Cinco científicos denunciados por Conacyt libran cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero
Cinco de los 31 científicos denunciados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) libraron definitivamente los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero por haber entregado 200 millones de recursos públicos entre 2013 y 2018 al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C.
Un tribunal penal federal ordenó el 13 de enero cancelar los cargos en contra de Julia Tagüeña Parga, José Franco, Gabriela Dutrénit Bielous, Teresa de León Zamora y Marcial Bonilla Marín.
El Ministerio Público ya no puede investigarlos y acusarlos por los mismos hechos, y menos aún el Poder Judicial llevar un proceso penal en su contra ni condenarlos.
“En otras palabras: finaliza de forma permanente para estos cinco científicos la persecución que existía en su contra”, informaron los abogados de los científicos a través de un comunicado.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México recurrieron al artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que la Fiscalía General de la República (FGR) debe abstenerse de investigar cuando los hechos de una denuncia no son constitutivos de delito. El 21 de septiembre de 2021, cuando el juez de control de Almoloya de Juárez negó por segunda vez la captura de los científicos, debió dictar un pronunciamiento respecto a la FGR.
Denuncia a científicos por delincuencia organizada
La denuncia fue interpuesta por la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, e involucró a 31 científicos.
La denuncia presentada ante la FGR acusaba a los académicos de haber entregado 200 millones de recursos públicos entre 2013 y 2018 al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, para realizar funciones que ya estaban a cargo del Conacyt, aunque dicha organización y la entrega de esos recursos públicos estaba contemplada en los lineamientos legales.
La fiscalía ha intentado en dos ocasiones la aprehensión de los 31 académicos por dichos delitos y que éstos fueran recluidos en Almoloya de Juárez, Estado de México, un penal de alta seguridad, pero el juez lo negó debido a la falta de argumentos legales para liberar una orden de aprehensión.
La FGR señaló que buscaría por tercera vez obtener las órdenes de aprehensión contra los científicos, para lo cual echaría mano de “todos los recursos procedentes”. La fiscalía buscaba penas de hasta 40 años de cárcel para los investigadores.
Los científicos han señalado que existe una persecución contra “quienes ejercieron sus funciones con base en la normatividad entonces vigente que se guiaba por una concepción distinta sobre el desarrollo científico y tecnológico del país”.
