Artículo 19 exige a FGR investigación con peritaje externo por espionaje con Pegasus

La organización no gubernamental Artículo 19 exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación independiente respecto al espionaje realizado contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos con el programa informático Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO, que permite a agencias de gobierno acceder a la memoria de los teléfonos celulares para captar, mensajes, llamadas, correos, geolocalización e historial.

Ayer domingo 18 de julio se publicó en 17 medios internacionales una investigación global encabezada por la organización francesa Forbidden Stories y Amnistía Internacional (AI), que reveló la existencia de una lista de 50 mil números telefónicos seleccionados, 15 mil de ellos de México, como posibles objetivos de espionaje por los clientes de NSO, empresa israelí creadora del citado software.

Ante ello, la ONG internacional instó al Gobierno encabezado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, a transparentar toda información relacionada al espionaje realizado en la Administración de Enrique Peña Nieto con el software de vigilancia, así como la colaboración absoluta con las investigaciones.

“Que el Fiscal General rediseñe en conjunto con las personas afectadas un plan de investigación serio, exhaustivo e integral, con garantías de independencia y supervisión, así como la participación de peritos externos”, urgió Artículo 19 en un comunicado firmado en conjunto con R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y SocialTIC.

La ONG recordó que hasta ahora, la FGR no ha realizado una investigación con garantías de independencia capaz de esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia. Asimismo, demandó que se impulse una agenda de reformas para establecer controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas por parte de las entidades de gobierno.

Artículo 19 detalló que dentro de los 15 mil números con código de país de México de entre los 50 mil encontrados por la investigación Pegasus Project, se incluyen los de “defensores de derechos humanos, familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] y de más de 25 periodistas”.

Entre los números de periodistas, se encontraron los de “Cecilio Pineda Brito, asesinado en marzo de 2017, apenas unas semanas después de haber sido atacado con Pegasus; Ismael Bojórquez [Perea], Andrés Villarreal y Griselda Inés Triana López [viuda del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas], así como de Carmen Aristegui Flores, de sus familiares y su equipo de trabajo”.

La organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información criticó que a cuatro años de que se inició la investigación por este caso de espionaje gubernamental, aún no hay avances significativos para su esclarecimiento, por lo que llamó a replantearla y fortalecerla.

Aunado a lo anterior, Artículo 19, en su Oficina para México y Centroamérica, aseguró que le expuesto por la investigación publicada ayer domingo 18 de julio, pone de manifiesto la necesidad de modificar el marco legal para impedir la adquisición de herramientas de vigilancia en territorio mexicano.

AI tuvo acceso a la lista de números telefónicos y la compartió con una red de periodistas a nivel internacional. La investigación contó con la participación de más de 80 periodistas de 17 medios: Proceso, Aristegui Noticias, The Washington Post, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, The Guardian, Daraj, Direkt36, Le Soir, Knack, Radio France, The Wire, The Organized Crime and Corruption Reporting Project, Haaretz y PBS Frontline.

Los números en la lista incluyen a más de mil personas que pudieron ser identificadas por la red de periodistas e incluyen al menos a 65 ejecutivos, 85 activistas, 189 periodistas y más de 600 políticos, además de 12 jefes de Estado, 500 diplomáticos, mil 200 funcionarios y 250 defensores de derechos humanos.

En la citada lista figuran números de periodistas de medios de todo el mundo, como la Agence France-Presse, The Wall Street Journal, CNN, The New York Times, Al Jazeera, France 24, Radio Free Europe, Mediapart, El País, Associated Press, Le Monde, Bloomberg, The Economist, Reuters, Proceso, Aristegui Noticias y Voice of America.

“Entre 2016 y 2017, más de 15 mil mexicanos aparecieron en la lista examinada por el consorcio de medios, entre ellos al menos 25 reporteros que trabajan para los principales medios de comunicación del País, según los registros y entrevistas”, señaló la investigación encabezada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional.

“Aunque no confirmará las identidades de ninguno de ellos, citando obligaciones de confidencialidad del cliente. El consorcio encontró muchos de los números de teléfono en al menos 10 países, que fueron sometidos a un análisis más profundo: Azerbaiyán, Bahréin, Hungría, India, Kazajstán, México, Marruecos, Ruanda, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Citizen Lab también ha encontrado evidencia de que los 10 han sido clientes de NSO, según Bill Marczak, investigador principal”, indicó el reportaje.

Según el semanario mexicano Proceso, otros periodistas incluidos en la lista son Rafael Rodríguez Castañeda, Jorge Carrasco Aráizaga, Alejandro Caballero, Arturo Rodríguez García, Jenaro Villamil Rodríguez, Marcela Turati, Álvaro Delgado Gómez, Alejandra Xanic von Betrab e Ignacio Rodríguez Reyna. Asimismo aparecen los celulares del Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y del entonces fiscal del estado, Xavier Olea Peláez.

Asimismo, el semanario Proceso señaló que en la citada lista aparecen, también, números de sindicalistas, líderes religiosos, académicos, médicos, así como familiares de políticos mexicanos, los cuales se darán a conocer en los medios integrados a Forbidden Stories en los próximos días.

Por su parte, Aristegui Noticias indicó que Melitón Ortega, tío de Mauricio Ortega Valerio, uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014; Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio; y, Felipe de la Cruz Sandoval, padre de uno de los sobrevivientes, y vocero de los padres hasta finales de enero de 2021, cuando se registró por una diputación plurinominal por el partido Morena.

El 19 de junio de 2017, el diario The New York Times, Artículo 19, R3D, Social Tic y Citizen Lab revelaron que el gobierno encabezado por Peña Nieto había adquirido un software para investigar a criminales y terroristas, pero que se habría usado para espiar a periodistas y a activistas anticorrupción, quienes realizaron la denuncia correspondiente, ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y organismos internacionales.

Según información del contrato, Pegasus funciona a través de un software malicioso que envía un mensaje o un enlace a correos electrónicos y teléfonos celulares, que al abrirlo da acceso a la información del equipo de la persona infectada.

De esta manera, quien opera el programa puede acceder a mensajes de texto, fotografías, contactos, correos electrónicos, historial de llamadas telefónicas, historial de navegación en internet y redes sociales, ubicación, capturas de pantalla y grabaciones de la persona que está siendo espiada.

NSO Group, que también se conoce con el nombre de Q Cyber Technologies, es una compañía con sede en Israel que desarrolla y vende tecnología de software espía. Es propiedad mayoritaria de Novalpina Capital, una firma europea de capital privado.