Censo del Gobierno busca reducir cifra de personas desaparecidas y no está a cargo de especialistas, advierte Karla Quintana

La actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) no se está llevando a cabo por autoridades especializadas y su intención no es obtener la mejor información posible, sino reducir la cifra total de personas desaparecidas, aseguró la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana.

“La intención es una, está dirigida a ciertas entidades en particular y sí hay un riesgo... No tendríamos que estar preocupados por si hay una persona más o menos, sino por que hay personas desaparecidas y una crisis de desaparición en México”, señaló.

De acuerdo con la excomisionada, con el proceso actual de actualización del registro –llamado censo por el Presidente Andrés Manuel López Obrador– se corre el riesgo de que personas desaparecidas sean dadas de baja solo con un indicio de localización o en casos homónimos o mediante la instrucción al código fuente del RNPDNO de quitar a quienes, por ejemplo, no tienen un segundo apellido “con tal de reducir el número”.

El 31 de julio, el presidente dijo que la cifra de desaparecidos en realidad es menor a la oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda –113 mil 034 hasta esta publicación–, y anunció que, en tres meses, estaría lista una actualización gracias a un censo “casa por casa” que harían los servidores de la nación, dependientes de la Secretaría del Bienestar. Tres semanas después, Quintana renunció al cargo.

Unos días después, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas –que más tarde dejó el cargo para unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum–, confirmó que el censo de personas desaparecidas estaba a cargo de Bienestar conforme a un convenio de colaboración suscrito con la Comisión Nacional de Búsqueda.

Durante su participación en un seminario del Colegio de México, en el cual ocupa un cargo como investigadora visitante desde el 1 de octubre, Quintana explicó que el desacuerdo central giró en torno a quién está a cargo del análisis y los cruces de datos. “El problema, en términos de forma, es que no se está llevando a cabo por autoridades especializadas”, destacó.

“La búsqueda es un asunto de Estado. Nadie está en contra de que se actualice el registro”, puntualizó. Sin embargo, además de que la forma no es la adecuada, por ser revictimizante y carecer de especialización, y la única finalidad es reducir registros de personas desaparecidas en un periodo particular, el llamado censo solo está dirigido a las 23 gubernaturas del partido en el poder.

Tras 4 años y medio de gestión, Quintana recordó que el reconocimiento, por primera vez, de una crisis de personas desaparecidas por parte del Gobierno de México llevó a la construcción, en colaboración con las familias, instancias internacionales y otras instituciones, de todas las comisiones de búsqueda estatales, centros de identificación humana, el RNPDNO, registros internos de fosas y otros que antes no existían.

Explicó que cuando ella llegó a la titularidad de la CNB, existía un registro de entre 30 y 40 mil personas desaparecidas, por lo que la primera tarea fue analizar y construir internamente un ecosistema para crear el RNPDNO. Aclaró que no se trata de una sola lista o Excel, sino de una red que permite la comunicación de las autoridades encargadas de alimentarlo, que son al menos 66: 33 comisiones, 33 fiscalías más otras autoridades y particulares. Sin embargo, más del 90% corresponde a las primeras.

Por otro lado, subrayó que hasta su renuncia, presentada el 23 de agosto, había una trazabilidad para la baja de registros, es decir, solo podía ser llevado a cabo por autoridades buscadoras, mediante firma electrónica y conforme a la ley, por lo que alertó la importancia de revisar si tras el protagonismo de Bienestar en el llamado censo, se dará una instrucción diferente al respecto.

A ello añadió que el cruce de bases de datos, de diversos registros, es una herramienta de búsqueda prevista en la Ley General, sin embargo genera coincidencias que solo son posibles indicios. A partir de ahí, se tiene que analizar de manera detallada y meticulosa si el hallazgo sucedió con posterioridad, si efectivamente se trata de la misma persona y cuando se piensa que así es, comunicarlo a las autoridades que reportaron.

“El hecho de que exista un indicio no significa localización. Hay un trabajo de investigación y especialización necesario”, subrayó. Si bien admitió que es posible que en el Registro Nacional exista un subregistro y un sobreregistro, lo que requiere la actualización de la información, esto no se puede llevar a cabo en los términos actuales del censo instruido por el Presidente a la Secretaría de Bienestar, que no es una autoridad buscadora ni está capacitada para hacerlo.

Quintana señaló también que aún hay muchos retos en la búsqueda de personas desaparecidas, y además de la cifra, también debe visibilizarse la prevención, la impunidad y que las comisiones estatales sean instituciones de Estado y no partidistas. Además, dijo que una preocupación constante es que la conversación sobre las personas desaparecidas no es generalizada para toda la sociedad.