Ejército mató a 400 supuestos miembros del CJNG en Michoacán y los desapareció con ayuda de grupo criminal, revela informe
En otoño de 2021, Fuerzas Especiales del Ejército mexicano mataron a alrededor de 400 supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y desaparecieron los cuerpos con ayuda de un grupo criminal local, reveló un nuevo informe de la organización International Crisis Group.
Según el documento El laberinto de los generales: crimen y militares en México, cinco fuentes consultadas por separado -un oficial federal, un oficial local, dos líderes de grupos criminales y un sicario- dieron cuenta de este hecho, quienes aseguraron que para “eliminar la evidencia” el grupo criminal local colocó los cuerpos en fosas clandestinas.
“Anteriormente, y en el contexto de la ofensiva del CJNG en Michoacán ese año, soldados ya habían formado un pacto con grupos criminales de Michoacán para enfrentar al CJNG de manera conjunta y coordinada, según nuestras fuentes”, dijo Falko Ernst, especialista en crimen organizado y gobernanza criminal e integrante de la organización, consultado por Animal Político.
De acuerdo con el documento, en primera instancia un líder criminal de la región señaló a Zamora – una ciudad fronteriza entre Michoacán y Jalisco con un alto número de tropas, pero la tasa de homicidios más alta del mundo en ese año- como ejemplo de un despliegue militar ineficaz.
“Allá tienes la base y justo enfrente siguen tirando cadáveres”, dijo a la organización.
Por ese motivo, según el reporte, el Ejército adoptó un enfoque más “severo” a lo largo de la frontera de Michoacán y Jalisco, zona en la que el CJNG estaba llevando a cabo un avance armado que estaba desplazando a miles de personas, generando una gran cobertura mediática nacional e internacional.
Fue en ese momento que, según un líder criminal, miembros de otros dos grupos criminales, un funcionario federal de alto rango y funcionarios locales, soldados y delincuentes formaron un frente conjunto de facto contra el Cártel Jalisco, coordinando sus operaciones e incluso luchando uno al lado del otro.
“Fuerzas Especiales del Ejército enviados al frente al principio dudaron en tomar medidas decisivas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación por temor a ser acusadas de crímenes contra la humanidad y, por lo tanto, violar los principios del nuevo enfoque del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero después de recibir garantías de un grupo criminal local de que ‘desaparecería’ cualquier cadáver en fosas clandestinas, los soldados procedieron”.
Líderes criminales y combatientes, así como funcionarios estatales, confirmaron a International Crisis Group que Fuerzas Especiales del Ejército mataron a decenas de combatientes de Cártel Jalisco en Taixtán y sus alrededores, en el municipio de Tepalcatepec, y en El Terrero, en el municipio de Buenavista.
Incluso, una fuente confirmó a la organización una entrevista concedida recién en julio de 2023 que alrededor de 400 personas murieron durante esos enfrentamientos, muertes que no han sido reportadas anteriormente y que “tampoco se reflejan en las estadísticas de homicidios o desapariciones”.
“Sin embargo, el Cártel estuvo lejos de ser vencido, lo que ilustra las ganancias fugaces generadas por operaciones coercitivas puntuales. Tras reagruparse, el Cártel de Jalisco ha revitalizado su asalto en múltiples frentes en Michoacán, incluso mediante ataques a soldados”, asegura el informe según diversas entrevistas realizadas por la organización a líderes criminales y civiles.
El 9 de noviembre de 2023, el diario El Universal reportó que habitantes y autoridades locales del municipio de Vistahermosa, Michoacán, denunciaron un ataque armado del CJNG a la base de la Guardia Nacional en ese lugar, quienes supuestamente habrían ingresado en al menos 40 camionetas.
“Siempre hay reposición humana”, dijo un líder criminal de la zona a la organización consultado sobre la capacidad de los grupos criminales para reponer sus filas.
El equipo del International Crisis Group buscó hablar con la administración del presidente López Obrador y con su gabinete de seguridad para exponerles los resultados de su investigación, pero las autoridades federales rechazaron entrar a un diálogo con los investigadores.
“Tenemos que hacerlos desaparecer”: informe revela supuestos pactos
De manera general, el informe proporciona una evaluación de cómo la estrategia de seguridad de López Obrador ha funcionado en la práctica, particularmente en regiones de México con las tasas más altas de enfrentamientos y crímenes violentos.
