|
Investigación

Detienen a ex policía municipal por caso Teuchitlán; lo investigan por presunto vínculo en desaparición de un hombre

Gabriel J, ex policía municipal de Tala es señalado por la desaparición forzada de un hombre que fue privado de su libertad en el Rancho Izaguirre. La víctima fue liberada el 18 de septiembre de 2024 tras un enfrentamiento en el lugar, informó la Fiscalía de Jalisco

Un ex policía del municipio de Tala, Jalisco, fue detenido por su presunto vínculo en el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, donde el colectivo Guerreros Buscadores localizó un predio que operaba como centro de adiestramiento y exterminio del crimen organizado.

La Fiscalía de Jalisco informó, a través de un comunicado, sobre la detención de Gabriel J., de 22 años. Detalló que el ex agente municipal es investigado por su presunta participación en la desaparición forzada de un hombre que fue privado de su libertad en el Rancho Izaguirre y que posteriormente fue liberado.

Gabriel J. fue identificado como uno de los presuntos partícipes en el caso Teuchitlán, por lo que autoridades solicitaron una orden de aprehensión en su contra.

El expolicía fue detenido el sábado 22 de marzo en el municipio de Acatic y quedó a disposición de un juez de control por el delito de desaparición forzada de personas.

Ese mismo día, el gobierno federal informó sobre la detención de José Gregorio “N”, un presunto líder criminal ligado a una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicada al reclutamiento de personas en “campos de adiestramiento”.

Posteriormente, se dio a conocer que José Gregorio “N” fue reportado como desaparecido en 2020 en Chiapas.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) cuenta con una ficha de desaparición, con número de registro 0260/2020, de José Gregorio “N’ con fecha del 25 de agosto de 2020.

Hombre fue entregado “con la gente” en Rancho Izaguirre

De acuerdo con indagatorias, el expolicía de Tala y otros elementos a bordo de una unidad oficial de la Comisaría de Seguridad Pública, detuvieron al hombre, que circulaba en un motocicleta, para realizar una presunta revisión.

“Los elementos municipales habrían privado de su libertad al hombre, para después entregarlo a civiles. Según la víctima, escuchó que lo iban a entregar con ‘la gente’”, señaló la dependencia.

El 18 de septiembre de 2024, el hombre y otra persona fueron liberadas tras un enfrentamiento en el Rancho Izaguirre, señaló la dependencia en el comunicado.

Colectivos y CNDH reclaman ante irregularidades durante recorrido en Teuchitlán

El pasado viernes 21 de marzo, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunciaron en rechazo a la actuación de las autoridades durante el recorrido que se llevó a cabo el jueves en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, así como en su atención general a las familias de personas desaparecidas.

De acuerdo con la comisión, sus visitadores atestiguaron cómo se rompió el cerco de protección y protocolos básicos de resguardo ministerial establecidos, “comprometiendo la investigación y la búsqueda mismas, por lo que se atendió y orientó a familiares de personas desaparecidas que se encontraban en el Rancho”. Sin embargo, achacó esa responsabilidad únicamente a la fiscalía del estado.

Al respecto, el Cepad señaló que la visita al Rancho Izaguirre resultó sumamente indignante y revictimizante para las familias de personas desaparecidas, quienes han calificado la invitación pública que realizaron tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) como “una burla”, “un viaje turístico” y un “museo de nuestro dolor”.

En tanto, la CNDH expresó su preocupación por los hechos ocurridos en el Rancho Izaguirre e hizo un llamado –a las autoridades estatales, dejando fuera a la FGR– a preservar los indicios, datos de prueba, evidencias y todo aquel hallazgo que permita el esclarecimiento de los descubrimientos efectuados en el predio, con el objetivo de garantizar la debida cadena de custodia y privilegiar lo previsto en la Ley General en la materia y en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.