Familias de Sinaloa desplazadas por la violencia regresan a sus hogares, en la sierra; buscan reconstruir sus vidas
Han pasado cinco años desde que un violento conflicto los desplazó de sus comunidades en la sierra, y aún luchan por reconstruir sus vidas.
En comunidades altas de Concordia, al sur de Sinaloa, ha retornado un alto porcentaje de los pobladores que habían huido hacia Mazatlán en medio de las disputas por el territorio entre grupos armados ilegales.
Han regresado bajo su cuenta y riesgo orillados por la necesidad, la pandemia y la falta de empleo, a pesar de que el problema de la inseguridad no se ha resuelto.
Ahora claman por apoyo a las autoridades para reconstruir sus vidas y sus pueblos, luego que la violencia, los desastres naturales y el abandono han dejado estragos que saltan a la vista.
Un ejemplo es la comunidad La Petaca, donde todavía se pueden observar algunas viviendas destruidas, con puertas y ventanas arrancadas, otras con restos de haber sido vandalizadas, caminos deteriorados y derrumbes que ponen en riesgo a la población.
Pero también se observan casas reconstruidas, que tuvieron que ser rehabilitadas luego que en años anteriores fueron saqueadas por grupos de la delincuencia.
“Desde el primer año comenzaron a regresar los primeros, porque sufrimos discriminación en la ciudad, donde tan solo por ser desplazados nos querían pagar menos que a los demás... Imagínese a una señora que toda su vida en la sierra le ofrecían un trabajo de camarista en un hotel, no sabía ni qué era camarista, la mayoría aquí son gente de campo”, relató Roque Vargas Aragón, representante de la comunidad en las gestiones que ahora realizan ante el Gobierno del Estado.
Fue en la pandemia cuando por la recesión económica y por el miedo a contagiarse de Covid-19, se regresó la mayoría de los que ahora se encuentran allá arriba bregando por salir adelante.
Lo que más les importa en estos momentos, señala el entrevistado, quien también fue desplazado y ahora se encuentra de nuevo en su hogar, es encontrar fuentes alternativas de trabajo para que la gente no tenga qué abandonar de nuevo sus pueblos y tampoco se vean obligados a dedicarse a actividades ilícitas.
“Necesitamos quitarnos el estigma de que somos productores de sustancias ilegales; somos campesinos; las drogas se cultivan, como se cultivan las flores, el nopal, el café; no queremos estirar la mano, queremos que nos ayuden a realizar proyectos productivos”, expuso don Roque, como todos le conocen en la región.
De hecho, ya han llevado propuestas a la Secretaría de Economía para poder cambiar la vocación económica de los pobladores serranos, en especial que no sean actividades peligrosas como las del crimen organizado o las que se realizan en las minas, actualmente una de las pocas opciones para los lugareños.
En busca de alternativas
Las bondades del microclima que se respira y siente en la sierra hacen de éste un territorio apto para el cultivo de flores muy cotizadas en el mercado.
Ha sido precisamente uno de los planteamientos para impulsar la producción de alcatraces y de nochebuenas, que daría ingresos a por lo menos 120 familias de la zona alta, de comunidades como El Cuatantal, Chirimollos, La Petaca, Potrerillos y El Palmito, que se encuentran muy cercanas a los 2 mil metros sobre el nivel del mar.
Antes de la ola de violencia, en la que muchos perdieron la vida o la de sus familiares, la explotación forestal era una de las principales actividades económicas, de la que aún sobrevive el viejo aserradero en La Petaca.
Ahora la idea es aprovechar los residuos, para realizar subproductos como palillos, palos de paletas, entre otros, que ayuden a emplear a mujeres de la región que se han quedado al frente de sus familias tras el asesinato o la huida de muchos de los varones.
A largo plazo, otro proyecto que había quedado en el olvido es el de la producción de café, que tarda al menos cuatro años para empezar a producir, por lo que se propone combinar el cultivo con el del nopal, que actualmente es un producto muy apreciado por sus propiedades saludables.
En general, de acuerdo con Vargas Aragón, se estima que los proyectos puedan beneficiar al menos a 700 familias que habitan en toda esa región de los altos de Concordia; por lo pronto, se encuentran en etapa de diagnóstico y estudios de factibilidad.
Más que una dádiva, asegura Don Roque, los habitantes de la sierra quieren ayuda para emprender, financiamiento y apoyo para desarrollar la comercialización.
Exponen a Sebides necesidades urgentes
En su largo peregrinar, los desplazados (ahora retornados) han visto pasar a uno y otra titular de la Secretaría de Desarrollo Social, que en el actual gobierno cambió de nombre a Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides). Ha sido el ir y venir de promesas y compromisos.
En días pasados, le tocó su turno a la nueva titular de la Sebides, María Inés Pérez Corral, quien visitó las comunidades La Petaca y Chirimollos.
Allí, pudo constatar algunas de las necesidades más urgentes, entre ellas la reparación de caminos y los trabajos para evitar un derrumbe en la explanada junto a la iglesia, ya que desde las lluvias del año pasado se desgajó parte del acantilado poniendo en riesgo la cancha semidestruida que ahí se ubica, pero también el templo y casas de alrededor.
