Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite primer caso de violencia vicaria
Hace unas semanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el primer caso de violencia vicaria que llega a esa instancia, lo cual será un parteaguas para visibilizar el tema a nivel internacional y sentar un precedente que permita a las mujeres acceder a la reparación del daño, consideran las activistas promoventes.
La petición P-2498-23, promovida por la Red Solidaria Década contra la Impunidad AC (RSDCIAC), se sustenta en el caso de la abogada y defensora de derechos humanos Blanca Estela Paredes Hernández, quien a los 15 años conoció al exmagistrado del Tribunal de Justicia de Jalisco, José de Jesús Covarrubias Dueñas, de 44, con quien después procreó dos hijos registrados solo por ella, pues inicialmente él ni siquiera los reconoció.
Luego de descubrir que era casado e intentar separarse de él, Covarrubias Dueñas comenzó a ejercer violencia física y psicológica en contra de Blanca Estela, quien lo denunció sin éxito dado el poder político que tenía el exfuncionario. Además, descubrió que abusaba sexualmente de su sobrina, lo que también acusó ante las autoridades correspondientes.
Una forma de violencia patriarcal
Ernesto Rodríguez Cabrera, litigante del caso ante la CIDH, explica que tras esos hechos, se originó para ella una “avalancha de represalias”, entre ellas la amenaza de perder su trabajo –también en el Tribunal– y de quitarle a sus hijos.
“Es así como empieza todo el viacrucis de la doctora, denuncia tras denuncia, tanto civiles como penales y administrativas, incluso hasta llegó al Congreso local para que desaforaran al señor. Lo logró pero una vez que lo logra, le da una licencia el Tribunal con sueldo, y después él prefiere que le quiten el salario con tal de no darle la pensión alimenticia”, relata el abogado.
Esto resulta –de acuerdo con el litigante– en una escalada de violencias en la que el exmagistrado comienza a utilizar a los hijos de ambos como vía de amenaza para intentar que ella se desista de sus denuncias, así como para generarle un maltrato económico, emocional y laboral, lo que encuadra la situación en la figura de violencia vicaria.
Esta forma de violencia patriarcal es un concepto acuñado y definido por Sonia Vaccaro en 2012 como una “violencia desplazada”, en la que aunque el fin último es herir a una mujer, se utiliza a sus hijos e hijas con ese propósito.
Luego del impulso del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, en México ha sido tipificada en más de 20 entidades, entre ellas Zacatecas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí y Ciudad de México.
Aunado a ello, el 26 de febrero de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó esta figura, al resolver una impugnación a las reformas en San Luis Potosí, y determinó que se trata de un tipo de violencia que se presenta contra las mujeres, ejercida sobre sus hijas e hijos, con el objetivo de causarles daño, realizadas por una persona agresora con la que hayan mantenido matrimonio, concubinato o relación de hecho.
Luego de que se iniciaran las primeras denuncias en 2020, él también inició una para demostrar –ahora sí— que se trataba de sus hijos, y justificar así sus intentos para tratar de quitárselos a Blanca Estela. Tras ser desaforado en enero de 2022, el exmagistrado no asistió a la audiencia que tenía programada, por lo que existe una orden de aprehensión en su contra frente a la que continúa prófugo.
“No hay ninguna respuesta, y hasta el momento Blanca tiene 60 demandas, entre las que ella ha puesto y las que le ha interpuesto la familia del magistrado, porque con el tiempo ella descubre que es casado, pero todas están detenidas”, apunta Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de la RSDCIAC.
El 5 de diciembre de 2023 el expediente fue finalmente ingresado ante la CIDH con todas las características correspondientes a violencia vicaria, porque existen violaciones a derechos humanos por parte del mismo Estado que –subraya Rodríguez Cabrera– ha sido omiso en cumplir con las peticiones de Blanca Estela en su búsqueda de justicia.
“Hay una omisión constante por parte de las autoridades, aparte es la integridad de la doctora, de los hijos, de su familia, la libertad personal que está amenazada por todas las denuncias que le ha interpuesto su expareja, la protección de la familia y los derechos de los niños, sobre todo el bien superior de ellos y la igualdad ante la ley, que aquí ha estado más de un solo lado; no hay una protección judicial eficaz”, resalta el abogado.
Un precedente ante las omisiones del EstadoEntre las omisiones más importantes del Estado, en el caso de Blanca Estela existe una dilación de justicia injustificada, a pesar de que hay procedimientos que deben aplicarse en todo tipo de juicios, y que en este caso no se han llevado a cabo.
Ante ello, al presentar el caso ante la CIDH, la Red busca esencialmente dos resultados: que se abra la posibilidad a que más mujeres que no han tenido acceso a la justicia vean que es posible, aunque sea a nivel internacional, pero que puedan seguir luchando.
“Finalmente, la violencia vicaria les mina la autoestima, les mina su fuerza para seguir luchando porque no tienen a sus hijos, etcétera. Desde mi punto de vista es un camino muy importante que vean las mujeres que se puede seguir luchando”, indica López Paulino.
En específico para el caso de Blanca Estela, la finalidad es que se repare el daño a las víctimas mediante una indemnización y la garantía de no repetición, así como una disculpa pública por parte del Estado y garantizar que se conozca el derecho a la verdad, en el sentido de evidenciar qué está sucediendo con la violencia vicaria en México.
“También sería de suma importancia que México reciba, en este caso, una recomendación de la Comisión Interamericana –aunque nosotros aspiramos a que este caso pase a la Corte Interamericana y se convierta en sentencia– para que México armonice la Constitución y sus leyes principales con los instrumentos internacionales de derechos humanos, en este caso todos los instrumentos que forman parte de la Convención Interamericana”, añade.
Desde su perspectiva, la violencia vicaria ha sido incrustada en instrumentos secundarios, además de que en algunas entidades no se ha tipificado sin perspectiva de género, aduciendo que se trata de una agresión que puede ocurrir en el caso de hombres y mujeres.
“Creemos muy importante que el Estado empiece a armonizar las leyes nacionales con los instrumentos internacionales de protección a las mujeres”, enfatiza la activista. Por lo pronto, tras la admisión del caso, la CIDH ha emplazado al Estado mexicano a que envíe sus observaciones en un periodo de tres meses, aplazables máximo a cuatro.
En caso de que no haya respuesta, se dictaría un informe de fondo. En caso contrario, habrá otro plazo para que la parte denunciante también haga sus observaciones, y después esperar a la resolución de la CIDH. De cualquier forma, la Red lo considera un paso muy importante que abre una puerta para que los derechos de las mujeres sigan garantizándose y pueden recuperar a sus hijos.
“Es un parteaguas y es un caso paradigmático que va a impulsar a que muchas mujeres sigan luchando para que sus derechos sean garantizados y para conocer la verdad en todos los casos; la violencia vicaria no solamente la ejerce la pareja, también vienen ejerciéndola los jueces, que son omisos o que protegen a los agresores”, concluye.
