Censida abandona a organizaciones que sostienen prevención y tratamientos VIH en estados

La organización Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (Codise), con sede en Jalisco, se incorporó desde principios de esta administración al programa para distribuir profilaxis preexposición (PrEP), tratamiento que previene la transmisión del VIH, en la entidad. En aquel momento, la directora de Censida se comprometió a aportar los recursos necesarios de la Secretaría de Salud para operar el proyecto.

Eso incluía la contratación de personas que trabajaran comisionadas directamente en el territorio. En un principio, cuatro personas fueron asignadas al centro, no sin antes enfrentar un proceso complicado y burocrático para obtener la certificación como centro comunitario de detección.

“Nos ocasionó muchos problemas, porque tuvimos que hacer un proyecto para la Secretaría de Salud del estado de Jalisco, con fondos del gobierno federal que no se nos pagó hasta el año siguiente, y nosotros tuvimos deudas con los proveedores durante un año. Nos convertimos en centro comunitario de detección, empezamos el programa de PrEP y se contrata a personas que empiezan a trabajar con nosotros”, relata.

El plan duró poco, porque nunca pagaron a las personas ni respondieron por ellas. “Al final, ese sistema no continuó, ni por parte del estado ni de la federación”, lamenta Leonardo Espinosa, director de Codise. “Para el siguiente año ya no hubo presupuesto otra vez, estuvimos trabajando, el gobierno del estado consiguió el año pasado presupuesto para dos meses, y eso fue lo único que existió”.

Todo ello ha ocasionado que durante todo el último año, la organización no cuente con pruebas de creatinina para personas que viven con VIH. Ningún presupuesto ha beneficiado a los usuarios de la organización civil, que actualmente deben solventar con sus propios recursos los diagnósticos de creatinina y hepatitis B, cuando el gobierno del estado debería absorberlos, dado que se incluyen en los indicadores reportados por las autoridades.

Hasta ahora, el gobierno del estado solo cuenta con dos establecimientos que brindan PrEP: el Capacits de Puerto Vallarta y el Centro de Atención Especializada en VIH en Guadalajara, pero ninguno de los dos, ni sumados, tienen más usuarios de profilaxis preexposición que los que tuvo la organización solo en su primer año.

El papel de las organizaciones en conjunto con las autoridades de salud es clave por el alcance que estas tienen con los posibles usuarios de PrEP o de tratamientos para VIH, como ha demostrado el caso de la Clínica Condesa y diversas asociaciones en la Ciudad de México, que sostienen el 40% de la distribución de estos tratamientos. Sin embargo, en los estados el panorama es muy distinto, sobre todo desde que Censida, durante esta administración, ha retirado apoyos a organizaciones.

“No tienen ni 200 usuarios (los Capacits), pero nada más para este ciclo se les contrataron como cuatro personas durante los próximos seis meses, con un presupuesto que era para las organizaciones de la sociedad civil; hicimos la solicitud del personal, fue enviada, recibida, aprobada... Y de pronto, en algún momento se perdieron los puestos”, apunta Leonardo.

Cuando preguntó durante una visita al Capacits Puerto Vallarta qué estrategias estaban haciendo para promover la PrEP, le contestaron que ninguna, porque al tampoco tener tampoco certeza sobre la permanencia del personal, no querían crear una necesidad que después no pudieran cubrir. Codise, por su parte, abrió una sede alterna en esa ciudad para brindar PrEP, dada las deficiencias de las instalaciones públicas.

Para Espinosa, la gestión del Censida en la administración actual ha sido pésima. “La doctora Alethse (de la Torre, directora del organismo) vino a prometer cosas que jamás cumplió ni les dio seguimiento, no ha vuelto aquí a Guadalajara y no creo que vaya a volver”, lamenta. Además, a nivel estatal –considera– los vocales de Censida no tienen ninguna representatividad, y se dedican a labores normativas.

