Suspenden proceso para elegir a titular de Órgano Interno de Control en Mazatlán

El Tribunal de Justicia Administrativa emitió la suspensión del procedimiento para designar al titular del Órgano Interno de Control en Mazatlán como resultado de una serie de irregularidades detectadas, desde la publicación de la convocatoria.

Así lo aseguró el abogado Guillermo Quintana Pucheta, quien desde su registro como aspirante señaló las inconsistencias que hoy mantienen en suspensión legal el proceso.

Y la convocatoria para la selección del responsable de este órgano ha sido cuestionada desde su origen.

La convocatoria fue emitida el pasado 26 de febrero de 2025 por la Síndica Procuradora Minerva Osuna Zavala.

Quintana Pucheta solicitó su inscripción al proceso el 28 de febrero, pero junto con su inscripción presentó también un escrito detallando las irregularidades observadas.

“Desde el primer momento advertimos que la convocatoria carecía de elementos indispensables para garantizar un proceso legal y transparente. No establecía criterios claros de calificación, omitía las comparecencias públicas para evaluar a los aspirantes y no contemplaba mecanismos de defensa para impugnar decisiones discrecionales”, explica.

Sin embargo, tras presentar sus observaciones formales, la autoridad municipal no respondió durante 20 días.

Un proceso legal y respetuoso del derecho

El abogado enfatiza que su participación en el proceso ha sido siempre dentro del cauce institucional.

“Acudí a inscribirme en tiempo y forma, señalé las inconsistencias respetuosamente y después comparecí ante la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Cabildo para exponer la situación. Es decir, agoté todos los medios dentro del propio Ayuntamiento para que se corrigieran las fallas”, afirma.

Al no obtener respuesta, decidió interponer un juicio de nulidad en materia administrativa, solicitando la suspensión del procedimiento hasta que se garantizara su legalidad.

El Tribunal concedió la suspensión, obligando a detener el proceso de designación.

Una respuesta tardía que confirma el abuso

Fue hasta el pasado 19 de marzo que la Síndica Procuradora respondió oficialmente, mediante el oficio número 061/2025. En dicho documento, la autoridad municipal sostiene que actuó “en uso de sus facultades discrecionales” y así sin mayor explicación se negó a corregir la convocatoria.

Para Quintana Pucheta, esta respuesta no solo llegó tarde, sino que constituye una confesión clara con una relevancia fundamental para el juicio en proceso.

“El oficio confirma lo que denunciamos desde un principio: que la convocatoria fue emitida bajo criterios subjetivos, dejando abierta la puerta a la discrecionalidad total, sin respetar la normatividad vigente. La propia autoridad admite que así fue, lo cual representa un uso indebido de la función pública”, ya que lo que buscaba la Síndica con esa convocatoria es poner a alguien que no cumpla con todos los requisitos, que no comparezca ante el Cabildo, no presentar la información de todo el proceso ante la sociedad y no darles un medio de defensa a los que estamos inconformes, sentencia.

Vínculos que agravan la situación

A este panorama se suma otro dato: de los 20 aspirantes registrados, 16 son empleados municipales, algunos con estrechos vínculos con la administración actual y aunado a esto conectados con despachos externos que dictaminan y auditan al propio Ayuntamiento, señala Quintana Pucheta.

“Esto está expresamente prohibido por la Ley de Gobierno Municipal. No pueden participar personas que tengan nexos con despachos que prestan servicios al municipio, por el evidente conflicto de interés. Sin embargo, en la convocatoria no se establece filtro alguno para evitarlo”, advierte.

“Lo que busco con esta lucha legal no es un interés personal ni político; es asegurar que quien resulte electo como titular del Órgano Interno de Control cumpla cabalmente con el perfil técnico y los requisitos legales establecidos. Como abogado y conocedor de la legislación municipal, considero una obligación profesional hacer uso de todos los mecanismos legales disponibles para garantizar que el proceso respete los principios de transparencia, legalidad y equidad contemplados tanto en el Reglamento de Gobierno del Ayuntamiento de Mazatlán como en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Esta no es una disputa por un cargo, sino por la correcta aplicación de la norma. Además, aún queda pendiente que se dilucide jurisdiccionalmente el posible ámbito de violación a derechos humanos, dado que el procedimiento tal como fue planteado atenta contra el derecho a la igualdad, a la seguridad jurídica y al acceso efectivo a procesos públicos y transparentes.”