Autoridades ponen en riesgo la justicia al no informar arresto de Kamel Nacif a Lydia Cacho: A19
Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- Autoridades ponen en riesgo la justicia al no informar a la periodista Lydia Cacho sobre el arresto del empresario José Kamel Nacif Borge, señaló hoy la organización Artículo 19.
“No notificaron ni a Cacho ni a Artículo 19 sobre ningún acto de autoridad encaminado a conocer el estatus jurídico del empresario en la República del Líbano, tampoco se informó a la víctima ni a sus representantes legales sobre el lugar o fecha de localización, o sobre su presentación ante autoridades judiciales libanesas. Eso sucedió hasta mediados de febrero, después de la detención de Mario Marín”, indicó Artículo 19.
Lo anterior redujo la capacidad de coadyuvancia por parte de la víctima y sus representantes para participar de forma activa en el proceso, así como su derecho a estar plenamente informada de los avances del proceso, agregó la organización.
Artículo 19 indicó que junto a Lydia Cacho encuentran preocupante que el proceso contra José Kamel Nacif en Líbano no cuente con las garantías mínimas que permitan igualdad entre las partes. La garantía de audiencia y el derecho a la defensa, son derechos mínimos que tendrían que ser respetados en cualquier proceso penal.
“También resulta desconcertante la falta de coordinación y atención a la periodista y activista entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República para dar a conocer información importante en el caso. Lo que podría implicar un obstáculo en el acceso a la justicia de Lydia Cacho, ya que, según consta en el expediente ministerial, la FEADLE fue directamente informada sobre las gestiones realizadas a nivel diplomático hasta finales de enero de este año”, añadió.
A propósito de lo anterior, Lydia Cacho y Artículo 19 solicitaron lo siguiente:
A la Secretaría de Relaciones Exteriores: Que impulse el proceso penal ante autoridades libanesas para que se garantice un proceso imparcial en que se respeten los derechos de la víctima; que facilite la información necesaria a la FEADLE y a la vez a la víctima y a su representación para tomar parte en el proceso y coadyuvar para garantizar el acceso a la justicia de la periodista.
A la Fiscalía General de la República: Que de acuerdo con los derechos consagrados en la Ley General de Víctimas, se notifique directamente o a través de sus representantes, a la periodista Lydia Cacho, de todo hecho relacionado con la localización, cambio de estatus jurídico, acciones legales impulsadas por los presuntos responsables y cualquier otro que pudiera implicar cambios en la estrategia para la garantía del acceso a la justicia; que evite la revictimización de la periodista, así como la obstaculización a la coadyuvancia durante el proceso contra las personas presuntamente responsables, en territorio nacional o extranjero.
A la Secretaría de Gobernación: Que considere los presentes hechos como elementos de análisis en la falta de cumplimiento del Plan Integral del Daño, instaurado a partir del Dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, número 2767/2016, del año 2018.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Que considere los presentes hechos como omisiones en las medidas cautelares MC 192/2009 ordenadas al Estado mexicano, como consecuencia del estado de riesgo en que vive la periodista.
Al Gobierno de El Líbano: Que se garantice el debido proceso para la víctima y se generen las condiciones propicias para que Lydia Cacho, sus representantes y el gobierno mexicano abonen a la acusación ante los tribunales nacionales; se valore continuar con el proceso de extradición a México dado que también cuenta con ciudadanía mexicana; dado que es Estado Parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se cumplan con las disposiciones del instrumento internacional y se tome en cuenta la gravedad de la conducta imputada a Kamel Nacif con base en la interpretación más protectora de los derechos de Lydia Cacho.
El empresario José Kamel Nacif Borge fue detenido desde el pasado mes de octubre en Líbano pero no se informó ni a la periodista Lydia Cacho ni a su defensa, según una fuente vinculada al caso que habló con SinEmbargo pero que prefirió no revelar su identidad por no estar autorizada para ello.
La periodista mexicana confirmó, en entrevista telefónica, que efectivamente está detenido. También dijo que no fue informada y expresó su extrañeza.
“El hecho de que la Fiscalía General de la República haya ocultado la detención desde octubre vuelve a violar mis derechos como víctima y deja campo libre a Nacif para negociar tanto jurídica como políticamente. Los expertos de Interpol consideran que este privilegio de Nacif me vuelve a poner en riesgo, ya que tiene protección de la delincuencia organizada dentro del Líbano. La dilación intencional de Fiscalía permitió que le otorgaran libertad bajo caución al no responder de inmediato con la evidencia que aportamos ante la ONU”, dijo Cacho.
“Me sorprende que este Gobierno siga el mismo patrón de protección a Nacif que los gobiernos de Fox, Calderon y Peña. Ese el el poder detrás de la pornografía infantil”, agregó la periodista. Cacho reveló que “llevamos meses cuestionando al Fiscal Alejandro Gertz Manero y nos negaron los hechos. Hasta que no pudieron [ocultarlo] más porque obtuvimos un documento del Líbano que lo demuestra”.
Nacif Borge, de origen libanés, llamado “El rey de la mezclilla” pero más conocido por sus presuntos nexos con redes de pedofilia, trata de personas y las agresiones a la periodista, se refugió en ese país luego de que perdió ante la justicia mexicana.
“La Fiscalía tenía obligación de avisarle a Lydia Cacho para que testificara y lo reconociera en la Embajada del Líbano en España, pero le ocultaron la información hasta esta semana ya que Nacif está bajo fianza y a punto de ser liberado de cargos porque la Fiscalía y la víctima, la periodista, no respondieron en tiempo y forma”, dijo la fuente.