En ese sentido, explora hasta qué punto las acciones de las instituciones de seguridad, sobre todo las militares, han cambiado durante su mandato y cómo estos cambios han afectado el comportamiento de los grupos criminales entre sí.
De esta forma, el informe se centra en dos estados –Michoacán y Veracruz– que tienen grandes despliegues militares, así como economías ilícitas arraigadas y conflictos armados.
En estos estados, así como en el estado de Colima y la Ciudad de México, International Crisis Group realizó más de 80 entrevistas con comandantes militares, policías, funcionarios estatales de todos los niveles, activistas de la sociedad civil, expertos, periodistas y académicos, además de líderes criminales, intermediarios y combatientes.
Un hallazgo principal es que hubo una oferta – a veces tácita, otras veces explícita – por parte del Estado mexicano a grupos criminales de bajar los niveles de violencia abierta a cambio de mayores libertades en su control territorial.
Miembros de tres bandas criminales en Michoacán en competencia, por ejemplo, declararon que las operaciones militares en su contra se habían aliviado y, en algunas áreas, llegaron a su fin por completo.
“‘Aquí’, dijo un comandante del grupo de los Caballeros Templarios, en su bastión rural en Michoacán, ‘no los hemos visto en un par de años’”.
“Días después de que López Obrador asumiera el cargo en diciembre de 2018, dijo un oficial de alto rango de la Marina que su superior les ordenó explícitamente a él y a sus pares ‘cesar todas las operaciones de inmediato’ en una región”, dijo un elemento de la Semar en Veracruz.
“Entre otras cosas, nos han dicho varias fuentes, esto ha incentivado desaparecer víctimas de homicidios en vez de exponerlos públicamente, cuestionando la baja oficial de homicidios”, señaló Falko Ernst.
Observadores de la sociedad civil, trabajadores de morgues y funcionarios estatales hablan de asesinatos que se registran por otras causas de muerte o que no se registran, supuestamente debido a la presión política para reducir la tasa de violencia letal.
Por ejemplo, un empleado de la morgue de una “ciudad importante” dijo a la organización que “cuando recibimos cadáveres de personas que claramente habían sido asesinadas a tiros o habían recibido golpes de gracia, a menudo se los calificaba como muertes accidentales”.
“Además de deshacerse de los cadáveres, los grupos criminales están interesados en limitar la documentación de la violencia: cuando Crisis Group realizó una visita de campo, un comandante criminal insistió en que no se tomarán fotografías o vídeos de peleas o bajas de cómo sus subordinados llevaron a cabo una ofensiva contra un grupo enemigo”.
Según varios líderes criminales, otra clave para evitar operaciones militares es abstenerse de manifestaciones abiertas de violencia, lo que en la práctica implica “esconder cadáveres”.
“Como lo expresó un líder criminal: ‘Aquellos que tienen que irse... tenemos que hacerlos desaparecer’”, mismo que fue entrevistado en Michoacán en febrero de 2023.
Dicho líder criminal citó un caso en el que “tuvo que lidiar” con tres hombres de su zona acusados de abuso sexual de un menor, indicando que su grupo criminal los mató y enterró en un huerto de aguacates.
Desconfianza alcanza también a la cifra de desaparicionesEn este sentido, si bien los homicidios han comenzado oficialmente a tener una tendencia a la baja durante el actual gobierno, las desapariciones -que muy probablemente resultan en la muerte de las víctimas- han aumentado, refiere la organización.
El 28 de octubre de 2023, Animal Político dio a conocer que durante los primeros cuatro años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, los homicidios dolosos bajaron un 12.7% respecto a 2018, pero el número de personas desaparecidas y no localizadas aumentó un 27.69%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
En Ciudad de México, por ejemplo, la fuerte caída oficial de los homicidios en los últimos años estuvo acompañada por un aumento de desapariciones, lo que llevó a algunos a cuestionar si las estadísticas estatales eran realmente exactas.
A nivel Federal, el verdadero alcance de las desapariciones sigue siendo un enigma y un tema de controversia política. En junio de 2023, López Obrador pidió realizar un censo de personas desaparecidas, lo que llevó a la entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, a renunciar.
