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Libertad de expresión

Article 19 lanza alerta por ataques al sitio web de Noroeste

La organización internacional defensora de los derechos humanos y libertad de expresión llama a la Feadle a investigar y esclarecer los hechos

MÉXICO._ Este domingo la página web de Noroeste, diario de Sinaloa, fue blanco de graves ataques por denegación de servicio distribuidos (DDoS), informa la organización internacional ARTICLE 19.Durante el primer ataque, registrado alrededor de las 12:00 horas, la página recibió casi 48 millones de peticiones de acceso casi de manera simultánea.

Adrián López Ortiz, director general del medio, dijo que provinieron de India, Brasil, China, Turquía, Estados Unidos, Indonesia, Ecuador, Chile, Rusia y Argentina, todas en un lapso de una hora.

Sin embargo, el segundo ataque sobrepasó dicha cantidad, registrándose casi 94 millones de solicitudes de acceso.

“Es uno de los más grandes que hemos recibido”, refirió López.

Respecto a las circunstancias de este tipo de agresiones, el director del medio mencionó que son parecidas “a anteriores ataques de los que Noroeste.com ha sido objeto los últimos meses”.

”Son millones de peticiones de acceso al portal al mismo tiempo, lo que inhibe la funcionalidad del sitio, ya sea con lentitud para acceder o incluso sin dar ya acceso a los lectores”.

Los ataques DDoS tienen como objetivo inhabilitar un servidor, un servicio o una infraestructura. Existen diversas formas: por saturación del ancho de banda del servidor para dejarlo inaccesible, o por agotamiento de los recursos del sistema, impidiendo así que esta responda al tráfico legítimo. Durante un ataque DDoS, se envían simultáneamente múltiples solicitudes desde distintos puntos de la red. La intensidad compromete la estabilidad, y, en ocasiones, la disponibilidad de la página.

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Noroeste fue blanco de estos tipos de ataques por lo menos durante los últimos cuatro meses del 2020. El 8 de septiembre fue víctima de DDoS junto con otros medios de Sinaloa.

Si bien los ataques cibernéticos continuaron en octubre, noviembre y diciembre de ese año, los ataques de este domingo rebasaron por mucho la intensidad de los anteriores.

Tal como documentó el medio, los primeros ataques registraron entre 70 mil y 80 mil solicitudes de “usuarios” que al mismo tiempo solicitaron acceso al sitio.

En agresiones posteriores, las peticiones se incrementaron a unas 900 mil, llegando hasta 136 millones en menos de una hora, el 1 de noviembre pasado.

En el ataque de diciembre pasado, se registraron 2.34 millones, a través de solicitudes de acceso desde países como Tailandia, Indonesia, Rusia, Estados Unidos, Brasil, China, Singapur, Japón, Bangladesh e India.

Este domingo 14 de marzo, el medio registró hasta el cierre de esta publicación, un total de 148 millones de solicitudes, bloqueadas por el propio medio, pero que han derivado en la afectación al funcionamiento del sitio y en la restricción de acceso.

El medio refirió que “usualmente se dan este tipo de ataques cuando se publican textos críticos a grupos políticos en el estado”.

Además, estos ataques coinciden con una campaña de desprestigio en contra de Noroeste. Desde el 11 de marzo aparecieron carteles en diversos sitios públicos de Culiacán con el mensaje “NOROESTE. PRENSA VENDIDA (sic)”.

Los ataques informáticos contra medios de comunicación representan una agresión a la labor periodística y al derecho de acceso a la información tanto de todas las personas seguidoras o suscriptoras, así como de toda aquella persona que busca información a través de dichos medios.

Al respecto, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión refiere que las agresiones informáticas pueden estar dirigidas a personas en particular o a medios de comunicación y [son] enormemente disruptivos para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, razón por la cual el Estado está obligado a investigar estos ataques y repararlos adecuadamente.

Por tanto, ARTICLE 19 hace un llamado a la Fiscalía Especial para Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue los hechos mencionados, a fin de identificar a las personas responsables, apegándose al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, el cual establece que las investigaciones contra la prensa deben tener como línea base la labor informativa del medio.