Aumenta 85% detención de migrantes con intervención de policías
En 2021, no solo las fuerzas castrenses intervinieron activamente en labores de contención migratoria. También cuerpos de policías estatales y locales, así como las diferentes fiscalías y procuradurías estatales participaron en la detención de personas que transitaban sin documentos por México.
Animal Político preguntó por transparencia pública al Instituto Nacional de Migración (INM) cuántas personas sin documentos fueron “puestas a disposición” del Instituto por corporaciones de seguridad en los últimos tres años. En su respuesta, la dependencia federal informó que, hasta el corte de septiembre de este 2021, sumaban 4 mil 076 migrantes sin documentos entregados por policías locales y estatales, y por las procuradurías.
Esta cifra refleja un aumento de hasta un 85% en comparación con 2018, el último año del gobierno de Peña Nieto y el punto de partida de la actual administración obradorista, cuando estas corporaciones de seguridad remitieron al INM a un total de 2 mil 199 migrantes.
La cifra de 2021 también es superior en un 18% a la de 2019, y un 65% superior a la de 2020, aunque hay que matizar que ese año fue el inicio de la pandemia sanitaria por COVID-19 y tanto los flujos migratorios como las detenciones cayeron de manera notable.
Sobre el papel, la Ley de Migración establece que solo los agentes del INM están facultados para realizar labores de verificación y revisión migratoria, y para hacer una detención de una persona sin documentos. Sin embargo, esa misma ley, en el artículo 96, deja una puerta abierta para que las corporaciones de seguridad puedan “colaborar” en la detención de personas indocumentadas cuando el Instituto así lo solicite. Por ejemplo, si el INM considera que la vida de sus agentes corre peligro en un operativo, y puesto que estos no están autorizados para llevar armas de fuego, puede pedir ayuda a las corporaciones de seguridad.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, la policía municipal es la corporación que más migrantes remitió en 2021 al INM: 2 mil 374 casos, el 58% del total.
La evolución de las remisiones de personas sin documentos que hacen los policías municipales en el país ha sido notoria: en 2018, detuvieron a 440 migrantes; en 2019 a 701, un 59% al alza; en 2020 a 857, un 94% al alza; mientras que en 2021 van 2 mil 374 casos, un aumento del 439%.
En segundo lugar, las diferentes fiscalías y procuradurías son las que más migrantes indocumentados ponen a disposición del INM, con 1 mil 026 casos, el 25% del total.
En 2018, 2019 y 2020, era la institución que más remisiones hacía al INM, hasta que este año fue desbancada por las policías locales.
Por su parte, las policías estatales y los reductos de la Policía Federal, hoy reconvertida en Guardia Nacional, remitieron a 614 migrantes sin documentos al INM.
Hay que precisar que el uso de las diferentes policías para detener a personas migrantes no es exclusivo ni comenzó en el actual gobierno de López Obrador.
Ya en 2017, en el marco de la decisión del entonces gobierno de Donald Trump de movilizar 100 mil militares para detener migrantes en su frontera con México, Animal Político publicó que diferentes gobiernos mexicanos llevaban al menos diez años utilizando no solo al Ejército para tareas de contención migratoria, sino también a múltiples corporaciones policiacas.
En aquel entonces, el INM informó mediante transparencia pública que entre 2006 y 2016, un total de 77 mil 310 migrantes indocumentados habían sido puestos a disposición del INM tras ser detenidos por elementos de hasta seis corporaciones de seguridad.
Reprimir y detener
Adeline Neau, investigadora en la oficina regional de Amnistía Internacional, dice en entrevista con Animal Político que estas cifras, aunado a que en 8 de cada 10 detenciones de migrantes por parte del INM también “coadyuvaron” soldados del Ejército, la Guardia Nacional, y de la Marina, muestran “una evidente militarización” del aparato de contención migratoria mexicano.
“Vemos con mucha preocupación que las autoridades mexicanas se están centrando más en reprimir y detener a las personas migrantes y solicitantes de asilo, que de proteger sus derechos”, señala la activista, que denuncia que en una reciente visita a la frontera sur en octubre de este año fue testigo de múltiples violaciones a derechos humanos.
“Por ejemplo, en la frontera de Talismán, vi con mis propios ojos cómo dos combis del INM devolvieron de manera sumaria a dos personas haitianas que acababan de agarrar en Tapachula. Nadie les informó de su derecho de solicitar asilo. Solo los subieron a la combi y de ahí directos a Guatemala, donde tampoco había ninguna autoridad para recibirlos”, expone Neau, que también denuncia “condiciones de hacinamiento y sin higiene” en las estaciones y centros provisionales de detención migratoria en la frontera sur mexicana.
