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Corrupción

Detienen a ex funcionario de Segalmex por desvío de $144.4 millones

Jesús Navarro se desempeñaba como director de Finanzas de la dependencia encargada de asegurar la distribución de alimentos en el País

Agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron la noche del martes a Jesús Óscar Navarro Gárate, ex director de Administración y Finanzas de la empresa paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana, por cometer un presunto desvío de 142 millones 440 mil pesos en contra del organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal.

El detenido ostentó dicho cargo desde julio de 2020, en lugar de René Gavira Segreste, quien supuestamente autorizaba adquisiciones ilícitas con recursos públicos, por lo que el 12 abril del 2022, fue vinculado a proceso por supuesta responsabilidad en el uso ilícito de atribuciones y facultades.

Navarro Garate notificó al área jurídica de Segalmex, respecto a convenios que incumplían la normatividad para las entidades paraestatales y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Entre esas notificaciones, según investigación de la organización no gubernamental de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, está el oficio que Navarro Gárate giró el 29 de julio de 2020, informando al área jurídica respecto a tres convenios firmados entre Segalmex y la Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna.

Se trataba de tres convenios plurianuales por hasta 7 mil millones de pesos para el secado de leche, firmados cuando Gavira Segreste era funcionario de Segalmex. En el informe de la Cuenta Pública de 2020, la Auditoría Superior de la Federación reveló que dicho funcionario favoreció a COPROLAC.

Ello al fijar unilateralmente en los convenios un precio de venta de 21 pesos por kilo de crema -superior al precio de mercado-, eludiendo la autorización del Grupo Interno de Análisis de Venta de Crema, el órgano colegiado responsable de autorizar su precios.

El 2 de abril de 2023, Gregorio Salazar Hernández, juez de distrito especializado en el Sistema Penal acusatorio en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, vinculó a proceso al empresario Fernando Hiram Zurita Jiménez, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de los desvíos en Segalmex.

El juez federal ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Zurita Jiménez quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México, y otorgó tres meses como plazo de investigación complementaria.

La FGR detalló que a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Zurita Jiménez. Además, han sido detenidos Carlos Antonio Dávila Amerena, ex jefe Jurídico de Diconsa y Segalmex; así como Roberto Rivera Ramos, ex subgerente de Adquisiciones de Granos y Azúcar.

También, Laura Patricia Hernández Rojas, ex coordinadora de la Gerencia de Presupuesto de Liconsa; Simón Escobar Copca, jefe de almacén en Querétaro; Artemio Gutiérrez Rodríguez, subjefe de Operativo de Diconsa en Querétaro. Así como Jorge Saúl Romero Valencia, José Miguel Ojeda Antonio y Gonzalo Mora Nateras, vinculados con la empresa Servicios Integrales Carregin SA de CV, que Segalmex contrató para la entrega de azúcar.

En marzo de 2023, Salazar Hernández concedió a la FGR 22 órdenes de captura contra igual número de personas. Del total de implicados, 12 fueron servidores públicos de Segalmex. Cuatro de ellos pertenecen a las empresas y seis fueron los supuestos beneficiarios de los recursos que fueron desviados.

La FGR les imputó los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el primero de estos, amerita prisión preventiva oficiosa. Según la investigación de la Fiscalía General de la Repúblicas, estas personas celebraron contratos y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, las cuales no se entregaron.