El caso Debanhi revive reclamos sobre frivolidad del Gobernador de Nuevo León y su esposa

Texto: Montserrat Antúnez Estrada

MÉXICO._ La desaparición de la joven Debanhi Escobar y otras mujeres en Nueva León durante las últimas dos semanas, así como las violencias que enfrentan las ciudadanas de la entidad, intensificaron los reclamos contra el Gobernador Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú, su esposa y titular de la Oficina Amar a Nuevo León, a quienes se les critica por enfocarse en actualizar sus redes sociales más que en acciones que garanticen la vida de las niñas y mujeres del estado con Alerta de Violencia de Género desde 2016.

Al igual que ellos, en redes sociales y ayer por la tarde en las calles, el trabajo de la Fiscalía estatal, encabezada por Gustavo Adolfo Guerrero, ha sido cuestionado por la población nuevoleonesa y la familia de Debanhi, pues la joven de 18 años fue hallada sin vida en un predio al que las autoridades ya habían acudido a buscarla en días previos. Incluso el Secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, reconoció este viernes una “falla masiva” en la búsqueda.

“Es una falla humana masiva; ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada. Y no es la primera vez que pasa con las búsquedas”, admitió en conferencia de prensa.

El caso de Debanhi mostró cómo las autoridades locales constantemente minimizan las desapariciones y el impacto en la vida de sus seres queridos, coincidieron defensoras de los derechos humanos y familiares de personas desaparecidas consultadas por SinEmbargo.

A ello se suma la revictimización. Tan sólo esta semana, el Fiscal de Nuevo León atribuyó las desapariciones de mujeres a la falta de comunicación con sus familias y a su “rebeldía”.

“La causa principal de las desapariciones de mujeres es por falta de comunicación entre la familia, enojos entre ellos, rebeldía de los jóvenes, porque el lapso de las edades de mujeres es de 14 a 25 años, es la mayoría de las personas, de las mujeres que se desaparecen, pero no es derivado de un delito, sino que es una decisión voluntaria”, dijo en entrevista con el diario Reforma, afirmación que ha sido criticado por organizaciones de la sociedad civil.

Durante los 13 días que duraron las búsquedas de Debanhi Escobar y María Fernanda Contreras, usuarios de redes sociales y ciudadanos afuera de la Fiscalía estatal reclamaron al Gobernador Samuel García y a Mariana Rodríguez la falta de pronunciamientos y acciones firmes para garantizar la vida de ellas y otras mujeres en la entidad.

“Cómplice, cómplice, Fiscalía cómplice” y “Mariana no es baleada, es privilegiada”, gritaron las manifestantes en referencia a la esposa del Gobernador de Nuevo León, Mariana Rodríguez.

La pareja tiene antecedentes de protagonizar escándalos por las publicaciones que realizan en la web, donde exhiben sus actividades cotidianas. Por ejemplo, el mandatario de Movimiento Ciudadano compartió el domingo pasado una fotografía de su visita a Santiago, Nuevo León. “Feliz Semana Santa”, se lee en la publicación de la imagen donde aparece con Mariana Rodríguez y a la que internautas respondieron con mensajes para exigir el hallazgo con vida de Debanhi.

“Quién fuera ustedes para pasar feliz la semana santa, pues aún #nosfaltadebanhi y muchas más”, “Que fácil olvidarte de las Mujeres desaparecidas” y “Tú feliz vacacionando pero hay padres buscando a sus hijas”, fueron algunos de los reclamos que le hicieron. El funcionario también fue criticado por las historias de Instagram que la influencer Mariana Rodríguez compartió en las últimas semanas y lo muestran ejercitándose y haciendo chistes al respecto.

A Mariana Rodríguez la cuestionaron porque en la última semana se ha dedicado a difundir “Nuevolandia”, un evento que organizó para celebrar el Día del Niño y de la Niña y se realizará este 24 de abril. “Muy padre, pero nos están matando #NiUnaMenos #JusticiaParaDebanhi”, escribió una usuaria en el perfil de Instagram de la funcionaria.