Cacho, quien está refugiada en el extranjero, dijo que sospecha de quienes no le informaron de un arresto tan esperado, sobre todo ahora que está ya detenido el exgobernador Mario Marín, otro de sus agresores.
La fuente consideró que el empresario, acusado además de corromper a innumerables autoridades, es protegido desde México.
El 3 de febrero pasado, Mario Marín Torres, otro de los acusados de torturar a la periodista y a quien también se le relaciona en la red de pederastia de Jean Succar Kuri y el propio Nacif Borge, fue aprehendido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y trasladado a un penal en Cancún, Quintana Roo,
El exgobernador de Puebla y priista “estaba con algunos familiares en una casa de una hermana [...] Estaba en una colonia alejada de la playa, con algunos familiares”, confirmaron entonces fuentes oficiales a este diario digital.
“Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de #PornografíaInfantil. Vamos por todos”, escribió entonces Lydia Cacho en su cuenta de Twitter al confirmar la detención del exmandatario poblano.
LA HISTORIA DEL CASO
El caso de la red de pornografía infantil en la que se relaciona a Mario Marín se remonta hasta el año 2003, cuando un grupo de mujeres y niñas denunciaron penalmente al empresario libanés Jean Succar Kuri en Quintana Roo por abuso sexual y pornografía infantil.
Ese mismo año, de acuerdo con un recuento de Periódico Central, un juez dictó una orden de aprehensión en contra de Succar Kuri, quien huyó hacia Los Ángeles, California. Mientras tanto, la periodista Lydia Cacho recibió las primeras amenazas de muerte por parte del empresario hotelero y lo denunció ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Lydia Cacho investigó y documentó el tema en el libro Los Demonios del Edénque fue publicado en el 2005, el primer año de Gobierno de Marín. El texto reveló información sobre una red internacional de delincuencia organizada, encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, dedicada a la trata y explotación sexual de niñas y niños de entre 4 y 14 años de edad, la cual, de acuerdo con la periodista, actuaba con el conocimiento y la protección de políticos y empresarios de Quintana Roo y Puebla, donde hace referencia a Mario Marín y Kamel Nacif Borge, el llamado “Rey de la Mezclilla”, quien luego la demandó por difamación.
Cacho fue detenida arbitrariamente el 16 de diciembre de 2005 en Cancún, Quintana Roo, y trasladada en vehículo hasta la ciudad de Puebla. El 21 de diciembre de 2005 recibió el auto de formal prisión por los delitos de difamación y calumnia. Unos días después, ese delito quedó eliminado por falta de elementos y más tarde trasladaron el juicio a Quintana Roo.
La periodista denunció que su detención fue ilegal y que durante el traslado que duró al menos 20 horas fue torturada por parte de elementos policiales.
El apodo de “Góber precioso” surgió luego que el diario La Jornada dio a conocer, el 14 de febrero de 2006, una serie de conversaciones telefónicas en las que Nacif le agradece a Mario Marín por haberle dado “un coscorrón” a la escritora e incluso le ofreció, como muestra de gratitud, “dos hermosas botellas de coñac”. Al revelarse la conversación, se explicó que “botellas de coñac” era una clave para referirse a niñas menores de 12 años de edad. En el audio, el “Rey de la mezclilla” se refiere a Marín como “mi Góber precioso” y “el héroe de esta película”.
Por su parte, el exgobernador afirmaba: “Pues ya ayer le acabé de darle un ‘pinche coscorrón a esta vieja cabrona’. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad.
“Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras”.
En ese periodo, también se dieron a conocer los audios de la llamada en la que Nacif opera con “Juanito” Nakad la violación y golpiza a Lydia Cacho en la cárcel.
En marzo de 2006, Lydia Cacho denunció a Mario Marín Torres, Diana Laura Villeda, los policías judiciales, la jueza penal Rosa Celia Pérez, Kamel Nacif, “Juanito” Naked, y quien resulte responsable por los delitos de: abuso de autoridad, cohecho, ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias, colusión de servidores públicos, tortura y tentativa de violación.
En ese entonces, Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de Periodistas, la OMCT y más de 40 organizaciones no gubernamentales se sumaron a una petición que realizaron diputados y senadores a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se investigara al entonces Gobernador de Puebla y a los responsables de Poder Judicial por las violaciones de Derechos Humanos y garantías individuales de Lydia Cacho.
Jean Succar Kuri fue detenido en Arizona, Estados Unidos, en 2006 y extraditado a México, donde fue encarcelado en Cancún hasta mayo de 2011, cuando un Juez federal ordenó su traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano; pero en junio del año 2019 nuevamente fue trasladado a una cárcel de Quintana Roo.
El 2 de octubre de 2006, el Juez primero de lo penal en Quintana Roo envió al Distrito Federal el juicio de Lydia Cacho por carecer de sustento en Cancún. Ya en la Ciudad de México, el Juez de lo penal sobreseyó la causa penal por difamación contra Cacho. En la sentencia, ejecutoriada el 2 de enero de 2007, la periodista quedó libre de todo cargo penal.
En el año 2016, la sentencia en contra Succar Kuri fue modificada al pasar de 70 a 112 años en prisión, resolución que fue impugnada por su defensa.
El 2 de agosto de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas resolvió que existieron una serie de violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho. Fue la primera vez que se resolvió el caso de una periodista con esas características en el sistema universal de derechos humanos. La ONU pidió “procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas”.
El 10 de enero de 2019, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a la periodista Lydia Cacho por la tortura de la que fue objeto, la discriminación en razón de género en su contra y las acciones que le impidieron acceder a la verdad y la justicia.
