Aunque Cuitláhuac se oponía, SCJN declara inconstitucional delito de ultrajes a autoridad en Veracruz

Con 10 votos a favor y uno en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, este lunes 28 de febrero, que es inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, el cual forma parte del Código Penal del estado de Veracruz, cuyo gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, se oponía la recomendación 146/2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de derogarlo.

La mayoría de los ministros de la SCJN fallaron a favor de la acción de inconstitucionalidad que presentaron el año pasado varios diputados del Congreso de Veracruz y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al argumentar la falta de precisión para indicar qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes comentan ultrajes a la autoridad en dicha entidad.

Dicho delito fue modificado el 1 de marzo del 2021 por el Congreso de Veracruz, que endureció las penas para quienes agredan a elementos que ejercen funciones de seguridad pública. Ante ello, quienes cometan ultrajes a la autoridad, podrían pasar entre seis meses y dos años de prisión.

Tras la votación contra la inconstitucionalidad del artículo 331 del Código Penal de Veracruz, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, celebró la decisión del Pleno de la SCJN, por ser “justa y correcta”.

“Ahora, a luchar para que sean liberadas todas las personas que están privadas de su libertad por este ominoso ilícito” en dicha entidad, escribió el también coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta del Congreso de la Unión, partido al que también pertenece el mandatario estatal veracruzano.

El fallo de la SCJN se da después de que el Congreso de Veracruz aprobó, ayer domingo 27 de febrero, una iniciativa de reforma que presentó el gobernador García Jiménez, para eliminar dos párrafos del artículo 331 del Código Penal estatal, el cual hace referencia al delito de ultrajes a la autoridad.

La iniciativa de reforma fue enviada el pasado 31 de enero y hasta ayer domingo 27 de febrero se realizó la sesión extraordinaria para votar la iniciativa en el Pleno del Poder Legislativo veracruzano, que la avaló con 33 votos a favor, 15 sufragios en contra y una abstención.

Los párrafos eliminados por el Congreso local señalan que se incurre en dicho delito cuando “se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima; y que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja”.

Asimismo, la reforma mantuvo la pena de cárcel si se ejecuta por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; y que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito.

También se mantuvo también el delito e imponer sanciones de seis meses a dos años de prisión, así como una multa de 10 a 40 veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Y se agravará de cinco a siete años de cárcel cuando se actualicen las anteriores causales.

Además, el artículo 371 del mismo Código Penal no fue tocado por los legisladores locales, por lo que a pesar de la declaración de inconstitucionalidad de la SCJN y aun con la reforma presentada en el Congreso de Veracruz, dicho delito persiste en el Código Penal estatal veracruzano, pese a que organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos han pedido eliminarlo por completo.

Por su parte, el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, envió una carta, ayer domingo 27 de febrero, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misiva en la que argumenta por qué debe permanecer en dicha entidad el delito de ultrajes a la autoridad.

“La denominación del delito es ‘ultrajes a la autoridad’, en ningún momento se hace referencia a ‘ultrajar’ ni ‘a quien ultraje’ en su descripción legal, delito que en otros estados al usar éste verbo, ha sido considerado como inconstitucional por la SCJN”, agregó el mandatario estatal en su carta.

“[...] en contraste, en el Estado de Veracruz, la descripción típica contenida en el Código Penal del Estado describe con precisión qué conducta se sanciona, la pena que se impone y quien comete el delito, por lo tanto, es evidente que el precepto legal no es impreciso”, expuso García Jiménez.

“Se creará un vacío legal ante hechos y conductas que en la realidad suceden, que no se podrá sancionar con otros delitos, podría suceder un incremento en las agresiones a quienes ejercen funciones de seguridad pública. Asimismo, las personas que estén en prisión por haber cometido este ilícito, quedarían en libertad”, aseguró el gobernador.

El pasado 9 de febrero, García Jiménez detalló que de las mil 33 personas privadas de la libertad por el delito de ultrajes a la autoridad en territorio veracruzano, al menos 40 son jefes de plaza de grupos delictivos y otros 525 son “lugartenientes”.