Desde el 8 de abril, cuando se reportó la desaparición de Debanhi, los comentarios en la red social fueron limitados en las cinco fotografías que compartió, pero en los que ya están publicados se leen los nombres de mujeres desaparecidas en la entidad y hashtags con los que exigen justicia. De igual forma, en los últimos días fue cuestionada por fotografiarse con bebés del DIF estatal, algo que suele hacer con frecuencia e incluso causó que la institución la investigara en enero por posible trata de personas luego de que sustrajo a un menor de edad, lo exhibió en sus redes y capitalizó su imagen.

La promoción de “Nuevolandia” motivó a las redes sociales a recordar los escándalos que han acompañado a García Sepúlveda y a Rodríguez desde la campaña a la gubernatura, cuando el exsenador fue señalado por el Instituto Nacional Electoral (INE) por haber financiado parte de su campaña mediante una ilegal triangulación de aportaciones privadas entre familiares y empresas por 14 millones de pesos, razón por la que se multó a Movimiento Ciudadano por 28 millones de pesos.

“La ciudadanía está reprobando a Samuel precisamente en sus propias redes sociales, ahí mismo donde él está casi cada hora o dos horas promoviendo, desde su campaña, tanto él como su esposa. En sus propias redes sociales han sido totalmente rechazados por la ciudadanía y la misma ciudadanía le está diciendo que le quedó muy grande el estado y que no ha podido con esta situación”, opinó Leticia Hidalgo, fundadora de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDEL), en entrevista con SinEmbargo Al Aire.

Además, en agosto de 2020 Samuel García fue acusado de machista y criticado por políticos de su partido porque durante una videollamada con su esposa le pidió que bajará la pierna. “Me casé contigo pa’ mí, no para que andes enseñando”, le dijo. En vísperas de elecciones estatales, García volvió a ser cuestionado porque se difundió una entrevista donde el legislador comentó que él ha conocido a gente muy valiosa “que viven con un sueldito de 40-50 (mil pesos) y son felices”.

Juan Manuel Ramos, defensor de derechos humanos director y vocero de la organización no gubernamental Redes Quinto Poder, observa que Samuel García es un “Gobernador que le gustan los reflectores, las redes sociales, el ambiente mediático solamente para lo positivo [...] el problema es cuando entras al Gobierno, tienes todo, tienes lo positivo y tienes lo negativo”.

“Este discurso del Nuevo Nuevo León que ahora lastimosamente le podemos llamar Nuevolandia por un tema mercadológico que sacó ahí la señora esposa del Gobernador y tenemos dos situaciones: parece una burbuja en la que viven ellos, los funcionarios, el Gobierno y los que están alrededor y que además no les gusta hablar de la situación real y ahí podemos entrar de inseguridad que se visibilizó más a raíz de esta tragedia y emergencia que estamos viviendo por el asesinato, la desaparición contra la mujer y también contra los hombres y personas menores de edad en el estado de Nuevo León”, puntualizó en entrevista con Los Periodistas, programa de SinEmbargo Al Aire.

’ASÍ ES COMO BUSCAN’

Ante la lluvia de críticas de la ciudadanía, el Gobierno de Nuevo León anunció el 12 de abril “acciones urgentes y extraordinarias” para la búsqueda de mujeres y la atención a los feminicidios. El decreto, emitido por el Gobernador Samuel García, aumentó a 200 policías al actual Grupo de Búsqueda de la Fiscalía.

También anunció la creación de una Fuerza de Tarea, integrada por diversas instituciones de seguridad, para que se coordine con las diversas policías, municipales, estatales y federales, así como con el equipo especializado de la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda. La Fuerza de Tarea comenzó sus operaciones con la búsqueda de Debanhi, desaparecida en un tramo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo después de acudir a una fiesta con amigas y decidir salirse del taxi que la transportaba.

“[La creación de la Fuerza de Tarea] es algo que nos tiene con dudas porque sí se anunció a un grupo de 200 policías como apoyo a la Fiscalía. Esa es la palabra, nos deja muy en duda porque es muy diferente un apoyo a una obligación, además que sea en apoyo a la Fiscalía no nos tiene completamente satisfechas. Este grupo de 200 elementos, que obviamente se necesita, debería estar directamente a disposición de la Comisión Estatal de Búsqueda”, opinó a Leticia Hidalgo.

