México no financiaría a ONG’S que quisieran ‘derrotar’ a Biden: Ebrard

MÉXICO._ Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consideró que el otorgamiento de financiamiento de Estados Unidos a organizaciones de la sociedad civil, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, equivale a que México hiciera lo mismo con agrupaciones de Estados Unidos, interesadas en “derrotar” al Gobierno del Presidente Joe Biden.

“Hay organizaciones que representan diversas causas, pero si México financiara en Estados Unidos a una organización no gubernamental, cuyo propósito fuese derrotar al Gobierno del Presidente Biden, influir con los diputados para que estén en contra del Presidente Biden, ¿qué creen que nos diría el Gobierno de Estados Unidos?”, cuestionó el Canciller mexicano.

“Nos aplicaría una carta que está diseñada y fue aprobada en su tiempo, en su momento, para regular la influencia de gobiernos extranjeros en la política interior”, abundó el funcionario federal mexicano, quien puntualizó que la nota diplomática enviada a Estados Unidos señala que la entrega de recursos a MCCI es violatoria de la propia legislación estadounidense.

“Nosotros ya presentamos una nota diplomática en específico sobre esta organización y seguramente vamos a ver una respuesta sobre esta organización en específico. Se estableció que está desarrollando actividades que la propia legislación en Estados Unidos, respecto al financiamiento hacia el exterior de organizaciones, no permite”, señaló Ebrad Casaubón.

“Aquí lo que se está planteando es, de acuerdo a tu propia legislación, esa organización que recibe dinero de ustedes está violando los límites que su propia ley señala, eso es lo que está planteado y es lo que vamos a seguir haciendo”, insistió.

Por otro lado, descartó que el posicionamiento de la Casa Blanca, respecto a continuar con el financiamiento de acciones para el combate a la corrupción, sea una respuesta directa a la petición del Gobierno de México de frenar la entrega de recursos a MCCI.

Según el funcionario federal, este solo se trató de un posicionamiento de Estados Unidos en materia de política exterior y de la decisión de combatir ese fenómeno, lo que también es una prioridad para el Gobierno de México.

“No vemos que el Gobierno de Estados Unidos toma sus decisiones de decir: ‘nosotros vamos a promover con las organizaciones esta causa’, pues están en su derecho. Nosotros eso no lo vamos a cuestionar, no lo vemos como una respuesta a la nota diplomática, es una definición de política exterior de Estados Unidos que no es antagónica a lo que es la posición mexicana, hoy en día, en contra de la corrupción”, indicó.

Asimismo, el titular de la SRE sostuvo que el tema no fue abordado en días pasados durante su reunión con el Secretario de Estado, Antony Blinken, ni formará parte del encuentro entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.

Estados Unidos seguirá financiando a organizaciones de la sociedad civil y a periodistas de investigación, de alrededor del mundo, como parte de su política para denunciar y combatir la corrupción internacional.

El Presidente Joe Biden instruyó a su equipo a mantener el financiamiento, e incluso aumentar los recursos, además de que Estados Unidos liderará y apoyará esfuerzos para promover el buen gobierno a nivel mundial.

Así como la transparencia en sistemas financieros de Estados Unidos y a nivel global, además de prevenir y combatir la corrupción al interior y en el extranjero, además de dificultar que los corruptos protejan sus actividades.

Además, apoyará y fortalecerá las capacidades de la sociedad civil, los medios de comunicación y otros actores, para investigar y analizar tendencias de corrupción, abogar por medidas preventivas, investigar y revelar corrupción y llevar a cuentas a los líderes.

En el Memorándum Estudio de Seguridad Nacional, Biden afirmó que la corrupción “amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, la equidad económica, los esfuerzos contra la pobreza global y en pro del desarrollo, y la democracia, en sí misma”.

Por lo tanto, combatirla se convierte en un “interés de seguridad Nacional de Estados Unidos”, señala, destacando la importancia de trabajar con socios internacionales para “contrarrestar la corrupción estratégica de líderes extranjeros, empresas estatales o afiliadas, organizaciones del crimen trasnacional”.

El 6 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una nota diplomática a Estados Unidos en la que pide explicar el financiamiento a algunas Organizaciones de la Sociedad Civil, las cuales son consideradas por el Mandatario como grupos opositores a su gobierno.

Apenas ayer, López Obrador acusó a la Embajada estadounidense de repartir “maíz con gorgojo” por el financiamiento que otorgan a algunas organizaciones en México.

Cuando el Presidente López Obrador presentó la nota diplomática mostró unas facturas y dijo que la organización MCCI ha recibido 50 millones de pesos del Gobierno estadounidense, desde 2018.

El político tabasqueño detalló que la Embajada de Estados Unidos en México, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, también conocida por sus siglas en inglés, USAID, financió a esta organización a través del mecanismo de “donativo”.

Este hecho fue calificado por el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano, como “un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía”, motivo por el cual presentó la nota diplomática.

“Un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país, la Constitución política lo establece, no se puede recibir dinero para propósitos políticos, es traición a la patria”, afirmó López Obrador.

Sus declaraciones se producen después del informe del jueves del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ordenó situar la lucha contra la corrupción como uno de los elementos “principales” de su política, al asegurar que “ataca los cimientos de la democracia”.

El Gobierno de Biden ha asegurado que pondrá condiciones a los 4 mil millones de dólares que quiere entregar durante los próximos cuatro años a Guatemala, Honduras y El Salvador para aliviar la migración irregular.

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Washington pretende que la mayor parte de la ayuda vaya a las organizaciones civiles locales, internacionales y religiosas que trabajan sobre el terreno con los habitantes de esos países para evitar la corrupción institucional.