro agentes de seguridad, de los cuales dos permanecían fuera del perímetro. Los dos que entraron conmigo fueron José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, miembro de mi equipo de seguridad desde hace mucho tiempo”, detalló “El Mayo”.

Confirmó que en la supuesta reunión estuvo presente Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien murió en el lugar del encuentro.