“Se trata de que ellos con su experiencia en las poblaciones estén revisando cómo se rige la política de VIH, pero no tienen ningún poder”, argumenta Leonardo. Además, la de Censida ha sido –califica él– una conducta acosadora hacia las organizaciones, pues además pretende condicionar los tratamientos a que nunca se destinen a usuarios del IMSS u otros servicios del estado.

“La Norma Oficial Mexicana dice que los tratamientos preventivos –destaca– para el VIH y el PrEP tienen que estar a disposición de las personas sin importar su derechohabiencia, y además a nosotros nos obligaron a firmar un convenio, donde tenemos muchas obligaciones y ningún beneficio, que dice que tenemos que atender a todas las personas sin discriminación”.

Si bien Censida llega a proporcionarlos, son las organizaciones quienes se han visto orilladas a movilizarlos con sus propios transportes, resguardarlos y asumir la responsabilidad sobre los recursos invertidos en ellos. En otros casos, como lo ha vivido la organización Verter, en Baja California, algunos de sus servicios –como una unidad móvil para la aplicación de pruebas– se han visto limitados por apoyos que dejaron de recibir del organismo federal.

Según datos de Censida actualizados hasta mayo de 2024, 162 mil 026 usuarios reciben algún tipo de tratamiento antirretroviral en todo el país en instituciones del estado, pero en este conteo incluye instalaciones a cargo de otras instituciones federales así como almacenes, que no necesariamente distribuyen el medicamento.

La relación con organizaciones y sus frutos en Ciudad de México

Alain Pinzon, de la organización VIHve Libre con sede en la ciudad de México, alerta que las entidades han sido las más afectadas por las carencias y omisiones del Censida, sobre todo algunas que no están dentro de la preferencia del organismo, como Chiapas y el Estado de México, donde hay jefes de programa afines a la dirección de la dependencia.

“Las organizaciones comunitarias de todos los estados, o de la mayoría de los estados, estamos trabajando sin fondeos. Hay organizaciones, como la que yo dirijo, que nacimos a partir de esta administración y nunca hemos tenido recursos públicos. Sin embargo, al principio de esta administración se cerraron muchísimos centros de detección y atención comunitaria en varios estados de la República porque no hay fondeo, y no se puede trabajar”, explica.

Algunas siguen sobreviviendo pese a la mala racha que enfrentan desde 2019, cuando empezaron a negarse los apoyos. El activista lo considera un error en materia de salud, específicamente cuando se trata del VIH, cuya prevención y atención depende en buena medida del trabajo comunitario.

“Las organizaciones somos las que vamos a los lugares donde el gobierno no va: a las universidades, escuelas, discotecas, a los lugares de encuentro, y atendemos poblaciones que no llegan a las instituciones de salud pública en cada estado. El caso, por ejemplo, de Jalisco es muy importante porque ha presentado muchos problemas desde 2020”, detalla Pinzón.

Al principio, ocurría que en los servicios estatales no se atendía a personas de reciente diagnóstico o se interrumpían tratamientos. Sin embargo, fue a partir del 2022 –asegura– que el Censida inició una campaña de acoso contra organizaciones de algunos estados, entre ellos Jalisco y la Ciudad de México. Eso implicó no solo trabajar sin recursos, sino hacerlo bajo una auditoría extrema.

“Eso genera rispidez, porque no nada más estamos siendo vigilados, que es lo normal, sino súper auditados, y además trabajábamos bajo la amenaza de que cualquier error que se pudiera cometer, podría traer consecuencias graves”, señala. Los oficios que constantemente enviaba la dependencia solicitaban información no solo en torno al número de usuarios de tratamientos, sino a las especificidades sobre sus expedientes, datos personales y explicaciones detalladas.

Particularmente, en el tema de PrEP tanto VIHve Libre como otras organizaciones se enfrentaron a que el Censida llegara a solicitar datos personales de usuarios que habían sido agredidos sexualmente. VIHve Libre terminó perdiendo comunicación con Censida a finales de 2022, cuando iniciaron su propio programa comunitario de prevención en colaboración con la Clínica Condesa.