Meses más tarde, Quintana dijo que el censo del gobierno buscaba reducir la cifra de personas desaparecidas solo con un indicio de su “localización” o en casos homónimos, razón por la cuál presentó su renuncia al cargo.
Días después, desde la tribuna presidencial, López Obrador criticó los comentarios de Quintana al asegurar que “había intención de afectar al gobierno” por parte de la extitular de la CNB, quien incluso aseguró manipuló el registro de desaparecidos.
Ya en diciembre de 2023, AMLO presentó los resultados del nuevo censo en el que redujo la cifra de desaparecidos al asegurar que solo se contaba con 12 mil 377 confirmaciones de desaparición y localizado a más de 16 mil, omitiendo informar por completo sobre nuevos casos.
El censo de personas desaparecidas del gobierno de AMLO detonó la protesta de colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas que poco a poco empezaron a manifestarse y denunciar irregularidades en la forma en la que se llevó a cabo este censo.
El 13 de marzo de 2024, Animal Político dio a conocer que con el nuevo censo de personas desaparecidas de AMLO al menos 10 mil 720 nombres fueron borrados del registro nacional de víctimas de estos delitos, según los resultados de una análisis comparativo en colaboración con la organización Data Cívica.
En contraste, la familia de un miembro de un grupo criminal desaparecido dijo a Crisis Group que había optado por no informar a las autoridades por temor a una “reacción violenta”, según una entrevista realizada por la organización en Michoacán en febrero de 2023.
Otros presuntos pactos entre el crimen organizado y el Estado
Otra forma de control señalada en el informe hace referencia a que la aplicación militar de la ley en la mayor parte del país ha consistido en gran medida en patrullar las principales vías de las ciudades y pueblos y establecer puntos de control.
Sin embargo, líderes criminales dijeron a International Crisis Group que estos controles son “fácilmente evitables”, insistiendo en que habían forjado acuerdos de vivir y dejar vivir bajo los cuales las fuerzas de seguridad y criminales cohabitan.
“El trato que tenemos con ellos [la Guardia Nacional] es que evitemos chocar contra ellos entre sí para no tener que hacer nada”, dijo un comandante de un grupo criminal a la organización en febrero de 2023.
De acuerdo con el informe, el comandante criminal hizo esta declaración mientras estacionaba su carro en una calle lateral para evitar dos patrullas de la Guardia Nacional que habían sido anunciadas por el sistema de videovigilancia de su grupo.
El informe refiere que el Ejército y la Marina también han realizado detenciones, pero en todos los casos reportado en 2022 fueron detenciones en “flagrancia”, es decir, por la sospecha de un acto delictivo en proceso, y no por parte de un esfuerzo sistemático para desmantelar niveles medios y altos de los grupos criminales.
La Guardia Nacional, por ejemplo, detuvo a 177 mil 166 migrantes en 2022, pero arrestó a solo 2 mil 814 presuntos delincuentes, la mayoría de ellos acusados de robo y tráfico callejero de drogas.
Los datos oficiales también demuestran que ha habido menos enfrentamientos entre fuerzas federales de seguridad y grupos criminales, particularmente si se compara con el promedio mensual de las administraciones anteriores.
“[Hubo] un promedio mensual de 39.4 durante el gobierno de Calderón (2006-2012). Dicho esto, el promedio con López Obrador bajó a 31.6 (los datos están incompletos para 2022), pero no es una cifra muy inferior a la cifra de la presidencia de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018, que se situó en 35. Las bajas entre presuntos delincuentes han seguido una trayectoria similar, cayendo de 561 por año con Calderón, a 207 con Peña Nieto, y 199 durante los primeros cuatro años de López Obrador”, refiere la organización.
No obstante, el propio informe advierte que estas cifras deben ser tratadas con precaución, pues documentos militares obtenidos por el grupo hacktivista Guacamaya muestra que el Ejército miente sobre cifras de personas muertas y heridas en enfrentamientos.
Estás discrepancias fueron detectadas por Animal Político en al menos tres casos que atrajeron la atención pública, donde la Sedena de forma interna reportó una cifra distinta de personas muertas y lesionadas en comparación con lo que públicamente reconoció.
