‘El Góber precioso’ sale de El Altiplano; se va a prisión domiciliaria por caso Lydia Cacho
El ex Gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y presunto responsable por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista Lydia Cacho, salió en los primeros minutos de este miércoles de El Altiplano, luego de que una Juez determinó revocar la prisión preventiva justificada.
La Fiscalía General de la República no pudo acreditar ante la juzgadora la necesidad de mantener en prisión al ex Gobernador de Puebla, por lo que, en cumplimiento a una sentencia de amparo, revocó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el denominado “El Góber precioso”, quien llegó alrededor de las 04:00 horas a su residencia particular en Puebla custodiado por elementos de la Guardia Nacional.
Después de acusar al Poder Judicial de la Federación (PJF) por los llamados “sabadazos”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró, el 12 de agosto de 2024, que el cambio de medida cautelar al ex Gobernador de Puebla era un ejemplo de dicho tipo de prácticas.
Afirmó que sus adversarios protegían al ex mandatario porque, según él, les ayudó en el fraude electoral del 2006.
”Está el caso reciente del fin de semana, otro sabadazo de un juez o una jueza que le está dando libertad al señor Marín, que fue Gobernador de Puebla, ya dio la orden de que se libere, un juez”, se quejó.
Nuevas medidas cautelares contra Mario Marín
Según señaló Milenio, durante la audiencia, los funcionarios judiciales aclararon que la resolución de la jueza no implica que el procesado salga en libertad sino la sustitución de la prisión preventiva justificada por otras cinco medidas cautelares.
Las medidas, las cuales corresponden a las solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra son: uso de brazalete electrónico; resguardo domiciliario con vigilancia permanente de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares; suspensión condicional del proceso; prohibición de salir de la entidad federativa donde se resguarda así como del país; una multa por 100 mil pesos y prohibición de acercarse a la víctima.