Una de las principales molestias del Censida era, de nuevo, que los programas comunitarios de la Ciudad de México contemplaban a derechohabientes del IMSS para otorgarles PrEP y PEP. Sin embargo, las organizaciones han insistido en defender esos tratamientos al amparo de la Ley para la prevención y atención integral del VIH en la Ciudad de México, que establece la universalidad de la atención.

El modelo que las organizaciones piden replicar

En la Ciudad de México, el 40% de los 5 mil 433 usuarios activos de PrEP, para prevenir la transmisión del VIH, acceden a estos a través del trabajo comunitario de organizaciones civiles. Actualmente, las dos clínicas Condesa les proveen insumos –pruebas rápidas, capacitación, acompañamiento y medicamento– para que sean ellas quienes, mediante su cercanía, los dispersen a los usuarios, con un sistema monitoreado y auditable.

Ese modelo no existe en ningún otro estado de la República. Esa relación, destaca Pinzón, es vital, porque las organizaciones son quienes reciben todos los casos que nunca llegan a las instituciones de salud. La relación estrecha con clínica Condesa obliga, pero también ayuda a canalizar a esas personas a los servicios de salud cuando es urgente y se trata de poblaciones vulneradas.

“En ese momento los servicios se activan a partir de esta comunicación tan estrecha, y no hay que perder tiempo en llevarlo a la consulta externa o explicarle al doctor; es una relación que permite la atención inmediata de las personas que están necesitadas de esta”, subraya.

Ante ello, más de 30 organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la prevención y atención del VIH en todo el país recientemente hicieron pública una carta, dirigida al equipo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, para pedir que se priorice como política de salud replicar el modelo virtuoso de la capital en el resto de los estados del país.

“Existen diferentes intervenciones que permitirían prevenir infecciones por transmisión sexual, incluida la profilaxis con antirretrovirales (conocidas como PrEP y PEP), pero no se han creado estrategias efectivas para ofrecerla de forma universal a las poblaciones más expuestas a la infección; durante el año 2023 se reportaron 17 mil 739 nuevos casos de VIH. Podemos señalar que durante la actual administración, a nivel federal, no ha existido capacidad ni compromiso claro para implementar un programa eficaz que contenga la epidemia del VIH en México; nunca existió comunicación con las comunidades mayormente afectadas”, señala el documento.

El modelo de la ciudad de México, que proviene de varias administraciones atrás, está dirigido por la clínica Condesa, y es único en América Latina, apunta Pinzón, porque es médico y comunitario al mismo tiempo, mediante una atención integral.

“El trabajo estrecho que tiene la clínica con las organizaciones, aunque se lleven mal, a pesar de las críticas, la Clínica Condesa, dice ‘ok, vamos a trabajar para que eso se subsane’. Eso es algo que no ha pasado a nivel federal; muy por el contrario, cuando tú te quejas con el Censida, lo que hace es bloquearte, tratar de callarte o decir ‘no es cierto”, reclama el activista.

La petición de las organizaciones es que ese modelo se refleje a nivel nacional, no solo con un sistema médico que permita transitar los servicios, sino mediante acompañamiento comunitario, insumos y métodos de prevención sin burocracias. Ante la entrega y publicación de la carta, ya se estableció comunicación con el equipo de transición, con la promesa de recibirles en cuanto el gobierno de Sheinbaum entre en funciones.

“Me parece que es importante, es una buena señal, porque ni siquiera a eso llegaba la actual directora del Censida”, asegura Pinzón, en espera de que se cumpla con la reunión acordada, donde pondrán en la mesa las fallas del panorama actual, la responsabilidad de Censida y la petición de que la experiencia comunitaria sea escuchada, pues es liderada en su mayoría por personas que viven con VIH. Todo ello encaminado a tener un programa nacional de prevención, que amplíe el diagnóstico pero sobre todo, a cargo de alguien con mayor experiencia.

“La doctora Claudia y el doctor Kershenobich (recién nombrado secretario de salud para la próxima administración) tienen ahí una oportunidad muy importante”, concluye Pinzón.