“Si sumamos las violaciones a derechos en las que participa el INM a la creciente militarización en las detenciones, lo que obtenemos es que se incrementan los riesgos y empeora la vida de los migrantes y solicitantes de asilo, que son objeto de abusos y agresiones, ya que ni la Guardia Nacional, ni los soldados, ni los policías, están preparados para atender las necesidades de los migrantes y garantizar sus derechos”, apunta la activista de Amnistía Internacional.
Como parte de ese “empeoramiento” de la situación de los migrantes, la defensora de derechos humanos recuerda que las policías de los tres niveles de gobierno, así como la Guardia Nacional, han participado en agresiones a migrantes.
Por ejemplo, el pasado 28 de agosto elementos policiacos y del INM golpearon a migrantes haitianos que viajaban en caravana. Meses después, el 1 de noviembre, la Guardia Nacional mató a balazos a un migrante cubano que viajaba en una camioneta que quiso saltarse un retén. Poco antes, agentes del mismo cuerpo dispararon contra otra camioneta en la que trasladaban a personas sin documentos.
Para la activista Adeline Neau estas agresiones tienen como efecto inmediato que los migrantes transiten en condiciones de clandestinidad y que no quieran recurrir a las autoridades para denunciar esas agresiones, puesto que muchas son cometidas precisamente por las mismas autoridades que deben protegerlos.
“Si veo a la policía yo me salgo corriendo. Me comentaron que tienen permiso para dispararte”, dice Nelson, un migrante nicaragüense que se refugia en el albergue La 72 de Tenosique, en Tabasco, que se hace eco de uno de los muchos rumores que se generan entre los migrantes en tránsito a raíz de la muerte a tiros de Cristóbal Cobreiro Ramírez, el cubano abatido por la Guardia Nacional.
Además, tal y como publicó Animal Político en febrero de este año, decenas de migrantes denunciaron a visitadores de la CNDH la participación de policías municipales y estatales en casos de secuestro y de extorsión.
“Íbamos caminando cerca de un retén por San Cristóbal de las Casas y nos detuvieron unos agentes uniformados y armados. Nos subieron a una patrulla y nos llevaron a una estación de policía muy cerca del retén. Uno de los agentes llegó y nos dijo: si quieren salir libres tienen que pagar 60 mil pesos o los entregamos a Migración”, relató uno de esos migrantes en este reportaje.
Alberto Xicoténcatl, director de la casa del migrante de Saltillo, en Coahuila, recuerda que durante el sexenio del presidente Peña Nieto también se desató una ‘cacería’ de migrantes por parte del INM y de distintos corporativos de seguridad. Sin embargo, a raíz de los testimonios que recaban a diario en el albergue, considera que en la actualidad “la situación es peor”.
“Antes, al menos los migrantes podían acercarse al Ejército a pedirles ayuda. Era la única instancia con la que había un cierto nivel de respuesta y de protección. O al menos, eso sentían los migrantes que veían en el Ejército su única esperanza”, plantea el activista.
“Pero, ahora, cuando se crea una Guardia Nacional con tintes militares a la que se le pide que, junto al Ejército, apoye al INM para la contención de los flujos migratorios, esa esperanza se desvaneció. No hay ni una institución en la que los migrantes tengan la confianza de acercarse a pedir auxilio”.
“Dame dinero o te llevo con Migración”
Pedro también es un migrante nicaragüense que se encuentra en La 72 de Tenosique. En entrevista telefónica, el centroamericano narra que llegó a la frontera sur mexicana tras dejar prácticamente todos sus ahorros en sobornar a las diferentes corporaciones de policía que se ha ido encontrando en el camino.
“En todos los retenes me decían: deme dinero, o me lo llevo con migración”, asegura Pedro, que busca llegar a Estados Unidos para pedir asilo político. “Ahora mismo, yo en mi país soy un traidor porque decidí salir por la situación política”, dice.
A la entrada a Tenosique, el nicaragüense cuenta que tuvo que correr “por los potreros” para evadir a los agentes de migración que lo “corretearon” para detenerlo.
Asegura que contó con suerte: en esa ocasión, el INM no iba acompañado de los soldados de la Guardia Nacional. De haber sido así, el migrante asegura que se hubiera entregado luego de escuchar que los elementos mexicanos habían disparado contra un vehículo que llevaba migrantes y que no quiso detenerse en un retén.
“Eso es algo que nos preocupa mucho a todos los que estamos aquí (La 72 de Tenosique). Yo lo tengo muy claro: si me toca la policía, me detengo. Porque no voy a arriesgar mi vida así. Antes de que me maten, prefiero que me manden para prisión, aunque no soy un delincuente”, dice Pedro.
