A cuatro décadas del primer caso de VIH en México, organización señala estigmas
A 41 años del primer caso registrado de VIH en México, la barrera a derribar es el estigma, así lo afirma la organización Inspira Cambio.
De acuerdo con dicho organismo, un 38% de las personas proveedoras de salud sigue creyendo que el delito “peligro de contagio” sirve para detener la epidemia del VIH.
El delito, que actualmente permanece en 28 códigos penales del país, criminaliza a las personas que viven con el virus y castiga la sola posibilidad de que exista un contagio aun si éste no se concreta.
VIH en México: obstáculos y pendientes
Mientras los congresos estatales avanzan lento en su derogación –la última en Ciudad de México en enero de este año–, México mantiene un promedio de entre 17 y 23 mil nuevos contagios anuales desde 2019.
De esa manera, se estima que en México 370 mil personas viven con VIH, entre las cuales 7 de cada 10 tienen un diagnóstico, pero solo el 60% está en tratamiento y ha llegado a la supresión viral.
Cuando una persona que vive con VIH accede a medicamentos antirretrovirales, su carga viral puede disminuir tanto que el virus se vuelve indetectable e intransmisible.
Sin embargo, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, en México el 35.4% de las personas aseguraron que no estarían dispuestas a rentar su casa a una persona que vive con VIH, mientras que 47.7% no estarían de acuerdo en que sus hijos se casaran con alguien que vive con el virus y 14.3 millones de personas no las contratarían como empleadas.
A juicio de Inspira Cambio, persiste una falta de acceso a información científica, que se ha profundizado a causa de una deuda del sistema de salud para desarrollar campañas y políticas públicas de sensibilización respecto al tema. Ese fue el principio que motivó su campaña “Mi persona proveedora de salud y yo”, en colaboración con la International AIDS Society, que arrancó este jueves 29 de febrero y reconoce las mejores prácticas en la atención a personas que viven con VIH en el sector público y privado.
De acuerdo con Censida, las entidades de Ciudad de México, Estado de México y Veracruz conservan el mayor acceso a tratamiento antirretroviral, mientras que Aguascalientes, Durango y Zacatecas permanecen en los últimos lugares. En tanto, la mayor incidencia del VIH se mantiene en Quintana Roo, Colima, Yucatán y Campeche.
Abasto de antirretrovirales: deuda con la población
En la víspera del Día de la Cero Discriminación, Inspira Cambio apunta también el pendiente de que todas las personas que viven con VIH conozcan su diagnóstico y accedan a tratamientos antirretrovirales, particularmente en las zonas más alejadas y con más dificultad de acceso del país.
“Desde nuestra experiencia, siempre ha habido esfuerzos, lo que pasa es no son desde arriba, no todos los médicos del Issste e IMSS son lo mismo, hay algunos muy comprometidos que hacen un gran esfuerzo, incluso las enfermeras; esfuerzo hay y es importante reconocerlo. Ahora, a nivel de toma de decisiones, los jefes de los programas de VIH son muy amables, pero todo se detiene en los permisos que tienen que pedir para que algo pase”, asegura Juan Pablo Caisero de la organización.
Según han constatado los activistas, todo se detiene por la máquina burocrática que no está funcionando. Durante la pandemia por Covid-19, además, hubo un seguimiento más puntual de casos de desabasto; sin embargo, en los últimos años ese ejercicio no ha continuado.
Durante este sexenio, los activistas se han encontrado con que las personas que toman decisiones no conocen los procesos, señala Aaron Rojas, director de Inspira Cambio.
“No conocen la relevancia de que el medicamento esté en la farmacia cuando el paciente va a ir recogerlo. El medicamento puede estar en las bodegas, y puede haber suficiente para todas las personas que viven con VIH; el tema es que cuando las personas van a solicitarlo con su receta, no está disponible. Es todo un proceso que no está articulado”, acusa.
Incluso, puntualizan los activistas, persiste un subregistro importante en cuanto al abasto de medicamentos, más cuando se trata de comunidades o entidades que no tienen las mismas facilidades de acceso que la Ciudad de México. Por otro lado, cuando las instituciones reconocen desabasto es porque estrictamente no se cuentan con el medicamento, mientras que las circunstancias sociales que limitan su acceso, como no tenerlo a tiempo o enfrentar problemáticas de traslado.
Animal Político documentó que durante 2021 y 2022, en nueve entidades del país ninguna persona recibió tratamiento para prevenir la transmisión de VIH (PrEP), mientras que en 15 estados menos de 50 personas tuvieron acceso a este; en otras cinco, únicamente de 50 a 100. La cifra más alta es de CDMX, donde más de 5 mil 500 personas fueron usuarias de PrEP en esos dos años.