La defensora, quien busca a su hijo Roy Rivera Hidalgo desde hace diez años, lamenta que una constante en los casos de desaparición en la entidad es que las autoridades sólo actúan por la presión que familiares, ciudadanos y medios de comunicación ejercen. Sin embargo, ello tampoco garantiza un buen trabajo desde las dependencias, como ocurrió con la búsqueda de Debanhi Escobar.

“Es totalmente frecuente que no se investigue o los desaparecidos sean hallados sin vida. No hay un plan de investigación, una estrategia que presente el Ministerio Público investigador. Las familias nunca recibimos un plan de investigación para que sepamos qué es lo que se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo van a hacer, a qué horas. Simplemente se limitan a decir que van a trabajar. La realidad es esta, el caso de Debanhi es la punta del iceberg. Así como trataron el caso, a pesar de ser mediático, que es donde debieron haberse preocupado por lo que estaban haciendo, los hicieron todo mal. Así es como buscan, por eso no encuentran a las personas o las encuentran sin vida”, expuso.

La desaparición y hallazgo sin vida de Debanhi ha causado indignación a nivel nacional. Este viernes, Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad Ciudadana en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que, de ser necesario, la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá el caso.

Sólo durante las dos semanas en que los padres de Debanhi exigieron a la Fiscalía de Nuevo León localizar a su hija de 18 años, del 8 al 21 de abril, el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata de la dependencia estatal reportó a 23 mujeres desaparecidas, de las cuales cinco siguen sin ser localizadas: Mary Carmen Barrón de 24 años vista por última vez en Santa Catarina; Sofía Sánchez de 14 años, en Apodaca; Jessica Cisneros de 23 años, en Zuazua y Mixie Moreno de 32 años, en Monterrey, que iba acompañada de su bebé de un año, Milagros Méndez.

Pero antes del caso mediatizado en Escobedo, otras mujeres y niñas han desaparecido en la entidad aún sin ser localizadas, entre ellas, Yolanda Martínez de 26 años en San Nicolás de los Garza y Celeste Tranquilino de 16 años en Juárez a finales desde finales marzo, o han sido localizadas sin vida como María Fernanda Contreras, de 27 años, que desapareció la noche del domingo 3 de abril.

“Ella siempre avisa cuando viene de regreso”, dijo su hermana Fabiola en un mensaje en sus redes sociales donde pidió arrobar al Gobernador Samuel García y a su esposa, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, para ayudar a localizarla. Lo último que supieron es que iba hacia Apodaca.

Una semana después, la Fiscalía de Nuevo León informó que el feminicidio de la joven ocurrió en la misma noche de su desaparición en un domicilio donde se encontró su cuerpo al que, según la diligencia, ella entró de manera voluntaria. El martes 12 de abril, reportó la detención de Raúl Alfredo “N”, en Francisco I. Madero, Coahuila, por su posible responsabilidad en el asesinato de María Fernanda. Ahora su hermana exige justicia y que se le condene por feminicidio.

NEGLIGENCIA DE FISCALÍAS

Debanhi, Naomi, María Fernanda, Fanny, Ana... al menos mil 633 mujeres, algunas menores de edad, han sido reportadas como desaparecidas a nivel nacional sólo este año, de las cuales 827 siguen sin ser localizadas, según el registro oficial de la Secretaría de Gobernación.

Las fiscalías estatales no las buscan, a menos que haya presión pública, y son colectivos y familiares, revictimizados, los que se han encargado de cubrir esa negligencia entre dolor y desgaste, comentan organizaciones civiles.

“Hay un reproche social al comportamiento de las mujeres víctimas cuando salen del rol de género que se les ha asignado para tratar de justificar de alguna manera la inacción estatal, el tratar de encuadrar la responsabilidad de lo que les pasa a las personas en el comportamiento de ellas y no de los agresores”, dijo Verónica Vázquez del área de defensa integral de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Sólo un reflejo de la negligencia de una Fiscalía la acusó Mario Escobar, el padre de Debanhi, que estuvo desaparecida durante dos semanas tras decidir salirse del taxi donde se transportaba:

“Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía. Nunca me pasaron los tomos [de la investigación], yo les pedía copias, es mi derecho como víctima; nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo”, afirmó.

