Avanza en Cámara de Diputados desaparición de órganos autónomos
Con la mayoría de votos de los grupos parlamentarios de Morena, Verde Ecologista Mexicano y del Trabajo, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general una iniciativa enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer siete órganos constitucionales autónomos y el dictamen se turnó al Pleno de la siguiente Legislatura, que comenzaría el 1 de septiembre.
Entre los órganos que desparecerían estarían; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica; el Instituto Federal de Telecomunicaciones; el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social; la Comisión Reguladora de Energía; la Comisión Nacional de Hidrocarburos; y, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación.
Según la iniciativa, dichos órganos habían recibido más de 32.3 mil millones de pesos desde su creación, los cuales, indicó el proyecto, equivalían a 5 millones de pensiones bimestrales para los adultos mayores.
Por lo que, bajo los principios de austeridad republicana, se buscaba reincorporar sus funciones a las instituciones de la Administración Pública Federal, además de que pretendía que los ahorros que se generaran por estas extinciones, se destinaran al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El proyecto avalado establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones desaparecería, por lo que sus actividades pasarán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes. También se extinguiría el Comisión Federal de Competencia Económica y sus acciones, como garantizar la libre competencia y concurrencia en los mercados, para pasar a la Secretaría de Economía.
Además, el proyecto aprobado modificaría el artículo 28 de la Constitución para extinguir los órganos reguladores en materia energética, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, buscando que la Secretaría de Energía contara con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad de sancionar en materia energética e hidrocarburos.
Otro organismo que desaparecería es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuyas funciones se trasladarían a la Secretaría de la Función Pública, al órgano de control del Poder Judicial de la Federación y a las contralorías del Congreso de la Unión, lo que pretendería replicarse a nivel estatal.
Asimismo, se extinguiría el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, cuyas funciones, como la medición de la pobreza y evaluación de programas sociales, serían ahora del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