Durante un recorrido, al que asistieron las Subsecretarias Stephany Rea Reátiga y Nicté Loi Ceceña Romero, la Secretaria Pérez Corral tocó base en el Telebachillerato de La Petaca, actualmente con una matrícula de 52 estudiantes, donde el director, Francisco Pérez García, solicitó la construcción de nuevos baños y dos aulas para atender la demanda de los siguientes ciclos escolares.
“Prácticamente, venimos a presentarnos, a decir este es nuestro número, que se pongan de acuerdo en reunión, y a partir de esa reunión todo lo que salga que nos lo vayan vertiendo para poder darles solución”, ofreció la funcionaria.
Según los últimos reportes de los pobladores, han comenzado a llegar algunos apoyos, como los materiales para la construcción de baños en el bachillerato y el aplanamiento de caminos de terracería. No obstante, son muchas las necesidades luego de los impactos de la violencia y el abandono de las autoridades.
Recursos: también para el retorno
En cumplimiento a la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa el 9 de julio de 2020, este año se destinaron 60 millones de pesos al fondo especial para personas desplazadas, el cual incluye recursos para facilitar el retorno de las comunidades desplazadas por la violencia, de acuerdo con el artículo 5 de la referida legislación.
La Secretaria de Bienestar, María Inés Pérez Corral, afirmó que otras comunidades en el estado han solicitado ayuda para el retorno.
Es el caso de algunos pueblos de Badiraguato y de la sindicatura Tepuche, en la zona rural de Culiacán. Sin embargo, aclaró, en otras zonas no hay condiciones para regresar.
“No, algunos de plano se tienen que quedar donde ya están ahorita, y hay algunos que sí tienen condiciones para regresar, incluso algunos de Badiraguato también nos mencionaron y en Culiacán...”.
De esta forma, en el sur de Sinaloa, se han producido dos dinámicas en el desplazamiento: una hacia la reubicación en Mazatlán, donde más de 500 familias solicitan vivienda para reiniciar su vida en un lugar distinto a donde fueron víctimas de la violencia; y la otra es la del retorno, donde las comunidades buscan recuperar sus actividades cotidianas en su lugar de origen.
Aunque no hay cifras oficiales, en Chirimollos y La Petaca se puede observar que son pocas las viviendas que aún quedan deshabitadas.
Roque Vargas Aragón, quien fue representante de un grupo de desplazados en Villa Unión y parte de la zona rural de Mazatlán, asegura que al menos el 80 por ciento de la población ha regresado a estas localidades, por lo que urge al Gobierno del Estado a otorgarles su apoyo.
Una vez más: claman por seguridad en los altos
Grupos armados continúan presentes en la sierra. A pesar de ello, la necesidad hizo que muchas familias tomaran el riesgo de regresar a sus pueblos. Así le pasó a María N., a quien llamaremos de esta forma para cuidar su anonimato.
“Sí, así fue, de un día para otro nos dijeron: tienen que salirse”, recuerda con estas palabras aquel julio de 2017. Con su esposo y tres hijos de 10, cuatro y un año de edad, huyeron de Chirimollos a Mazatlán porque alertaron que iba a haber enfrentamientos. Pero su vida en la ciudad no fue nada agradable.
“Tuvimos que vivir tres familias en una casita de Infonavit, no soportábamos el calor y a mi esposo no le daban trabajo; también nos discriminaban; hay gente que te trata bien, pero había otros que decían: seguro los desplazaron porque andan mal [en la delincuencia]”, resumió así su experiencia.
No alcanzaba el dinero para llevar a los niños a la escuela. Así que al año decidieron regresar sin importar los peligros. Desde entonces no han recuperado la tranquilidad del todo, lo único que ha cambiado es que no hay disputas. Es un tema del que todos tienen temor de hablar.
Para Roque Vargas, quien se ha encargado de liderar las gestiones de apoyo para esta región, la seguridad sigue siendo una asignatura pendiente, puesto que solo han enviado retenes de la Policía Estatal que no han servido para inhibir a la delincuencia.
“Sigue existiendo la violencia, pero es preferible regresarnos bajo nuestro riesgo, aunque sabemos que es obligación del Gobierno brindarnos seguridad, queremos que nos manden policías honestos que asusten a la delincuencia y no a nosotros”, señaló.
En su opinión, los retenes no son la forma adecuada para combatir a la criminalidad, puesto que se alertan fácilmente de su presencia. Por ello, insistió en que la mejor manera de apoyar a la sierra es con actividades productivas dentro de la legalidad.
CONTEXTO
En general, en Sinaloa aún no se cuenta con un padrón completo de personas desplazadas. De acuerdo con registros oficiales y periodísticos, comunidades de 13 de los 18 municipios han sufrido total o parcialmente el éxodo forzado a causa de la violencia de grupos armados ilegales de 2007 a la fecha.
En 2019, la entonces Secretaría de Desarrollo Social contabilizó 1,950 personas desplazadas, por las peticiones de ayuda de emergencia.
Pero organizaciones independientes como la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS), estiman que desde que comenzó la “guerra contra el narcotráfico”, en 2007, se han acumulado cerca de 40 mil víctimas de esta tragedia humanitaria en el estado, aunque no mencionan datos del número de personas retornadas.