El señor reclamó a gritos a las autoridades locales, porque habían hecho varios cateos antes en ese sitio sin hallarla. Afligido, exigió que se aclare por qué desapareció Debanhi, cómo llegó a ese motel e indagar si el taxista acosó a su hija para que ella decidiera salirse del auto en una carretera.

“Tal vez porque no es su hija”, trató de responderse sobre las omisiones de la Fiscalía estatal. “Porque pónganse en el papel de nosotros y van a sentir lo que estamos sintiendo”.

Pero sólo la noche del jueves, mientras la opinión pública miraba indignada hacia Nuevo León y el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció que la Fiscalía General atraiga el caso, el cuerpo de Naomi de 24 años, que estuvo desaparecida desde el 14 de abril, fue encontrado con huellas de tortura en un basurero de Apatzingán, informó la Fiscalía de Michoacán.

Ese mismo jueves 14 también desapareció Ana Victoria, mujer de 32 años, del Estado de México, entidad que registra el mayor número de mujeres desaparecidas este año (318), seguida de la Ciudad de México (118) y Morelos (112), donde colectivos realizan exhumaciones en búsqueda de sus familiares.

“Falta agregar a Ana Victoria, ayuda por favor, tal parece que si se difunde en los medios, el gobierno actúa”, dice un mensaje acompañado de la alerta de Ana.

La abogada Verónica Vázquez, de la Comisión Mexicana, dijo que la inacción dentro de las fiscalías, que justifican reprochando a las mujeres con frases como “se fue con el novio”, “estaba sola”, “estaba vestida así”, se deriva de la falta de recursos económicos, humanos y materiales, y sobre todo por la ausencia de capacitación para actuar en las primeras 24 horas ante la denuncia en vez de hacer diligencias aisladas.

“No sólo es un tema de recursos, también hay un acceso a la justicia según el género. Cuando una persona intenta presentar la denuncia de desaparición, se enfrenta a una revictimización, a una inacción por parte del Estado por no hacer las diligencias urgentes que deben hacerse en las primeras 24 horas después de la denuncia, falta de coordinación en los trabajos y falta el diseño en las líneas de investigación: no es tarea de las familias saber dónde y cómo buscar”.

“Hay diligencias que tardan años, cuando de haberse realizado en el momento oportuno hubieran brindado información sustancial en la investigación de los casos y quizá, no en todos, se hubiera prevenido que las personas fueran privadas de la vida”.

En ello coincide Leticia Hidalgo, quien desde hace años acompaña a familias de personas desaparecidas en Nuevo León. “Las familias vivimos primero con el temor de no encontrar a nuestros seres queridos. Cuando se atreven a denunciar lo primero que enfrentan es la revictimización, nos hacen creer que nosotros y nuestros familiares tuvieron la culpa. No nos dan ninguna orientación, nos enfrentamos a su ‘tortuguismo’”, denunció.

Este mes el Comité de la Desaparición Forzada de Naciones Unidas publicó un informe que refleja lo observado durante su visita: un país en guerra interna, militarizado, con autoridades coludidas que genera impunidad. Al 26 de noviembre de 2021, fecha de su visita, solo entre el 2 y el 6 por ciento de casos de hombres y mujeres desaparecidas habían sido judicializados y solo se habían emitido 36 sentencias a nivel nacional.

El documento resalta que la desaparición forzada en México presentó un incremento exponencial desde 2006, a la par del inicio de la guerra contra el narcotráfico en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Las desapariciones forzadas, concluyó, son por las actividades del crimen organizado, pero también continúan siendo cometidas por funcionarios públicos a nivel federal, estatal y municipal tanto directamente como por omisión.

Y, aunque las desapariciones siguen afectando mayoritariamente a hombres de entre 15 y 40 años en el marco de la guerra y la migración, las cifras oficiales muestran un incremento notable de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres:

“En algunas entidades la desaparición de mujeres supera ampliamente el promedio nacional (25 por ciento), porcentaje que alcanza el 67 por ciento en Campeche y más del 60 por ciento en Chiapas, Tabasco y Yucatán (en su mayoría casos de niñas y adolescentes de 10 a 19 años)”, alerta.

– Con información de Dulce Olvera