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Investigación

Detienen en Veracruz a ex jefe de la Policía Judicial de Puebla, por tortura a Lydia Cacho

Se trata de Hugo Adolfo Karam Bernal, quien llevaba cuatro años prófugo de la justicia

El ex jefe de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam Bernal, fue detenido, a las 08:42 horas del 13 de julio de 2023, sobre el Boulevard Miguel Alemán, en Boca del Río, Veracruz, por elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República (FGR), por su presunta responsabilidad por el delito de tortura, ocurrido en 2005, en agravio de la periodista y activista, Lydia Cacho Ribeiro.

Según lo informaron medios locales, basados en una ficha del Registro Nacional de Detenciones, el detenido, quien llevaba cuatro años prófugo de la justicia, quedó a disposición de un juez federal del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito.

La investigación realizada por la periodista, en su libro ‘Los Demonios del Edén’, retrata una red de trata de personas, prostitución infantil y pederastia, que involucra a empresarios y políticos, lo que que derivó en una denuncia, por calumnias y difamación en contra de la periodista por parte del empresario mexicano de origen libanés Kamel Nacif Borge, mejor conocido como “El Rey de la Mezclilla”, primo de Miguel Borge Martín y tío de Roberto Borge Angulo, ambos ex gobernadores de Quintana Roo.

Cacho Ribeiro fue detenida el 16 de diciembre de 2005, por la entonces Policía Judicial de Puebla, en la ciudad de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, afuera del Centro Integral de Atención a la Mujer y sus Hijos A.C. (CIAM), para luego ser trasladada por carretera hacia la capital poblana.

La periodista fue detenida por la probable comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por Nacif Borge, a causa de la publicación del citado libro, en el que Cacho Ribeiro documentó trata de personas, prostitución infantil y pederastia.

Durante el trayecto de más de 23 horas, la periodista fue sometida a tortura, además de que luego quedó demostrada la discriminación de género, razón de la tortura y el trato sexualizado. A pesar de ser la víctima, el 23 de diciembre de 2005 la juez Quinto de lo Penal de Puebla dictó auto de formal prisión contra Cacho Ribeiro, por los delitos de difamación y calumnia.

Sin embargo, tras el pago de una fianza, la periodista consiguió su libertad, pero fue obligada a firmar cada mes. Después, el 17 de enero de 2006, Cacho Ribeiro fue exonerada tras una apelación de su defensa ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.

El 13 de marzo de 2006, la periodista interpuso una contrademanda ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEMIV).

Meses después se difundió un audio entre el entonces gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, y el empresario mexicano de origen libanés Kamel Nacif Borge, mejor conocido como “El rey de la mezclilla”.

Mismo que mostró su complicidad en la detención de la periodista, tal como lo determinó el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU-DH), que el pasado 2 de agosto falló a favor de Cacho Ribeiro y exigió al Estado Mexicano reparar integralmente a la comunicadora.

“Ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona, aquí en Puebla se respeta la ley, aquí no hay impunidad, no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacer publicidad”, expresó en aquel entonces Marín Torres a Nacif Borge.

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), donde se conformó una Comisión Investigadora. Sin embargo, el Pleno de la Sala Superior del máximo tribunal constitucional se abstuvo de señalar al ex gobernador poblano, como supuesto responsable de la violación a las garantías individuales de la periodista.

Ello debido a que supuestamente no se demostró la existencia de una falta grave a los derechos de Cacho Ribeiro, en términos del artículo 97 constitucional, motivo por el cual, a decir de la SCJN, no era necesario un pronunciamiento sobre el caso, con lo que Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó el asunto.

El Pleno de la Primea Sala de la SCJN indicó que si bien la Comisión Investigadora puso al descubierto algunos actos indebidos y violación a las garantías individuales de la periodista, durante su traslado de Quintana Roo a Puebla, estas no fueron graves, sino “menores”, por lo que desechó la existencia de un “concierto de autoridades” para atentar contra Cacho Ribeiro.