Divulgación de datos personales puede interpretarse como amenaza, estigmatización y abuso de poder: Relatora CIDH
La difusión del número celular de una periodista del diario The New York Times o de cualquier dato personal puede interpretarse como amenaza, estigmatización y abuso de poder, sentenció la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tras expresar su preocupación por la tolerancia institucional hacia la divulgación de datos personales de periodistas en México, la CIDH insta al Estado a actuar de conformidad con las normas de derechos humanos y a abordar las causas y consecuencias de estas decisiones oficiales, tomando en consideración que, en su derecho a defenderse de críticas y cuestionamientos, las autoridades deben distanciarse de cualquier discurso intolerante, discriminatorio o invasivo de la privacidad.
Enfatizó que estos discursos del Estado pueden, directa o indirectamente, promover la violencia contra sectores de la población que busquen contribuir a la deliberación pública a través de la expresión y difusión de su pensamiento.
“Las consecuencias nocivas que puedan derivarse de declaraciones oficiales podrían comprometer la responsabilidad internacional del Estado”, sentenció.
La institución internacional reconoció que es legítimo y en ocasiones un deber que las autoridades estatales o federales se pronuncien sobre temas de interés público y se defiendan de las críticas y cuestionamientos de la prensa, pero alertó que divulgar datos personales de periodistas puede potencialmente acentuar o exacerbar situaciones de hostilidad, intolerancia o animosidad por parte de sectores del población hacia los periodistas o los medios de comunicación.
“La divulgación de este tipo de información por parte de las autoridades públicas puede interpretarse razonablemente como una amenaza, estigmatización y abuso de poder. La CIDH ha afirmado reiteradamente que las personas que participan en el debate público desde un rol protagónico, incluidos funcionarios públicos, sirven como un vector que amplifica y acelera la difusión de mensajes estigmatizantes”, señaló la Relatoría Especial.
Además apuntó que la divulgación gubernamental de procesos periodísticos inconclusos y de datos personales antes del momento determinado autónomamente por los medios afecta las condiciones que se espera que mantenga el Estado para el ejercicio del periodismo.
La Relatoría Especial consideró que publicar piezas de propaganda dirigidas contra mujeres periodistas a través de medios estatales no contribuye a la calidad del debate público y profundiza la polarización.
