Concretan diputados desaparición de órganos autónomos; transforman IFT y Cofece por T-MEC

Con 332 votos a favor, cero en contra y 119 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló este jueves en lo particular una reforma en materia de simplificación orgánica, que propone la extinción de diversos órganos constitucionales autónomos.

Los sufragios a favor fueron emitidos por los legisladores de los grupos parlamentarios de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México; mientras que los votos en contra los emitieron los diputados federales de Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano.

Las reformas y adiciones a 14 artículos de la Constitución extinguieron el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación (Mejoradu).

Las funciones del INAI serían trasladadas a la Secretaría de la Función Pública, mientras la Cofece sería integrada a la Secretaria de Economía; el Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social pasaría al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Además, la reforma planteaba la extinción de la CNH y la CRE, cuyas funciones serían transferidas a la Secretaría de Energía, así como el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que pasaría a la Secretaria de Educación Pública.

La mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados, el PVEM y el PT, presentó, durante la discusión en lo particular, una reserva al dictamen para crear un órgano descentralizado y con independencia técnica, que asumiría las funciones de la Cofece y el IFT en materia de combate a los monopolios en los ámbitos económico y de telecomunicaciones.

Los legisladores de la autodenominada “Cuarta Transformación” propusieron modificaciones al Artículo 28 constitucional para crear una “autoridad en materia de libre competencia y concurrencia”, que tendría como función prevenir, investigar y combatir monopolios, así como las concentraciones en todos los mercados, a fin de eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia.

Para ello, contaría con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de que estaría dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento. También garantizaría la separación entre la autoridad que investigaba y la que resolviera los procedimientos.

La reserva, presentada por el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, agregó que las normas generales, actos emitidos o las emisiones en las que incurriera, podrían ser impugnadas únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serían objeto de suspensión.

Las facultades en materia de regulación asimétrica del IFT serían transferidas al Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, mientras que el resto de las funciones del Instituto pasarían a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que se creó como parte de la reestructura a la administración pública propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ramírez Cuéllar indicó que con esta reserva se cumplía cabalmente con lo establecido por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que demandaba la existencia de un órgano regulador que fuera técnicamente independiente en materia de competencia económica.

“Es una autoridad reglamentada por la legislación secundaria, pero que cumple cabalmente con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio, son órganos independientes, con facultades para hacer investigaciones y establecer procedimientos de sanción, son órganos que nos van a permitir generar mayor competencia económica en el país”, señaló el legislador de Morena.

Ramírez Cuellar explicó que esta nueva autoridad tendría facultades para imponer multas, acotar periodos de investigación y llegar a acuerdos con el Poder Judicial de la Federación para que las sanciones se determinaran de manera expedita.

Confió que, con ello, aumentarían los niveles de competencia en el País, lo que, según él, generaría beneficios para consumidores, al promover una mayor participación en todos los mercados de bienes y servicios.

Por otra parte, el grupo parlamentario del PT presentó una reserva para incluir el litio en el Artículo 27 de la Constitución, entre aquellos elementos en los que estaría prohibido otorgar concesiones.